Política

TERRORISMO DE ESTADO

Comienza el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Fuerza de Tareas 5

Un puñado de represores de la Armada y Prefectura serán llevados a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata por los crímenes cometidos contra 42 compañeros durante el terrorismo de Estado, en su gran mayoría obreros industriales de la región.

María Luz Santos Morón

Abogada CeProDH // Integrante de la querella de Justicia Ya!

Miércoles 8 de julio de 2015 | Edición del día

Fotografía:Imagen de archivo

El lunes 13 de julio comienza en la ciudad de La Plata el juicio oral de la causa de lesa humanidad conocida como "Fuerza de Tareas N° 5". Serán juzgados 8 represores de la Armada y Prefectura Naval que participaron del plan genocida que desarticuló en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada al combativo movimiento obrero industrial durante la última dictadura militar. El juicio incluirá los casos de 29 sobrevivientes, 9 desaparecidos y 2 asesinados.

Los imputados que se sentaran en el banquillo de los acusados, luego de una larga y fragmenta instrucción, son Antonio Vañek, Jorge Alberto Errecaborde, Juan Carlos Herzberg, José Fernández Carró, Roberto Gaitan, Carlos Ramón Schaller, Luis Rocca y Eduardo Antonio Meza. Lo particular del caso es que, teniendo la causa actualmente ochos genocidas imputados, y alguno de ellos ya condenados en otras causas, la mayoría gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. El único represor detenido del grupo es Roberto Guitián (Jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3), alojado en la Unidad 31 de Ezeiza, acusado de siete secuestros y dos homicidios. Por su parte, Tomás Osvaldo Méndez (oficial de Prefectura) y Antonio Mocellini (segundo Comandante del BIM3), procesados en la causa, murieron impunes este año.

Los delitos de lesa humanidad que juzgará el Tribunal Oral Federal N° 1 de la Plata son parte del accionar denominado “Plan de Capacidades de la Armada Argentina” o “Placintara”, que desde noviembre del año 1975 determinó tareas a la Armada con vistas a lo que luego se desató abiertamente como el exterminio de toda resistencia organizada a la dictadura.

La década de los 60 y 70

Durante estos años la región de Ensenada, Berisso y La Plata fue una de las más combativas, con un alto nivel de organización en la clase obrera industrial que luchaba por mejores condiciones laborales y por una transformación de la sociedad. Ejemplo de esto fue la jornada histórica del año 1975 conocida como “Ensenadazo”, donde marcharon más de 10.000 trabajadores desde Ensenada a La Plata en reclamo contra las políticas económicas impuestas por el ministro de Economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, exigiendo la homologación de la ley 14.250 de Convenios Colectivos de Trabajo. Esta masiva manifestación fue ferozmente reprimida pero las medidas de fuerza se profundizaron en todo el país conquistando los convenios y empujando a la renuncia de Celestino Rodrigo y el ministro de Bienestar Social y organizador de la Triple A, José López Rega.

La organización y la lucha de la clase obrera en la región, atreves de la conformación cuerpos de delegados combativos y la creación de Coordinadoras de Gremios en Lucha, con las bases y por fuera de la burocracia adepta a las patronales es lo que vino a callar, desarticular y reprimir la dictadura genocida, en este caso a través de la Fuerza de Tareas 5. La Marina y la Prefectura tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint actualmente), el frigorífico Swift, Astilleros Río Santiago y la destilería de YPF. Esta fuerza represiva operó desde el BIM 3, en conjunto con el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), el Hospital Naval y el Liceo Naval, más el destacamento de Prefectura de Río Santiago.

No podemos dejar de señalar el rol cómplice que jugaron las burocracias sindicales, encabezadas en ATE Nacional y Ensenada por Juan Horvat y Juan Carlos Marín (respectivamente), y en la UOM por Rubén Diéguez, quienes intentaron desmovilizar y limitar las luchas del sector obrero combativo, y a su vez, colaboraron con la estructura represiva que desplegaron los marinos.

Hay que remarcar que este juicio se llevara a cabo con respecto a un ínfimo número de casos, en una zona con cientos de detenidos-desaparecidos y asesinados, y donde funcionaron cuatro centro clandestinos de detención dependientes de la Armada. Este criterio adoptado por la Justicia y la Fiscalía, que implica la tardanza y fragmentación injustificada de los juicios, garantiza la impunidad y no expresa la magnitud de los delitos cometidos durante el genocidio. Porque a esta altura hay que decirlo con todas las letras, el plan sistemático de exterminio tuvo como propósito retroceder en las conquistas de los trabajadores y el pueblo e imponer un sistema económico que beneficia hasta el día de hoy a los grupos de poder concentrados y los grandes capitales.

Desde el CeProDH, como integrantes de la querella unificada de Justicia YA, reafirmamos que no nos reconciliamos como pretenden imponernos desde el gobierno, porque los genocidas mueren impunes, porque solo han condenado a menos de un represor por cada uno de los 600 centros clandestinos que funcionaron en el país, por que los compañeros mueren sin justicia, porque todavía faltan restituir 400 jóvenes apropiados, porque hay más de 200 desaparecidos en democracia, por los miles de casos de gatillo fácil, por los cientos de procesados por luchar, porque el aparato represivo sigue intacto y sigue protegiendo a represores como el ex jefe del Ejército César Milani. Asimismo, seguiremos reclamando la apertura de los archivos, cárcel común, perpetua y efectiva, juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices por todos los compañeros, y en este juicio en particular, justicia para los obreros y obreras detenidos- desaparecidos y asesinados.







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