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Canning: Siderar-Ternium avanza con la rebaja de salarios

En la planta se rechazó el plan de suspensiones, pero la UOM deja que la empresa imponga el pago del 75% del sueldo básico. Alberto Fernández y Axel Kicillof miran para otro lado, mientras Caló entrega nuevamente conquistas laborales.

Jueves 16 de abril | 20:46

Foto Télam

Continuando con el ataque que venía realizando el grupo Techint en el resto de sus plantas para imponer el acta de suspensiones que contó con la connivencia de la burocracia sindical, la empresa Siderar-Ternium realizó una nueva arremetida, esta vez en su planta ubicada en Canning -partido de Ezeiza-, tierra de Alejandro Granados, intendente desde la fundación del partido en 1994.

Se organizó una asamblea virtual en la que solamente se pudo votar entre la aceptación del plan de suspensiones o la rebaja de salarios. Se optó por el rechazo de la primera. Esto implicará que los trabajadores perciban el 75% del salario básico. Hasta el 20 de abril no se sabrá de cuanto sería el descuento fehacientemente, agregando más incertidumbre a la preocupación de las familias. Una extorsión lisa y llana que juega con la desesperación de muchas familias, y que en plena cuarentena pretende empujar a que los trabajadores resignen parte de sus ingresos. Con esto llegarían a 10.000 los empleados que sufrirían los recortes de salarios. A pesar de esto continúa la bronca ante esta maniobra insólita, cuando el patrimonio personal del dueño del Grupo Techint es de 3.300 millones de dólares.

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Tal como lo había anunciado el portal Info Gremiales, la dirigencia gremial de la UOM conducida por Antonio Caló ofreció a los empresarios un esquema de suspensiones para operarios no afectados a tareas esenciales que dispondría el pago de 75% de los salarios básicos, sin incluir ítems como el presentismo o premios especiales. Una medida que satisface más las necesidades de Paolo Rocca que a las de sus representados. Por el momento no hubo ningún tipo de acercamiento o pronunciación frente a la embestida del grupo Techint en Canning.

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Una puerta abierta para que avancen los empresarios

El decreto presidencial n° 297/2020 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio establece que durante la vigencia del mismo los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Sin embargo, en el decreto de prohibición de despidos quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Sobre este artículo, que está vigente desde las contrarreformas laborales del menemismo, se apoyan las empresas y los dirigentes sindicales para avanzar sobre las condiciones de vida de los trabajadores: el empleador durante un tiempo puede suspender las tareas al trabajador, pagando un subsidio no remunerativo y que solo tributa aportes y contribuciones a la obra social, a la ART y no así la parte impositiva y tributaria. Recordamos que con acuerdo de la UOCRA y el aval del Ministerio de Trabajo ya hubo 1.450 despidos de acuerdo a esta disposición. Es por esto que, para poner un freno a los empresarios, se necesita la organización de los trabajadores para exigir que se respeten los derechos.

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Es posible frenar estos avances

En este momento la situación de los trabajadores de conjunto es de una importante fragilidad económica. Hasta el momento, mientras se triplica el número de gendarmes en la provincia de Buenos Aires , continúan el hacinamiento, la falta de insumos en los hospitales, los despidos y las rebajas salariales. Esto deja en evidencia que los discursos de Alberto Fernández no alcanzan y los decretos dejan la puerta abierta para que los empresarios despidan o recorten salarios en connivencia con los burócratas sindicales de la talla de Antonio Caló, Héctor Dáer o Armando Cavalieri, entre otros.

Kicillof, por su parte, demostró que el despliegue policial encabezado por Sergio Berni es para reprimir a los trabajadores, como ya pasó la semana pasada en el frigorífico Penta en la localidad de Quilmes. Los intendentes están dejando avanzar a los empresarios. En Ezeiza, mientras desde páginas oficiales muestran que todo marcha viento en popa, nadie del clan Granados se está preocupando por la situación en Siderar.

Pero hay una vía alternativa para encarar esta crisis: en el aeropuerto de Ezeiza, tras una ardua lucha y organización de parte de los trabajadores realizando asambleas virtuales y campañas a través de redes sociales, hicieron retroceder a la empresa GPS (tercerizada de Aerolíneas Argentinas) y lograron la reincorporación de los despedidos Carlos Roa y Ayelén Córdoba, quienes reclamaban junto a sus compañeros condiciones de seguridad e higiene óptimas para atender los vuelos repatriados desde el exterior. Un triunfo que le marca el camino a quienes quieren enfrentar el avance de las patronales. Hoy pelean por condiciones mínimas, pero si se profundiza la crisis se puede convertir en una organización que, junto a otros sectores como los trabajadores de Techint, transportes o servicios públicos, docentes, trabajadores informales, desocupados, entre otros, muestre una salida en favor de las mayorías.

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