Política

PODER JUDICIAL CRIMINAL

Caso Nahuel: el Poder Judicial como ejecutor de los designios de Macri y Bullrich

Los asesinos siguen libres pero los jóvenes que cargaron el cuerpo del mapuche baleado por Prefectura volverían a la cárcel. Sus abogados ya recusaron por “parcialidad manifiesta” a los jueces cómplices.

Sábado 19 de mayo | Edición del día

Foto Río Negro

El Poder Judicial como brazo ejecutor de los designios del Gobierno. En estos términos iniciaron una nueva batalla judicial los abogados que defienden a Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes podrían volver a ser encarcelados si queda firme un reciente y reaccionario fallo de la Cámara de Casación Penal.

La abogada Sonia Ivanoff recusó ayer a dos de los jueces de la Sala III de esa Cámara, Eduardo Riggi y Liliana Catucci, quienes se pronunciaron por la prisión de ambos jóvenes mapuches. Ivanoff los acusa de “parcialidad manifiesta” porque expresaron “en su sentencia un claro sesgo de discriminación por pertenencia étnica al inferir entre las razones que agravarían la pena para mis defendidos la pertenencia a un grupo de Movimiento Mapuche Autónomo, que para estos jueces refleja per se ‘un estado de beligerancia’, definición que solo existe en la construcción imaginaria de un enemigo social interno, sin ningún sustento jurídico ni fáctico que lo avale, más aún, sin que pese sobre este alguna proscripción ni declaración de ilegalidad”, según reza en el escrito al que accedió La Izquierda Diario.

En tanto, el Poder Judicial rechazó un pedido de habeas corpus en favor de los jóvenes mapuches, presentado por el abogado Mauricio Rojas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Y fue con un agravante: no sólo lo hizo en menos de veinticuatro horas sino que le adjudicó las costas al letrado, algo que solía suceder solamente en dictadura para disciplinar a los abogados que se animaban a plantear los habeas corpus.

Vale recordar que Jones Huala (hermano del lonko Facundo, detenido en esquel) y González fueron quienes bajaron el cuerpo moribundo de Rafael Nahuel tras el ataque del grupo Albatros de la Prefectura en territorio recuperado de Villa Mascardi, y están imputados en la causa por usurpación de ese predio que inició Parques Nacionales.

Paralelamente al pedido de recusación sobre los miembros de la Cámara de Casación, la familia de Nahuel pidió ante el Juzgado Federal de Bariloche, a cargo de Gustavo Villanueva, la indagatoria y la prisión preventiva de los cinco albatros cuyos cargadores se encontraron vacíos luego de la represión sobre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu el 25 de noviembre pasado.

Según informó el sitio Al Margen, el pedido lleva la firma de Alejandro Nahuel, papá de Rafael, y se produce casi seis meses después del hecho, período durante el cual la fiscal del caso Sylvia Little no pidió el llamado a indagatoria de los prefectos pese a que ninguno negó la realización de los disparos.

Movidas sospechozas

Al cierre de esta edición, el juez Villanueva decretó el secreto de sumario en la instrucción, lo que junto a movimientos de inteligencia de los últimos días sobre el entorno de Jones Huala y González hacía sospechar su inminente detención. “Algo se está gestando, tememos que hagan allanamientos, le vamos a decir al juez que los chicos se van a presentar con nosotros”, anticipó a este diario otro de los abogados defensores, Matías Schraer, con la intención de “evitar cualquier tipo de montaje público ni hechos de violencia”.

El letrado informó que la nulidad de la sentencia de Casación que plantearon junto a Ivanoff también fue rechazada en tiempo récord.

Por su parte, el abogado Rojas de la APDH explicó que el mismo planteo hicieron ante el propio tribunal y, como si toda esta batería de recursos no fuera suficiente, también pidieron que no se proceda a la detención hasta que el fallo quede firme. En ese sentido, en lo que parece ser una carrera contra el tiempo, el lunes hará su presentación con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

En su planteo de recusación Ivanoff argumentó contra el camarista Riggi, que fue quien hizo los considerandos del fallo, que “la estigmatización al momento de resolver es palmaria, al señalar que al referirse sobre la actitud de los encartados, claramente al legitimarlos como actores de un movimiento político los desnaturaliza como sujeto de derechos humanos. Interpela su accionar caracterizándolos al mejor estilo lombrosiano que ‘revela un estado de beligerancia y de confrontación con las autoridades legalmente constituidas’”.

La letrada dijo que este juez de la Casación “aventura que ‘el avance de la investigación que pueda cumplirse en autos sobre la conducta y comportamiento desplegado por el imputado y sus consortes de causa podría derivar en un encuadre legal más gravoso: Atentados al orden constitucional y a la vida democrática’. Sorprendidos nos preguntamos: ¿Cuál es el fundamento jurídico para semejante afirmación? O peor aún, ¿qué pensaría hoy aquel legislador que en 1984 incorporó esta figura para proteger la democracia de asonadas militares pero que años más tarde sería invocado por dos magistrados para escarmentar a un grupo étnico con reclamos de tierra no resueltos?”.

Contra el “enemigo interno”

En otros párrafos salientes, Ivanoff desplegó más argumentos para que prospere el apartamiento de Riggi y Catucci (esta última jueza acompañó el voto que pidió la cárcel para Jones Huala y González).

“La cuestión de la tierra no es solo un problema de los mapuches, enormes barrios a lo largo del país han nacido y posteriormente se han urbanizado al calor de reivindicaciones por la tierra y la vivienda. Sin embargo, no es casual que sea el reclamo mapuche al que por primera vez desde lo más alto de una instancia judicial se lo criminaliza como una suerte de enemigo del Estado”.

“De acuerdo con el art 18 de nuestra Constitución: ¿no rige el principio de inocencia? El cambio de paradigma y la inversión de la prueba, con argumentaciones totalmente arbitrarias para un magistrado, hace procedente que consideremos que su sentencia carece de objetividad”.

“Es necesario aclarar que Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González carecen de antecedentes penales computables, fueron ellos quienes ‘se entregaron sumisamente” (en palabras de la propia Fiscal) recordando las viejas prácticas discursivas de ‘civilización y barbarie’”.

“(Riggi) fundó su voto sosteniendo la postura de mayor persecución penal por pertenencia étnica, instalando que el peligro es el ‘derecho penal del autor’. Las manifestaciones vertidas por el juez, son violatoria del artículo 16 de la Constitución Nacional. La criminalización, la violencia, la persecución y la negación de la identidad cultural, se da sistemáticamente contra los indígenas que participan activamente en procesos de recuperación y reivindicaciones territoriales que involucran tierras de alto valor económico (turístico, extractivo, hidroeléctrico, entre otras)”.

“El ‘atentado al orden constitucional’ planteado por el doctor Eduardo Riggi demuestra la necesidad y el empeño por consolidar la existencia del ‘enemigo interno’ que justifique todo tipo de acciones en pos de proteger los intereses de quienes se adueñaron ilegítimamente del territorio del pueblo mapuche”.

“Riggi violó el derecho de defensa en juicio, construyendo un fallo arbitrario, que vulneró garantías constitucionales, y partir de una opinión formada sobre cuestiones atinentes a los Pueblos originarios que deben ser tomadas como ‘emisión de opiniones’ sobre derechos e intereses en juego en la causa que nos ocupa (referentes a los pueblos originarios), derechos e intereses que guardan conexidad”.

Por su parte el abogado Rojas sostuvo en su pedido de habeas corpus que el “Estado sólo podrá proceder a restringir la libertad de una persona de manera excepcional, ya que la regla procesal es la libertad por el principio de inocencia hasta sentencia firme”.

Los mapuches imputados, que intentaron en vano salvar la vida de su compañero luego de haber sido atacado ellos mismos por los prefectos con balas de plomo, se mantuvieron a derecho durante este período y no cometieron ninguna otra acción que pudiera agravar su situación, tal como la evaluó el juez Villanueva cuando les concedió la libertad el 30 de noviembre pasado.

Además, para la APDH “la sentencia de la sala III es arbitraria porque incorpora hechos nuevos que no están en la causa penal ni los encartados se encuentran imputados por las circunstancias que agrega la fiscalía en Casación con el fin de confundir e inducir a una apreciación errada de los hechos. El habeas Corpus es un remedio contra sentencias arbitrarias que amenazan la libertad de las personas por lo que procede su utilización en la presente”. Sin embargo, antes de que pase un día el juez de menores Alejandro Cilleruelo rechazó el habeas corpus y le impuso las costas al defensor Rojas.

Estado criminal

Rafael Nahuel había llegado al territorio recuperado a treinta y cinco kilómetros de Bariloche, para solidarizarse con su comunidad. Tras la cacería que le dio muerte, fueron secuestradas las armas de los ocho agentes que ingresaron traspasando el cerco, bajo las órdenes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En marzo, peritos de la causa determinaron que faltaban 114 proyectiles 9 milímetros pertenecientes a subfusiles MP5 y pistolas Beretta: armas de grueso calibre. Los Albatros sospechados son menores de 25 años y oriundos de distintas provincias argentinas.

Según confirmaron a Al Margen fuentes con acceso al expediente, en los próximos días se dará a conocer la identidad del asesino de Nahuel, a partir del análisis de la bala extraída del joven mapuche de 22 años. Sin embargo, es el juez Villanueva quien determinará si imputa a los prefectos, como pidió la familia de “Rafita”, o estanca aún más la causa.

Nahuel fue asesinado el 25 de noviembre pasado cuando se encontraba solidarizándose con la reivindicación territorial de la comunidad Winkul Mapu en la zona de Mascardi. Era sobrino de la referente de esa comunidad y se acercó hasta el lugar luego del desalojo del 23 de noviembre.

A casi seis meses de su muerte la presentación hecha por la querella podría permitir averiguar quiénes fueron los responsables materiales de su muerte. Al mismo tiempo, todos los esfuerzos desplegados por los abogados de sus compañeros no parecen haber sido suficientes para evitar que vuelvan a la cárcel.







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