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Con el gasto de 4 horas de pagos de deuda se financiaría un año de aborto legal y seguro

El costo económico de garantizar el aborto legal, seguro y gratuito en todo el país sería casi insignificante para el Estado. Hoy gasta más en sostener el aborto clandestino. Pero para las mujeres eso significa la posibilidad de perder la vida. Hay que invertir las prioridades.

Lucía Ruiz

@LucuRuiz

Lunes 27 de mayo | 23:23

El ex ministro de Salud y actual Secretario, Adolfo Rubinstein, mostraba el año pasado que el Estado destina anualmente 6 veces más presupuesto en atender las consecuencias de salud de los abortos clandestinos que lo que costaría garantizar la práctica legal, segura y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Ello permitiría evitar la muerte de cientas de mujeres al año (de las cuales el Ministerio de Salud sólo reconoce una parte).

Esto fue manifestado en las sesiones del Congreso en 2018 para discutir el proyecto de ley de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, específicamente en la intervención realizada por el ex ministro en la Cámara de Senadores.

Allí exponía los números concretos: siendo que la cantidad de abortos que se realizan por año es de 354.627 (según el Ministerio de Salud), el costo anual ascendía en 2018 a $ 4.078,30 millones, mientras que de legalizarse pasaría a $ 678,60 millones.

Esta diferencia se debe, entre otras cosas, a la probabilidad de complicaciones, como complicaciones menores, hospitalizaciones y muertes, y al costo de cada alternativa.

La conclusión entonces es que cuesta cerca de seis veces más para el Estado sostener el aborto clandestino que garantizar un derecho elemental de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos.

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A valores actuales, considerando la inflación de los últimos 9 meses, puede estimarse que el presupuesto en salud pública para garantizar el aborto legal en los hospitales rondaría los $ 968 millones al año. Si bien en relación con un salario eso puede parecer mucho, en relación al gasto anual del Estado significa apenas el 0,02 %.

Pero más se dimensiona si se contrasta con la sangría de la deuda. Comparado con las erogaciones permanentes en vencimientos de deuda pública (capital e intereses) que promediarán los U$S 40.000 millones al año entre 2020 y 2023, el presupuesto para garantizar el aborto legal es apenas un vuelto.

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De esto se desprende que el Estado destina $ 213 millones por hora en pagos de deuda (tomando un tipo de cambio a $ 45), lo que significa que con sólo los recursos que se destinan durante 4 horas y media a pagar deuda sería suficiente para garantizar el derecho al aborto durante todo un año, en todo el país.

De manera que el problema es absolutamente de voluntad política. No hace falta crear un nuevo ministerio ni anteponer otras necesidades de abastecimiento a los hospitales, u otro gasto social también importante. No se trata de enfrentar necesidades supuestamente "más" urgentes, sino de reconocer dónde están puestas las prioridades hoy, y parece ser que no es precisamente en salvar la vida de las mujeres que mueren en la clandestinidad, sino en salvar los pactos y las alianzas con los sectores más reaccionarios, de cara a las elecciones.

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Así también, bajo una economía dirigida desde Washington por el FMI, las prioridades económicas no son otra cosa que garantizar los pagos de deuda a los acreedores y permitir los mecanismos para la libre movilidad y fuga de capitales por los especuladores y las grandes empresas.

Hay intereses profundos de los sectores antiderechos, en particular de las jerarquías de las Iglesias y sus vínculos con el poder político, que están trabajando todos los días para vetar la aprobación de la ley y para avanzar sobre todas las libertades que puedan cuestionar el orden social que estos sectores defienden.

Por ello, será fundamental la pelea de la marea verde, que mostró la potencialidad que tiene la movilización en las calles, para conquistar este derecho y su efectiva implementación en todos los hospitales de cada rincón del país.

La excusa de los argumentos económicos, así como cualquier otra, jamás será suficiente. Para que no sigan muriendo mujeres por aborto clandestino, el Estado debe garantizar ya mismo, sin más demora, el aborto legal, seguro y gratuito, la educación sexual y la anticoncepción gratuita. Hay que invertir las prioridades.

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