Política

AJUSTE Y REPRESIÓN

Cambiemos y asociados, doce meses de palos y mentiras

Desde el “heredado” conflicto de Cresta Roja hasta el proyecto de enviar a las Fuerzas Armadas a hacer “seguridad interior”. El 2016 termina con La Rosada y las gobernaciones afilando los dientes.

Sábado 10 de diciembre de 2016 | Edición del día

Foto Prensa Gobierno de la provincia de Buenos Aires

El macrismo mostró las garras apenas asumió. Los trabajadores de Cresta Roja las sintieron en el cuerpo cuando fueron baleados con postas de goma por la Gendarmería en la Ricchieri, el 22 de diciembre del año pasado, y tuvieron que levantar el acampe con el que venían reclamando contra los despidos en esa empresa avícola.

Empezaba a quedar claro que el ajuste sería feroz y que, entre otras aristas, apuntaría al empleo. Aunque este conflicto había comenzado en la anterior administración fue una buena oportunidad para mostrar que los planes de Mauricio Macri y su equipo sólo cerraban con represión. Y no sería la primera vez que Cambiemos elegiría a la productora de pollos como emblema para enviar mensajes a la clase trabajadora.

La guerra al gallo rojo

Frente a los televisores, ante las imágenes de los laburantes escapando de los gendarmes, un sector del kirchnerismo, negacionista y amnésico, habló de “cambio repentino de actitud” frente a la protesta social. En cambio, esa jornada al borde de la autopista estaban quienes ya habían sido baleados, infiltrados y hasta detenidos por esa misma fuerza de Seguridad, y recordaban no sólo las sucesivas represiones en el conflicto de la autopartista Lear sino también cuando en septiembre de 2012 el coronel Sergio Berni metió presos en Campo de Mayo a militantes de cooperativas por un corte en Panamericana, entre ellos menores de edad, entre otros episodios represivos de la anterior administración.

Hace un año, en su debut, también mostró sus mañas la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a las que luego transformaría en política de Estado junto a sus colegas del gabinete macrista. Tras adjudicarse la orden de desalojo, sin intervención judicial alguna, su ministerio emitió un comunicado en el que acusó a “infiltrados de izquierda de querer tomar el aeropuerto de Ezeiza” para justificar el desalojo con balas de goma, cuando en realidad lo que hubo fue un cruce entre militantes y trabajadores de Cresta Roja con los gendarmes que desencadenó el ataque represivo.

“Acá somos todos trabajadores, incluso los que vienen a apoyarnos, y además gracias a sus donaciones estamos comiendo. Lo que queremos es trabajar, hace dos meses que no faenamos”, había dicho uno de los manifestantes de Cresta Roja. Sería la primera de sucesivas abiertas falsedades difundidas por el oficialismo para justificar palos y tiros.

También hubo promesas incumplidas del ministerio de Trabajo, pero con cierta cintura política lograron apaciguar las urgencias mientras se concretaba la venta de la planta. En los hechos, hoy un tercio de los trabajadores de Cresta Roja sigue afuera y los de adentro en lucha. El 20 de mayo repudiaron la visita de Macri cuando eligió precisamente esa planta para anunciar el veto a la ley Antidespidos. Ese día, la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que la reapertura de la fábrica era un símbolo del “sí se puede”. El ex delegado Darío Sánchez le replicó que “vinieron porque saben que nuestra lucha se convirtió en emblema para el movimiento obrero, y para demostrarle a los patrones que de su manera de actuar garantiza ganancias y precarización laboral, pretenden tapar con esta imagen los miles de despidos de todo el país”.

Para Navidad, Bullrich anunciaba que "el protocolo" con el que el Gobierno preveía limitar las protestas en la vía pública sería elaborado por varios ministerios para "buscar una manera distinta de hacer visibles los conflictos que no sea a través del corte o la obstrucción total de los caminos y rutas".

Tres días antes de la represión en Cresta Roja, el macrismo había militarizado la estación Lacroze del subte B frente a una protesta por trabajadores despedidos.

Año Nuevo, mismo escarmiento

A un mes de la entrada de Macri en la Rosada, fueron los trabajadores estatales en La Plata quienes sufrieron en carne propia cuando se manifestaron contra los despidos masivos. Hubo 40 heridos. El intendente del PRO Julio Garro intentó justificar la represión con gases y balas de goma diciendo que los manifestantes habían arrojado piedras.

Veinte días después un grupo de vecinos de la Villa 1.11.14 de la Ciudad de Buenos Aires , entre ellos muchos niños, ensayaban una celebración murguera. Gendarmería ingresó al barrio de manera violenta y comenzó un ataque con disparos a mansalva. Más de diez personas resultaron heridas y un nene de nueve años fue lastimado por un balazo de goma en el ojo. El operativo tenía como objetivo retirar un auto abandonado con una supuesta denuncia por robo en las inmediaciones del barrio.

La primera actitud del ministerio de Bullrich fue difundir las fotos de la funcionaria visitando a dos gendarmes heridos en el hospital y poner en Twitter “no dejaremos que nos ataquen con tanta impunidad, vamos a defender a todos los efectivos”. En realidad, los uniformados habían sido lastimados en otro episodio cerca de donde ensayaba la murga. El “miente, miente que algo quedará” seguía su paso firme para consolidarse como plan oficial.

El 22 de febrero Villa Sauze, un pueblo de no más de 600 habitantes de la provincia de Buenos Aires, sufrió una represión masiva por parte de las fuerzas de seguridad pampeana que dejó más de veinte heridos. Los vecinos se encontraban reclamando en forma pacífica ante el avance de obras sobre los ríos de la zona, las cuales podrían generar nuevas inundaciones en el oeste de Buenos Aires.

El Ministro de Seguridad de la Pampa, Juan Carlos Tierno, estaba en el lugar comandando la represión y golpeó con un bastón policial a los manifestantes. Según recordó la Agencia Paco Urondo, apenas unos días antes este funcionario se había jactado en los medios locales de haber recomendando a la ministra Bullrich que se declarará la emergencia en seguridad a nivel nacional.

Cuatro días más tarde las víctimas fueron los manteros de Liniers, reprimidos por la Policía Metropolitana con gases, palos y balas de goma. La fuerza de seguridad allanó 18 domicilios de manera violenta sin mostrar ninguna orden judicial y se llevaron dinero y objetos personales de las víctimas. Inclusive un menor de edad fue herido con un disparo de bala de goma.

Durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, mientras el Presidente hablaba de “unir a los argentinos”, un grupo de trabajadores despedidos del sector bancario fue reprimido con palos y gas pimienta por efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería. Los bancarios reclamaban por los 47 trabajadores cesanteados en el Banco Central y los dos mil trabajadores bancarios despedidos en el sector.

En Tierra del Fuego, la kirchnerista Roxana Bertone mostró estar más que alineada con la política nacional de Cambiemos. Los estatales y docentes fueguinos se habían opuesto a fines de 2015 a un paquete de feroz ajuste y montaban desde hacía meses un acampe frente a la gobernación. Pero la represión no se hizo esperar. “Aunque suene demasiado fuerte decir esto en democracia, fuimos los chupados del gobierno de Bertone”, dijo José Gómez al sitio Ojos Vendados, uno de los cinco dirigentes sindicales detenidos en esa provincia a mediados de mayo con operativos manu militari que arrasaron e incendiaron el acampe.

Estuvieron incomunicados, luego excarcelados pero con condiciones abusivas y restrictivas de su libertad y luego procesados en una causa armada en base a un video y una declaración policial.

Según el Observatorio de Derecho Social de la CTA, entre enero y junio fueron detenidos al menos 35 dirigentes y activistas sindicales de seis provincias. “Además de las detenciones, hemos relevado múltiples causas penales y sumarios administrativos a dirigentes sindicales y activistas cuyo objetivo es el disciplinamiento de los trabajadores y la obstaculización de las luchas. Las denuncias penales se han concentrado en el sector público”, señalaron los investigadores. Para el mismo período enero-junio registraron 24 casos de represión contra movilizaciones en nueve provincias, es decir que hubo más de un caso de desalojo violento de protestas por semana.

Un ítem especial fue dedicado a los intentos de restringir el derecho de huelga. Uno de los mecanismos utilizados es reemplazar a los trabajadores en paro. Así sucedió en Tierra del Fuego y en la provincia de Buenos Aires, donde las gobernaciones dictaron resoluciones, en el primer caso para designar docentes que dieran clases en lugar de los maestros en paro, en el segundo para reemplazar con empresas tercerizadas los servicios de los trabajadores auxiliares de cocina y limpieza en las escuelas igualmente en conflicto. En cuanto a los despidos de activistas, el Observatorio de la CTA los señala como “una de las prácticas antisindicales más extendidas por parte de las patronales”.

Entre los casos detallados, los investigadores mencionaron el de los despedidos de Menoyo, que aún con medidas cautelares de la Justicia en su favor en todo el año no lograron ser reincorporados. El informe agrega que otro modo en uso es la sanción a los trabajadores que participan de medidas colectivas.

El Día de la Bandera, en Rosario, a sólo 300 metros del Presidente Macri, la Gendarmería reprimió la marcha de la Multisectorial contra el Tarifazo, una agrupación de industriales y comerciantes que protestaban contra los aumentos desmedidos en las tarifas de servicios públicos.

Cuatro meses después, las participantes del Encuentro Nacional de Mujeres también sufrirían los embates y golpes de la policía santafesina, así como cronistas que resultaron heridos.

El 25 de agosto Bullrich ordenó desalojar un corte sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, donde había mujeres y niños. Gendarmes y policías atacaron cuando los manifestantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón y organizaciones nucleadas en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) estaban a punto de levantar la protesta, que habían hecho en reclamo de la continuidad de programas laborales y sociales.

Ese mismo día en Salta, la Infantería reprimió a los azucareros con balas de plomo. Fue en las inmediaciones del Ingenio Tabacal, cerca de la ciudad de Orán. Si bien los funcionarios del gobernador Juan Manuel Urtubey intentaron minimizar el brutal accionar policial, hablando “algunas escaramuzas”, poco después trascendía que los efectivos no sólo habían utilizado gases y postas de goma sino también balas de plomo.

Es probable que este panorama resulte incompleto, en parte porque las prensas hegemónicas a nivel nacional y en las provincias hace décadas que eliminaron la temática de sus agendas. En tal sentido, La Izquierda Diario, y también el Mapa de la Resistencia, tuvieron un rol esencial a la hora de visibilizar aquellos conflictos ignorados por el periodismo mainstream, así como las fuentes directas de esta columnista y otros colegas especializados en intentar dar espacios negados por medios gerenciados con criterios burocráticos.

Lo que vendrá

La resistencia de muchos sectores de la clase trabajadora dejó en evidencia una relación de fuerzas que no le permite a Macri y asociados hacer lo que quieren. Por eso se frenó de hecho la aplicación del protocolo antipiquetes, al punto tal que en estos habitualmente calientes días de diciembre el diario La Nación se queja de que en la Ciudad de Buenos Aires ese protocolo no se pone en acción ante los numerosos cortes y protestas, mientras el gobierno porteño replica que las quejas son contra las políticas del gobierno nacional.

Sin embargo el repaso de los sucesos represivos evidencia que, con o sin protocolo, los palos llegan igual. Tirar a mansalva contra una murga, o torturar salvajemente a pibes que se animan a denunciar acoso policial, como sucedió en septiembre en el caso de los jóvenes de La Garganta Poderosa, son prácticas que los uniformados parecen cada vez más animados a hacer. Es evidente, aprietan y miden. Y vuelven a apretar.

A todo este despliegue represivo los trabajadores respondieron con más lucha, a pesar de las actitudes conciliadoras de las centrales sindicales y los movimientos sociales que pactaron “paz” con el gobierno. Si la impronta oficial fue meter miedo y desalentar las protestas, lejos de ello las calles siguen siendo escenario de manifestaciones permanentes.

Mientras tanto, durante estos meses el macrismo fue avanzando también en el Congreso para obtener herramientas legales tendientes a aplicar en forma más aceitada sus políticas de ajuste. Y también cuenta con normas que les legó el kirchnerismo, tales como la ley Antiterrorista promulgada en 2007, por si alguna vez necesita echar mano de ella.

En un próximo año electoral Cambiemos tendrá que poner en la balanza si para mantener los votos de tropa propia necesita aumentar los niveles de mano dura, o se verá obligado a frenar estos embates, sobre todo cuando desde organismos internacionales están marcando que no puede cargarse todo el estado de derecho, como sucede en el caso de Jujuy y la persecución a líderes sociales y sindicales.

Cambiemos mantiene en carpeta su proyecto de militarizar las tareas de “seguridad” interior, como si ya no hubiera suficientes colores de uniformes diferentes para reprimir a los sectores que se rebelan a sus políticas de hambre y despidos. Para ello trabajan nefastos personajes como el radical exministro de Defensa Horacio Jaunarena, uno de los principales ideólogos de darle a las Fuerzas Armadas protagonismo en la lucha contra las llamadas “nuevas amenazas”, narcotráfico y terrorismo.

En caso de lograr su cometido, Macri y asociados aumentarán exponencialmente la persecución a los luchadores, porque ya cuentan con toda la información de espionaje. La infiltración, por ejemplo con programas como Proyecto X, gozan de la misma salud que tenían durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Sin embargo, no les será tan fácil derribar el llamado principio de demarcación —esto es, los militares en la defensa y las policías y las fuerzas de seguridad para el cumplimiento de las leyes fronteras adentro— que lleva décadas en pie y fue elaborado en consenso por todo el arco político nacional producto de las atrocidades que dejó la dictadura.

Mientras todos los indicadores señalan que la crisis se profundiza, en el horizonte de la creación de empleo el marcador sigue en cero. Es probable que las patronales sigan flexibilizando, despidiendo y persiguiendo a los trabajadores sin que el gobierno de Macri les ponga escollo alguno.

Por eso, puede que mañana cortes una calle con tus compañeros o quemes gomas en reclamo de salario, trabajo o mejoras en tus condiciones laborales. Y si bien puede que no te pase nada, o quizás sí te repriman y hasta te armen una causa. Lo que es seguro es que por la noche podés ir preso sólo por no llevar encima tus documentos. La policía que goza de luz verde que le dio este gobierno reaccionario se envalentona como nunca para pedir identificación, realizar detenciones arbitrarias y hasta pretender bajarte de un tren por expresar tus ideas políticas. No se trata de comparaciones subjetivas, las cifras y los hechos demuestran que el aparato represivo sigue al servicio del disciplinamiento social aunque ahora con directivas explícitas del poder político, y anuencia total para soltar el bozal de los adiestrados mastines de siempre.

Argentina tiene una larga historia de luchas obreras y populares y no pocas conquistas arrancadas al poder político y económico en las calles. Crisis económica, régimen político con instituciones endebles y un gobierno pragmático pero decidido a defender a rajatabla los interese de los ricos. Un cóctel que, a un año de gobierno de Cambiemos, bien sirve para un balance pero mucho más para pensar lo que se viene.







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