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ECONOMIA MACRISTA

22-O: el Gobierno no pasa el test económico para los trabajadores

Cuando si gana la economía, solo ganan unos pocos. Brotes verdes que no van a trabajadores. El optimismo de los empresarios y del gobierno de pasar el ajuste post elecciones.

Lucía Ortega

@OrtegaLu_

Martes 17 de octubre de 2017 | Edición del día

La semana pasada un puñado de empresarios, funcionarios del gobierno nacional y sindicalistas se reunieron en el mitín de Idea para debatir sobre la "transformación" de la Argentina. La euforia del capital monopolista y el oficialismo está vinculado directamente con las especulaciones de que el gobierno repita o mejore el resultado de las PASO y así avanzar a pasos decididos hacia el ajuste sobre el pueblo trabajador.

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Estos confían en que la marcha de la economía sea una "suave brisa" a favor del gobierno de Cambiemos en los comicios. Sin embargo, se trata de un cínico cálculo, sobre la base de arrastrar un estrepitoso deterioro de los índices de empleo, salario real, pobreza y una escalada de endeudamiento público -fundamentalmente en el exterior- con el cual lograron en los últimos meses matizar tal deterioro a fuerza de obra pública, empleos precarios y especulación financiera.

Una verdad de perogrullo pero vale aquí la rigurosidad: a pesar del retuntún de algunos números seleccionados aisladamente en los medios y con precisión aritmética para mostrar supuestos "brotes verdes", los datos económicos de los primeros 20 meses de gestión dan como resultado un gobierno que no pasó el test para los trabajadores.

- La inflación ya superó la "meta" del Banco Central

El aumento de precios mensual fue según Indec de 1,9 % en septiembre. Así, acumula ya un 18 % en el año (respecto de diciembre) y ya superó la meta del Banco Central. De esta forma, en tres de los cinco rubros de mayor aumento se observa el impacto que tuvo la decisión del gobierno de autorizar subas, como es el caso de la salud (2,4%) y educación privadas (3,7%), así como las tarifas.

Considerando las subas sectoriales desde diciembre, los mayores incrementos de precios se registran en educación (30 %), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (29,3 %), comunicación (24 %) y salud (21,9 %), confirmando el peso que tienen las decisiones gubernamentales en la suba de precios en lo que va de 2017. Mientras, el Banco Central sube las tasas de interés a niveles astronómicos y emite Letras del Banco Central (LEBAC) para absorber pesos con el objetivo declarado de frenar la inflación, desde otras áreas del gobierno como Energía se deciden aumentos de tarifas o se autoriza a empresas a incrementar sus precios.

El gobierno decidió en las últimas semanas liberar precios de los combustibles y aumentar precios cuidados, lo que preanuncia más aumentos en octubre, y hay pautados tarifazos en noviembre.

- La economía creció en julio 4,9 %, pero en el año persiste el débil crecimiento

El gobierno resalta el crecimiento interanual de julio de 4,9%. Sin embargo, la actividad acumula una expansión desde enero de apenas 2,1 % en comparación con 2016, lo que la ubica en niveles similares a los que tenía dos años atrás, además de compararse con un año recesivo como fue el año pasado.

- El salario real (poder adquisitivo) sigue por debajo de cuando asumió Macri

Según el último dato disponible (junio de 2017) el salario real promedio (es decir el poder de compra del salario promedio) del conjunto de los trabajadores registrados (privados y públicos) es 5,9 % inferior al vigente en diciembre de 2015. El gobierno dice que crece, pero esto sólo es así comparando el último dato con lo que ocurría un año antes (junio de 2016) el peor mes para el salario real desde la asunción de Cambiemos: frente a esa caída, el salario recupera 4,5 %.

Lo que es más, en el acumulado enero-junio 2017, el salario real se encuentra prácticamente estancado (+0,4 %).

Por supuesto, en estos meses (julio, agosto, septiembre) están entrando las cuotas de aumentos de paritarias y esta recuperando poder de compra el salario, frente a los bajos niveles que tenía en esos meses del año 2016. Pero puede volver a cambiar la dinámica.

Para poner en plata lo que llevan perdido los salarios, desde diciembre de 2015 hasta junio de 2017 los trabajadores del sector privado registrado acumulan una pérdida del poder adquisitivo equivalente en términos monetarios a $ 18.989. Para el caso de una categoría testigo de los trabajadores del sector público registrado la pérdida acumulada del poder adquisitivo es de $ 21.949,2. Por último, la pérdida del poder adquisitivo en términos monetarios para los jubilados que cobran la mínima fue de $ 7.751,4.

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- Pobreza: cayó respecto de junio de 2016, pero está más alta que cuando asumió Macri

La pobreza creció con Macri. Según el Indec existe una caída de la tasa de pobreza, pero esto sólo es así porque compara la cifra del primer semestre del año (28,6 %) con la de un año atrás (32,2 % para el segundo trimestre de 2016). El pequeño detalle es que por el "apagón estadístico" del organismo, como sucede con otros indicadores, no hay datos de pobreza oficiales del primer trimestre de 2016. La serie no tiene continuidad con lo que medía el INDEC en 2015.

Pero según el relevamiento de la Universidad Católica Argentina, la tasa de pobreza subió de 29 % -a fines de 2015- a 32,9 % en el tercer trimestre de 2016. Esto significa un aumento de 1,5 millones de nuevos pobres (cerca de 13 millones de personas por debajo de la línea de pobreza). Según el último dato de Indec, habría 1,5 millón menos de pobres que lo medido un año atrás, con lo cual parecería que la pobreza está igual que cuando asumió Macri. Pero varios estudios coinciden en señalar inconsistencias metodológicas que llevan al INDEC a exagerar la reducción de la pobreza. Ajustándolas, habría varios cientos de miles de pobres más que antes de Macri.

El aumento de la pobreza no es sólo patrimonio del gobierno actual, también creció en los últimos años de gobierno de Cristina, durante los cuales además se la ocultaba: el último dato publicado por el Indec (con elorganismo ya intervenido) fue el correspondiente al primer semestre de 2013, y arrojó una pobreza de 4,7 %. De ahí la frase de Aníbal Fernández que en Argentina había menos pobres que en Alemania.

- Destrucción de empleo privado y precarización

Las medidas del gobierno de Cambiemos provocaron en sus primeros meses una suba en la cantidad de desocupados de al menos 165.000, según lo que se desprende de proyectar los datos de la UCA a la población total. Esta suba no se revirtió del todo con el cambio de tendencia a perder empleos que se viene observando en los últimos meses.

Al día de hoy hay 15 mil empleos asalariados privados menos desde que asumió Macri, correspondientes a datos del Ministerio de Trabajo.

La destrucción de empleo asalariado privado no recupera los valores de 2015, ya que si bien hay un proceso de “recuperación” desde junio del año pasado, aunque en forma muy desigual por rama de actividad, no logra alcanzar los valores de 2015.

La industria presenta una contracción del empleo registrado de casi el 5 %, lo que equivale a una pérdida neta de casi 60 mil trabajadores registrados.

La caída en el empleo formal es “reemplazada” por el crecimiento de monotributistas. El monotributo y el monotributo social explican las tres cuartas partes del crecimiento del empleo registrado entre noviembre de 2015 y julio de 2017, lo que evidencia una clara tendencia a la precarización de las relaciones laborales.

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A esto debe sumarse el hecho de que el 33,7 % de los asalariados no está registrado (es informal o "en negro"), dato que se elevó en el segundo trimestre de 2017 respecto al primer trimestre. Así también, la precarización alcanzaría a uno de cada dos ocupados.

- Deuda pública, deuda externa y más maquillaje estadístico

Desde que asumió Macri hay un festival de endeudamiento. Si lo medimos por la deuda pública que está regularizada, subió en 80 mil millones de dólares: de 222 mil millones de dólares en diciembre de 2015 a 302 mil millones de dólares en agosto de este año (un aumento de 35% en un año y 8 meses).

Aparte de crecer el endeudamiento estatal, se produce el agravante de que crece también su componente de deuda pública externa, es decir la emitida en dólares y con residentes extranjeros. Tomando la deuda del estado nacional, provinciales, municipales y del Banco Central, se pasó de una deuda pública externa de 83,8 mil millones de dólares a una de 141,6 mil millones de dólares (un aumento de 70 %).

Para disimular este aumento, el Indec computa una parte del mismo, la correspondiente a la emisión de títulos para afrontar el pago a los buitres realizado en marzo de 2016, como “atrasos”, imputados a los períodos previos a que asumiera Macri. De esta forma, se reduce en 18 mil millones de dólares la emisión que computa el gobierno desde 2016 gracias a un original maquillaje de las cuentas del balance de pagos. Esta suma se corre debajo de la alfombra, igual que en tiempos de Guillermo Moreno. Pero aún con ese maquillaje, la deuda pública externa sube 50% desde que asume Macri.

Pero esto va a seguir profundizándose. El Presupuesto que presentó el gobierno para 2018 anticipa niveles de endeudamiento inusitados y en tiempo récord: en sólo tres años se incrementaría de 28,5% del PBI a 37,3% el peso de la deuda pública en el PBI (es decir, 9 puntos porcentuales).

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- El regalo al campo por las retenciones

Una de las primeras medidas tomadas por Macri desde que asumió fue la eliminación de retenciones para las exportaciones agrícolas. Esto significa que por cada dólar de exportaciones de soja, maíz, trigo, girasol y carne, el sector agropecuario dejó de pagar una alícuota que era respectivamente de 35, 20, 23, 32 y 20 por ciento. Todas pasaron a cero, excepto la de soja que se redujo 5 puntos porcentuales y hoy es de 30%, pero seguiría reduciéndose el año entrante. Es una riqueza formidable que se reparten el dueño de la tierra, los pooles de siembra y sociedades agropecuarias que concentran el grueso de la producción, y los dueños del paquete tecnológico como Monsanto, Don Mario, Syngenta, y etc.

En números, esto significó $ 70 mil millones durante el primer año de gobierno de Cambiemos, y un monto similar en este 2017. Esto significa que lo que el tesoro dejó re recaudar por año equivale a casi 3 veces el gasto presupuestado en remuneraciones para Educación por el gobierno nacional para 2018 ($ 24 mil millones), o a la suma de las inversiones en transporte y energía ($ 56,4 mil millones y $ 18 mil millones, respectivamente).

- Fuga de capitales: rápido y furioso

De acuerdo al BCRA, la fuga de capitales (formación de activos externos) acumula U$s 25 mil millones desde diciembre de 2015 hasta agosto de 2017. Esto significa que casi la mitad de los dólares que recibió el Banco Central por la deuda externa pública emitida desde que asumió Macri, se fueron por la otra ventanilla de la mano de los fugadores (que en su mayoría grandes empresarios).

En el mismo lapso, también salieron del país otros U$S 5 mil millones por remesas de dividendos y utilidades de firmas extranjeras.

- "Transparencia" macrista: Panamá Papers y el gobierno off shore

La consecuencia de la fuga de capitales es la formación de activos externos. La abrumadora mayoría de estos se encuentran en plaza offshore, y son resultado de operaciones de evasión y elusión impositiva, así como fruto de actividades ilegales.

Mauricio Macri fue uno de los 5 mandatarios que apareció en la lista de Panamá papers, a través de Fleg Trading, la primera empresa en la cual figuraba como director. En diciembre del año pasado el diputado Dario Martinez amplió la denuncia al grupo Macri a un total de 50 sociedades offshore. Sin embargo, a fines de septiembre pasado la justicia termino dictando que el Presidente "no fue socio ni accionista" y que "no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias" de las firmas offshore Fleg Trading y Kagemusha (empresas con la que estaba mas complicado por ocupar cargos).

La resolución llego alguno meses después de que Franco Macri aporte pruebas en la que señalaba al presidente como director para ser remplazado rápidamente por otro.

Según el National Bureau of Economic Research Argentina ocupa el quinto lugar mundial con más evasión de empresas multinacionales (tomando en cuenta el ranking de evasión en términos absolutos), solo superado por EEUU, China, India y Japón.

Los locales actúan igual que los extranjeros: hay más de U$S 220.000 millones de argentinos en cuentas off shore, lo que equivale al 40 % del PBI del 2016. Casi la mitad de la economìa de un año en cuentas en el exterior. El blanqueo no cambió cualitativamente los números totales, mayormente sinceró fondos que permanecieron en el exterior.

- Lo que se viene para 2018 según el Presupuesto Nacional: más ajuste y endeudamiento

El presupuesto anticipa un fuerte recorte de gastos en subsidios económicos, que serán compensados a las empresas con más tarifazos de servicios públicos para evitar que caigan sus ganancias. El gasto en subsidios caería 16% en términos nominales, por lo que la reducción será aún mayor en términos reales. Esto significa aumento de tarifas en materia de Energía, Comunicaciones, Transporte y reducción de beneficios en áreas como Ecología y medio ambiente, Agricultura, Industria, Comercio y turismo y Seguros y finanzas.

Los servicios de deuda pública van a pasar en un año de representar el 10% del Gasto total a significar el 14% del Gasto, un crecimiento interanual de 28,2% que supera con creces a la inflación prevista (15,7%), a diferencia del resto de las partidas sociales.

Los intereses de deuda van a duplicar el gasto en Educación, significarán 11,45 veces el gasto en Ciencia y Técnica, 3,8 veces el gasto en Salud, y alcanzarían para pagar uno de cada tres pesos destinados al presupuesto total en jubilaciones y pensiones, asignaciones por hijo, AUH, PAMI, etc.

Los llamados “gastos tributarios”, como se define lo que el estado deja de recaudar por excenciones y reducciones de impuestos, están estimados para 2018 en $345.877,9 millones (lo que equivale a 2,8% del PBI). Este monto equivale al 11,5% de la recaudación de impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social proyectada para el año próximo.

Es decir que es una fuerte renuncia a recaudar. Un tercio de estos gastos tributarios son en Ganancias, lo que incluye la exención del impuesto para los intereses de activos financieros (títulos públicos, depósitos bancarios y obligaciones negociables), así como los funcionarios judiciales beneficiados con la exclusión del impuesto. También incluye a regímenes promocionados como los empresarios de Tierra del Fuego.

Hay que señalar que esta estimación no incluye todo lo desgravado: las exenciones provenientes de la compra de acciones figuran “sin dato” por la dificultades para valuarlas, por lo tanto el gasto tributario es mayor. El costo de la exención a los Magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provinciales es de $6.911 millones.

La recaudación de Bienes Personales disminuirá por la exención a los contribuyentes “cumplidores” (que quedan excluidos del impuesto por tres años), el aumento del mínimo y la disminución de la alícuota. Se trata de una de las modificaciones que incrementa la regresividad del sistema impositivo. Mientras tanto, se prevé incrementar la recaudación en IVA, que junto con Contribuciones de la Seguridad Social están entre los que incrementan su peso en los ingresos.

- Tarifazos, o cómo reducir el déficit fiscal sin dejar de beneficiar al capital

Por último, el cierre de la ecuación presupuestaria en la que el Estado deja de recaudar por las dádivas al campo, los especuladores y las patronales en general (vía reducción de impuestos e inflación) y al mismo tiempo se propone reducir el déficit fiscal, se encuentra en el incremento de las tarifas de servicios públicos. La única norma que el gobierno se propone cumplir a rajatabla es eliminar los subsidios económicos sin afectar las ganancias de las empresas proveedoras.

Así, el incremento promedio en las tarifas residenciales de luz fue de entre 600 y el 1.000 %, que llega a 1.700 %, entre diciembre desde 2015 a la actualidad. Frente a esto, el incremento salarial nominal no pasó del 60 %.

Las tarifas eléctricas aprobadas en las revisiones de 2016 y 2017 no contemplan un balance del comportamiento económico de las distribuidoras del AMBA, Edenor y Edesur, sobre sus manejos de fondos hasta la actualidad, las audiencias públicas fueron una verdadera puesta en escena. El costo de la generación eléctrica, que es aproximadamente la mitad de la tarifa, subió de manera exorbitante por medidas del gobierno extrañas al sector, entre ellas el costo del gas y de las energías renovables.

En gas el promedio de incremento fue del 600 %, pero los usuarios ya pagaban lo que valía el gas, un incremento innecesario. Los ajustes tarifarios fueron hechos de manera abusiva respecto de los ingresos medios de la población, vulnerando esos principios de la Corte y de los Tratados Internacionales.

La tarifa de gas no estaba desactualizada, como pretendió argumentar el Gobierno, salvo parcialmente en el transporte y la distribución. Por el contrario, se pagaba el costo real de la producción de gas, y existía un subsidio menor en distribución y transporte.

El Gobierno trasladó un subsidio a las petroleras para que produjeran más gas, como un estímulo, a la tarifa final de los usuarios, más allá del costo real, con lo cual éstos pasaron a subsidiar a las petroleras en más de 2.000 millones de dólares anuales sin ningún motivo, ya que no ello no responde a una mayor producción.

Es así que el tarifazo de gas no se corresponde con una mayor producción nacional. Por el contrario, el déficit en este combustible se incrementó.

Con este panorama, la quita de subsidios prevista hacia después de las elecciones de octubre y para el año 2018 profundiza el shock tarifario eléctrico y la brecha entre los ingresos medios y las tarifas a incrementarse. Sólo pueden esperarse graves consecuencias sociales y económicas para el pueblo trabajador.







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