SANTA FE

Causa Feced III: condenas a diez expolicías por delitos de lesa humanidad

La sentencia se conoció a través de videoconferencia. Se juzgaron crímenes cometidos por parte de la patota que intervino en el centro clandestino de detención "El Pozo" en Rosario.

Jueves 14 de mayo | 18:17

Foto: Agencia Télam

Pasado el mediodía del jueves el Tribunal Oral en lo Federal Nº2 de Rosario dio a conocer la sentencia de la causa conocida como Feced III a través de sistema de videoconferencia, en la que se condenó a diez expolicías de la provincia de Santa Fe que fueron parte de la represión ilegal durante la última dictadura.

Los jueces del TOF Nº 2 Eugenio Martínez, Lilian Carnero y Aníbal Pineda, definieron condenar a prisión perpetua a José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, José Carlos Scortecchini, Ramón Rito Vergara, Ramón Alcides Ibarra, y Ernesto Vallejos. Por su parte para Héctor Gianola y Eduardo Dougour la condena fue 22 años, para Julio Fermoselle de 18, y de 16 años para Lucio César Nast. Los delitos incluyen privación ilegítima de la libertad, amenazas, asociación ilícita, tormentos, abuso sexual y homicidios, todos en el marco de un genocidio y como crímenes de lesa humanidad.

El juicio comenzó en 2018 y se llevó adelante por delitos cometidos contra 188 víctimas. Los imputados formaban parte de la patota que operaba en el Servicio de Informaciones de la policía provincial, que funcionaba en el centro clandestino de detención "El Pozo", en pleno centro de la ciudad de Rosario. En el transcurso del proceso judicial cuatro de los 14 imputados que eran juzgados inicialmente, fallecieron. Como pasó con otros genocidas la muerte llegó antes que la condena del poder judicial, y más de cuarenta años después de los hechos.

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Gabriela Durruty, abogada que integra la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), declaró a este medio: "Estamos celebrando, siempre las sentencias son una fiesta. Si bien hay cosas para recurrir, siempre las hay, la condena fue ejemplar. Así que un pasito más en el camino para desandar la impunidad de los crímenes más terribles de nuestra historia reciente."

Consultada por La Izquierda Diario, Norma Ríos, presidenta nacional de APDH, declaró en relación a la sentencia que "las condenas son muy buenas, entre ellas la prisión perpetua para José Rubén Lofiego, uno de los más denunciados desde el primer momento. En este marco dos de las prisiones perpetuas incluyen también la violación como delito de lesa humanidad, el primer caso que se da en Rosario, a partir de compañeras que reconocen y denuncian su violación." 

Ríos relató que "Ramón Alcides Ibarra también tuvo una perpetua, y es muy importante porque remite a una condena a aquéllos que intervinieron la biblioteca Vigil, ese proceso cultural importantísimo. A este grupo también se le atribuyen los fusilamientos de Los Surgentes, estos compañeros que son sacados del Servicio de Informaciones y masacrados." Explicó que se les dió una pena de "22 años de prisión para Eduardo Dugour y Héctor Gianola. Este es el padre, curiosamente, de uno de los policías involucrados en el asesinato y posterior desaparición de Franco Casco en el río."

Por su parte Marta Suárez, del Colectivo de ex presas y presos políticos e integrante de Familiares de exDetenidos Desaparecidos expresó: "El dictado de las sentencias deja en evidencia que la lucha librada tiene sus frutos. No sólo por la ejemplaridad de las mismas, si no que por primera vez en esta jurisdicción se toman como delitos de lesa humanidad a los abusos sexuales, dentro del marco del terrorismo de Estado." Y agregó que "también nos deja la tarea de lograr que esas condenas sean de cumplimiento efectivo. Para que el enorme esfuerzo de querellantes, testigos y abogados no solo nos reconforte, si no que sea realmente justicia."

Suárez agregó que: "Hoy los jueces se expidieron por delitos cometidos hace 44 años. Llegar hasta aquí costó la lucha de los organismos de derechos humanos por más de 20 años. Demasiado tiempo, demasiado dolor, demasiado esfuerzo para que los genocidas estén en su casa. Ese será, sin dudas, uno de los próximos objetivos: justicia efectiva".







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