Economía

PANORAMA ECONÓMICO

¿Adónde va el “modelo M”?

Compartimos algunos apuntes sobre los primeros meses del gobierno de Cambiemos, sus dilemas, y los desafíos para enfrentar el ajuste en marcha.

Esteban Mercatante

@EMercatante

Miércoles 17 de agosto de 2016 | Edición del día

Foto: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Este texto fue presentado como ponencia en el taller realizado por los Economistas de Izquierda (EDI) el pasado 30 de julio.

En los límites del proyecto de conciliación de clases

Diciembre de 2015 marcó el fin de un período de doce años durante los cuales la política económica estuvo caracterizada por los esfuerzos por acolchonar las contradicciones entre las clases. Llegado al gobierno cuando todavía reverberaban los impactos del terremoto político que significó diciembre de 2001, el gobierno de Néstor Kirchner debió ubicarse como un gobierno de la contención de todos los sectores movilizados en rechazo a las políticas de apertura, liberalización y ajuste que habían llevado al híper desempleo, la pobreza masiva, y el colapso económico.

Las condiciones de posibilidad de este ensayo de “reconciliación” con las instituciones del dominio burgués, estuvo facilitado por dos factores: el inicio a fines de 2002 del ciclo de altos precios en los commodities –que se prolongó hasta 2013–, y la reestructuración de la economía argentina que se completó con la megadevaluación de 2002. Esta permitió al mismo tiempo un recorte fiscal, un cambio de signo del balance comercial (gracias al desplome de las importaciones), y un formidable desplome del costo salarial que permitió el restablecimiento de las condiciones de rentabilidad.

Apoyado en estas condiciones de partida, el kirchnerismo buscaría compatibilizar las altas ganancias empresarias con una recomposición limitada de los ingresos de los trabajadores, una demanda que se haría más fuerte a medida que el crecimiento del empleo fortaleció la capacidad de los asalariados de pelear por mejores ingresos –a pesar de lo cuál sería difícil pasar el techo (bajo) de los niveles de salario real de diciembre de 2001. Pretendió hacerlo sin atacar las bases de la Argentina dependiente: no cuestionó la gravosa presencia del capital imperialista en el país y sus manejos, ni repudió la deuda (sencillamente la renegoció y pagó “serialmente”); ni siquiera puso en cuestión los Tratados de Inversión.

A medida que las condiciones de partida se fueron agotando, este objetivo requerirá un creciente compromiso de recursos públicos, destinados sobre todo a solventar el atraso de las tarifas de los servicios públicos. A partir de 2011 el esquema se vio confrontado con el retorno de la restricción externa, explicado por el déficit industrial, la persistencia de la fuga de capitales, las remesas de utilidades de empresas extranjeras, y por los dólares que demandó el pago de la deuda.

Ante esto el gobierno de Cristina Fernández impuso los controles para la compra de divisas e importaciones, que no lograron frenar la salida de capitales pero en cambio sí frenaron la economía. Cristina Fernández logró llegar “con lo justo” a diciembre de 2015. Pero preparó con sus medidas el ajuste que estaban listos para aplicar todos los principales aspirantes a la presidencia.

Ocho meses de “sinceramiento”

El famoso “sinceramiento”, término usado hasta el hartazgo por los funcionarios de Cambiemos, tiene como contenido la búsqueda de “normalizar” la política económica, demanda que hace tiempo las principales fracciones del empresariado le hacían a Cristina Fernández, que había prometido en 2011 “sintonía fina”, pero sólo la aplicó en la medida en que le resultó inevitable.

Liberalización cambiaria y devaluación, altas tasas de interés del BCRA, eliminación de retenciones a las exportaciones, tarifazos, mayor apertura comercial, junto a una explosión del endeudamiento. Estas medidas produjeron en pocos meses una transferencia de ingresos a sectores del empresariado que superan los 25 mil millones de dólares. El correlato fue la descarga de los costos sociales del ajuste sobre los trabajadores y sectores populares. Para los trabajadores registrados, se estima una pérdida de ingresos a causa del aumento del costo de vida que podría estar en 15 por ciento o más para este año.

La política del gobierno de Cambiemos despierta recelos en algunos sectores del empresariado industrial, sobre todo medianos y pequeños, que tienen que ver más con lo se propone que con lo hecho hasta el momento. A pesar de que las medidas de “sinceramiento” golpearon el mercado interno e incrementaron los costos (entre estas últimas destaca el tarifazo), son pocos los sectores empresariales que cuestionan la necesidad de gran parte de las medidas tomadas.

La mayor preocupación inmediata está en la apertura importadora (los bienes de consumo importados aumentaron nada menos que 22 % durante el primer semestre), y la advertencia realizada por numerosos funcionarios de que habrá más novedades en el futuro. En ese sentido, podemos decir que hay un objetivo estratégico del gobierno de Cambiemos que apunta al disciplinamiento no sólo de la fuerza de trabajo, sino también de todo el empresariado, bajo la consigna de la “competitividad”. El sector fabril, que vio desde 2003 la creación o reapertura de 18.600 nuevos establecimientos, según números del presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, mira con recelo estas advertencias.

Pero estos objetivos hacen a cuestiones que en la coyuntura inmediata no terminan de expresarse. Hoy el gobierno de Macri está lidiando con los resultados adversos creados por las medidas tomadas desde diciembre, y busca evitar que el descontento social lo obligue a abandonar objetivos fundamentales que se propuso para este año, como ser la primer fase del tarifazo de gas y electricidad.

Inversores reticentes

La actividad económica se está desplomando, cae el empleo, e incluso la inversión, mientras la inflación trepó hasta una tasa anual superior al 40 %, aunque –gracias al parate de la economía– estaría bajando lentamente en los últimos meses. A pesar de que estos eran los resultados esperables de la política económica implementada, parecen sorprender al gobierno, como si hubiera comprado al menos en parte su relato sobre la “lluvia de inversiones” que estimularía la economía a pesar del ajuste. Es que, por un lado, fuera del agro, la minería, o la obra pública, los motivos para inversiones son pocos. Los que invierten para aprovechar el mercado argentino o del Mercosur, ven que Brasil va a caer 8 % en dos años, y en 2017 tampoco parece que vaya a mejorar, y que en la Argentina la caída del poder adquisitivo está desplomando el consumo.

Pero además del poco atractivo que genera para el capital el deterioro económico actual a la hora de definir inversiones, hay un problema más de fondo para el gobierno, y es cómo evalúan las medidas tomadas los trabajadores y sectores populares por un lado, y los grandes empresarios y financistas, por otro. Para los primeros, se trata de un shock en toda la línea que va a marcar un nuevo año de caída en el poder adquisitivo (como ya se había vivido en 2014, pero en mayor escala).

Desde la perspectiva opuesta, en cambio, el plan es visto como excesivamente gradualista en numerosos puntos. Apuntan sobre todo a los objetivos de recorte de los subsidios, vistos como demasiado escalonados. Y además, amenazados por la justicia. La misma evaluación hacen sobre el relajamiento de la pauta para los acuerdos salariales. Aunque los promedios de 30 % en los acuerdos representan una pérdida significativa contra la inflación, están por encima del objetivo original del gobierno de que ninguna supere el 25 %. La cuestión del gasto choca con las aspiraciones de que la gestión estatal consuma una porción menor del plusvalor absorbido a través de los impuestos, y plantea además el interrogante sobre la posibilidad de financiarlo, a pesar de los bajos niveles de endeudamiento heredados gracias al “desendeudamiento” kirchnerista.

Ante esta demora de las inversiones, el gobierno definió como “plan b” aplicar un “control de daños”, acelerando el ritmo de la obra pública, la “reparación” a un sector de los jubilados y otras medidas con algún costo fiscal. Aspira a que esto, sumado a que en estos meses los salarios empiezan a recuperar con las paritarias algo de lo perdido, contribuya a estimular un poco la actividad y también –pero menos– el consumo. Una pieza clave en este esquema es el blanqueo de capitales, un verdadero premio a los evasores.

El costo, importante para los objetivos estratégicos de cambiemos, es que estas medidas significan aumentar el gasto, o como mínimo disminuirlo a ritmo más lento de lo que exigen desde ámbitos empresariales y financieros, moderando los objetivos de recorte del déficit fiscal. Acá se topa con la paradoja de que aunque esto pueda permitir mostrar algún “brote verde” en 2017 –cuestión que está por verse– es al costo de aumentar las reticencias de los inversores que el gobierno aspira a interpelar.

Fortaleza prestada

El gobierno tiene objetivos estratégicos ambiciosos, pero en la coyuntura es “todo lo neoliberal que le permite la relación de fuerzas”. Ante el malestar creciente que generaron diversas iniciativas, los plazos para aplicar algunas medidas como el recorte fiscal o el ajuste de los salarios, son más largos que los que buscaba inicialmente Cambiemos. La hoja de ruta hacia los objetivos de fondo se ha ido desarticulando.

El gobierno parece, con la ayuda mediática y la inestimable colaboración del peronismo, más fuerte de lo que es. Sin los gobernadores e intendentes peronistas, Macri no podría sostener su agenda. Las burocracias sindicales, más allá de alguna confrontación en los discursos, mantienen la tregua. En la movilización del 29 de abril se expresó un fuerte descontento, y desde entonces las conducciones sindicales que ocuparon de evitar que vuelva a expresarse. Una primera cuestión que desde la izquierda debemos pelear por poner en la agenda política es la necesidad para los trabajadores y los sectores populares de concentrar fuerzas en romper esta tregua, y pelear desde los lugares ocupados por sectores del sindicalismo combativo por un verdadero paro general para enfrentar el ajuste.

Desde sectores del kirchnerismo a comienzos de este año alimentaban la expectativa de que este espacio político sería el puntal de la resistencia contra el ajuste. Eso queda desmentido por la colaboración activa del peronismo en las políticas de Macri.

Para que los trabajadores podamos enfrentar al gobierno de Macri y su política de profundizar las ataduras de la dependencia es necesario apostar a la construcción de una fuerza política que lejos de apuntar hacia un imposible “capitalismo en serio”, despliegue un programa anticapitalista y antiimperialista. Este es el desafío que tenemos desde el Frente de Izquierda, y para el cual impulsamos desde el PTS La izquierda diario como medio para la resistencia, apostando a llegar a los millones que rechazan el ajuste de Macri y aportar a la organización entre los trabajadores, las mujeres y la juventud.







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