Política

CORRUPCIÓN

A pesar de los allanamientos, el Gobierno busca negociar acuerdo con Odebrecht

En la tarde de este miércoles, las oficinas de la multinacional brasilera fueron allanadas. Se suspendió la reunión prevista con Garavano y Laura Alonso.

Miércoles 24 de mayo de 2017 | Edición del día

Este miércoles estaba prevista una reunión entre el Gobierno nacional y la representación legal de la multinacional de origen brasilero Odebrecht. La misma se daba en el marco del acuerdo que intenta celebrar el Ejecutivo nacional con la empresa que admitió haber pagado u$35 millones de dólares en sobornos a funcionarios y empresarios locales. Las coimas fueron pagadas en el período que va desde 2007 a 2015.

Sin embargo, la reunión se suspendió. La Justicia intervino allanando las oficinas que la empresa tiene en la calle Alem, de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión la tomó el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Federico Delgado. Este funcionario había sido quien ofreciera a la empresa, el martes pasado, acogerse al régimen del Arrepentido.

La reunión entre el Gobierno nacional y los abogados de la empresa intentaba llegar a un acuerdo. El oficialismo busca acceder a la información que maneja la constructora antes de que ésta pueda, eventualmente, tomar estado público. Los empresarios de Brasil ofrecen “colaborar” a cambio de un pacto de impunidad que les permita seguir haciendo negocios en el país, pagando tan solo una onerosa multa.

Este mecanismo, con el que Odebrecht negoció en la Justicia de Brasil y en la de EE.UU. no existe en la Argentina. La Ley del Arrepentido –sancionada a fines de 2016- no permitiría evadir la cárcel para los empresarios brasileros, ni para quienes recibieron coimas.

La decisión de allanar las oficinas tiene que ver con el intento de sectores de la Justicia de acceder al contenido de las computadoras de los principales directivos de Odebrecht. También este miércoles se conoció que, en uno de esos dispositivos, se habrían borrado documentos relacionados con el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y con empresas offshore, que habrían sido utilizadas para pagar coimas.

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Asimismo, los allanamientos tenía el objetivo de acceder a los cruces telefónicos de los directivos de la compañía, pedido que también realizó el fiscal Delgado durante el fin de semana.

Aún en ese marco, desde el Gobierno volvieron a reiterar la posibilidad de llegar a un acuerdo. Ayer, el ministro de Justicia, Germán Garavano, señaló que la información que podría obtenerse sería entregada a la Justicia. “No podemos darle otra finalidad" señaló.

Las declaraciones del funcionario fueron una forma de poner en evidencia que un acuerdo como el que piden los empresarios brasileros, significaría un fuerte golpe para el Gobierno.

El funcionario también aprovechó para lanzar dardos contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a la que criticó por no haber avanzado en la investigación de los casos de corrupción.

La información que se conoce sobre la actividad de la constructora brasilera en el país liga, por igual, a empresario macristas y funcionarios kirchneristas. Los negociados de corrupción no tienen color político entre los partidos patronales.

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Si finalmente se conocen los datos de las coimas pagadas por Odebrecht tanto el actual oficialismo como el anterior pueden quedar pegados a un escándalo que ya alcanza proporciones latinoamericanas.







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