Política

IVX INFORME ANUAL

Comisión por la Memoria: “Se sostiene una política de punitivismo selectivo contra los pobres”

La Comisión Provincia por la Memoria (CPM) acaba de presentar su XIV Informe Anual “El sistema de la crueldad”, que analiza el sistema de encierro y las políticas de seguridad, salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires durante 2019. La situación es alarmante.

Gloria Pagés

Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Viernes 4 de septiembre | 11:52

Foto: CPM

La CPM es un organismo público autónomo y autárquico, presidido por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos e integrado entre otras personalidades por la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas.

El informe que acaba de ser publicado es un profundo recorrido sobre política criminal del Estado que de manera sistemática y generalizada vulnera y viola elementales derechos individuales durante 2019. Detalla el panorama de graves problemas estructurales que conforman la situación que atraviesa el sistema penal y todo el sistema de encierro en general en la provincia de Buenos Aires.

Mientras escribimos estas líneas, la desaparición forzada de Facundo Castro está impune y cada vez más pruebas incontrastables llevan a la responsabilidad de la Bonaerense. La actual gestión de Axel Kicillof y su ministro de Seguridad Sergio Berni, empoderaron a las fuerzas de seguridad con la excusa de controlar el espacio público durante la cuarentena obligatoria. La desaparición forzada de Facundo se da en este marco, así como la enorme cifra de más de 100 de casos de gatillo fácil ocurridos desde marzo a este fecha.

Desde de la CPM señalan que a la situación actual se llega debido a “la orientación, sostenida durante más de dos décadas, de una política de seguridad y de persecución penal basada en el encarcelamiento y el punitivismo selectivo: la captación de los sectores pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito”, señala el Informe de la Comisión Provincial por la Memoria.

La “mano dura” y “tolerancia cero” no solo han demostrado su fracaso, “a pesar de la retórica que la legitima ante la opinión pública” sino que “su objetivo es el control de las poblaciones vulneradas por las políticas de exclusión propias del neoliberalismo”.

La evaluación que realiza la CPM del año 2019 se enmarca dentro de los últimos cuatro años, a cuya gestión han denominado como “era de las masacres”. Se tratan tal vez, como la CPM lo expresa, de “la expresión más grave y visible de las consecuencias mortales de las políticas públicas que se implementaron”.

Nos referimos a las masacres de Pergamino (2017), Esteban Echeverría (2018) y San Miguel del Monte (2019). Estos hechos se cobraron siete, diez y cuatro vidas, respectivamente, mayoritariamente de jóvenes, “a manos de fuerzas de seguridad que además encubrieron corporativamente a los responsables directos”.

El organismo sostiene que frente a las condiciones de desigualdad creciente, el estado se dedicó centralmente a incrementar su rol punitivista.
De este modo, la política criminal de la provincia de Buenos Aires, orientada centralmente a perseguir delitos menores cometidos por sectores de la población más desprotegidos y vulnerables, se sostiene en dos aspectos: “el control policial del territorio y el encarcelamiento creciente”.

“La violencia policial afuera y la violencia penitenciaria adentro, garantizadas por un Poder Judicial que las convalida en todos los eslabones de la cadena, componen una violencia estatal utilizada como forma de gobierno de esas poblaciones excluidas, que armoniza con los efectos excluyentes del modelo económico”.

Números que alarman, son personas privadas de sus vidas y derechos

Dentro de lo que podemos llamar un breve pantallazo del extenso y exhaustivo informe, queremos señalar algunos datos que dan cuenta de esa política sistemática por parte del estado de persecución, control social, encierro, tortura y muerte hacia la población, especialmente joven y pobre.

Mientras escribimos estas líneas, la desaparición forzada de Facundo Castro a manos de la Bonaerense está impune y está en curso la autopsia del cuerpo que probablemente pertenezca al joven. La actual gestión de Axel Kicillof y su ministro de Seguridad Sergio Berni, empoderaron a las fuerzas de seguridad con la excusa de controlar el espacio público durante la cuarentena obligatoria. La desaparición forzada de Facundo se da en este marco, así como la enorme cantidadNUMERO de casos de gatillo fácil ocurridos desde marzo a este fecha.

En ese sentido, la CPM señala que el “XIV Informe está marcado por hechos que obligan a la nueva gestión a abordar este problema como parte central de su agenda de gobierno”. Con respecto a los casos de “gatillo fácil”, ocurridos durante 2019, la CPM registra 134 producidas por agentes policiales en el territorio de la provincia de Buenos Aires (14 más que en 2018); es decir, un promedio de 11 asesinatos por mes (1 cada 65 horas). A esta violencia, señalan, le sigue otra: el Poder Judicial convalida sistemáticamente la versión policial.

Si tomamos todo el período de la gobernación de la alianza Cambiemos, hubo 485 víctimas de uso letal de la fuerza entre 2016 y 2019: una muerte cada tres días.
Muertes y tortura en lugares de encierro. Durante 2019, 29 personas murieron en arresto domiciliario, sumadas a las 148 ocurridas en lugares de encierro totalizan 177 personas fallecidas a disposición de la justicia penal provincial.

La tortura no mermó, todo lo contrario. El año pasado, la CPM registró denuncias en 2019 de 5115 hechos ocurridos en 61 centros de detención (unidades penales, alcaldías, comisarías, centros de detención para jóvenes), padecidos por 6758 víctimas. Las responsabilidades penitenciarias por estos hechos nunca son investigadas.

El informe destaca una situación que se vio crudamente expuesta al inicio de la pandemia: casi el 50% de los hombres está detenido en prisión preventiva, es decir siendo inocentes; el caso de las mujeres es más grave: de las 2.265 privadas de su libertad, el 60% permanecían en esta condición; y de las 100 personas trans, el 70 % estaba detenido sin condena. Se trata de cuestiones críticas y estructurales del sistema judicial.

Como se ve, son las mujeres (en su mayoría detenidas por infracciones a la ley 23.737 de estupefacientes, por hacer de “mulas” para una larga cadena dentro del narcotráfico) y personas trans quienes sufren de manera más aguda las violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro.

Niñez y adolescencia: víctimas de la violencia estatal

El informe detalla cómo niños, niñas y adolescentes son víctimas de la violencia estatal, lo que incluye la desprotección de las infancias que adquiere innumerables formas.

También describe las condiciones inhumanas de detención y las torturas a las que son sometidos quienes están encerrados en cárceles para jóvenes.

Sólo como muestra de esta crueldad, señalaremos que durante 2019 se registraron 114 hechos de tortura en 12 centros de detención de los que fueron víctimas 53 jóvenes. Golpes, aislamiento extremo, afectación de la vinculación familiar, imposibilidad de comunicarse con las familias de manera fluida y condiciones inhumanas de detención integran el repertorio de padecimientos.

Si bien como señala el informe de la CPM, los últimos cuatro años signados por el gobierno de Cambiemos profundizaron los aspectos represivos y criminales del estado, no hace falta más que mirar los últimos meses del este año para concluir que se trata de una política sistemática e intrínseca a las fuerzas de seguridad, cuya razón de ser es el control social, la represión y el encierro, con los métodos brutales del gatillo fácil, la tortura y la desaparición de personas.

Durante la presentación virtual del Informe, Nora Cortiñas señaló: "La Bonaerense persigue, mata, tortura, esconde los crímenes. Hoy tenemos que saber qué pasó con Facundo Castro”. Hacemos nuestras sus palabras







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