Mundo Obrero

CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA

Chantaje de un diputado de Cambiemos para quienes reciben planes sociales

Un diputado de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para quitarles planes sociales a aquellas organizaciones que se movilicen para defender sus derechos.

Jueves 14 de febrero | 14:27

El diputado de Cambiemos, Guillermo Castello, explicó en redes sociales de que trata el proyecto de ley que presentó: “Quienes violan derechos no deben recibir beneficios económicos del Estado. Por eso hoy presentamos un proyecto de ley provincial para suspender subsidios a quienes corten calles o dañen patrimonio público en los piquetes”, precisó el diputado.

Además, el proyecto en cuestión determina que se suspenderán los “beneficios” (en palabras de Castello) mientras dure el proceso penal y su remoción total en caso de condena firme.

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El proyecto explica que el dinero del plan social sería embargado en concepto de “indemnización y reparación correspondientes”, e indica la eventual restauración del plan social a la persona humana o jurídica “indemniza y repara los daños causados”.

El proyecto de ley presentado por el diputado de Cambiemos es, en toda la línea, un chantaje a aquellas personas u organizaciones que se movilicen para defender sus derechos.

Aquellas personas que el diputado pretende amedrentar, remarquemos, son personas que dependen de los planes que se les pretende sacar, no por propia decisión sino porque el mercado laboral los ha expulsado del sistema llevándolos a la miseria.

La movilización, muchas veces, es el único recurso que tienen quienes no tienen otra forma de garantizar su sustento de vida. Quienes cobran planes sociales, pertenecen a la llamada economía informal o están directamente desocupados.

El diputado pretende, en el marco de una campaña de demonización de la pobreza y de un discurso represivo, amedrentar a quienes se movilicen en un año donde el mandato del FMI es regla y por ende el ajuste se profundizará. Recordemos también que el 2019 es año electoral, y siempre conviene mantener las calles despejadas de manifestantes por lo que la extorsión que implica el proyecto de Castello también tiene vistas en la carrera electoral.

El proyecto presentado por el diputado es, además, una forma de criminalizar a quienes luchan por sus derechos, cuando en realidad los que deberían sentarse en el banquillo de los acusados son los grandes especuladores como las patronales agrarias, los bancos que fugan millones de dólares y los empresarios que se enriquecen de la sangre y sudor de sus trabajadores que a la primera baja de sus ganancias despiden y suspenden o directamente esclavizan a sus trabajadores negándoles derechos laborales básicos.







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