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CÓRDOBA

Córdoba: El gobierno de Schiaretti “militariza” el Complejo Esperanza

Retiró a los guardias del instituto, con ayuda de la infantería, y cubrió los puestos con personal del Servicio Penitenciario. Se suceden motines y situaciones violentas. Los menores sufren el endurecimiento de las medidas represivas. Los guardias serán reemplazados sólo por personal masculino.

Martes 7 de marzo de 2017 | 21:02

El Complejo Esperanza es el lugar donde permanecen jóvenes menores de 18 en conflicto con la ley penal. Cuenta con 160 guardias distribuidos en cuatro turnos de unos 40 agentes cada uno.

El jueves pasado un grupo de guardias decidieron tomar el complejo y bloquear los portones de acceso al predio ubicado en camino a 60 Cuadras, zona de Bouwer. El motivo central por el que se desató el conflicto sería el cambio de horario de los guardias

A fines del 2016, los trabajadores de Senaf (Secretaría de niñez, adolescencia y familia) que ofician de guardias pasaron de un régimen de 24 horas de trabajo por 72 horas de descanso a un régimen de 12 horas de trabajo por 36 de descanso. Además denuncian que la cantidad de personal es insuficiente para la contención de los jóvenes y que están encuadrados en otro régimen laboral, figuran como empleados administrativos y actúan como guardias de seguridad.

El domingo pasado los guardias no acataron la orden oficial de modificar el horario y realizaron un solo turno de 36 horas, por lo que el titular de Senaf, José Piñero, decidió que el personal de infantería ingresara para expulsar a los guardias del complejo, destinando al servicio penitenciario a cumplir funciones internas.

Los guardias desalojados denunciaron que se estaba “militarizando” el complejo y que el gobierno provincial había lanzado una convocatoria para la incorporación de 30 empleados nuevos para reemplazarlos.

El ingreso de personal penitenciario generó malestar entre los jóvenes que iniciaron, alrededor de las 21:30hs, como rechazo a la medida, un motín en los Institutos Pasos de Vida, Nuevo Sol y San José.

Diecinueve de los guardias fueron desplazados y se les inició un sumario administrativo. En tanto, el personal del Servicio Penitenciario, según Piñero, permanecerá hasta que el resto de los guardias “recapaciten y vuelvan a trabajar”. En tanto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Luis Angulo, lanzó la convocatoria para cubrir los puestos de operador de asistencia y seguridad dentro del Complejo Esperanza.Los requisitos son: tener entre 30 y 40 años, secundario completo y sexo masculino. Una muestra más de la postura machista y misógina del gobierno provincial.

¿Y los jóvenes?

El Ministro Angulo hace todo lo posible para evitar que se produzcan nuevas fugas en el complejo, porque esto perjudicaría notablemente la imagen de gestión del gobernador Schiaretti en un año electoral donde prima el discurso sobre la “inseguridad”.

Colocar dos filas perimetrales de alambre de concertina y llenar de garitas multiplicando el personal policial de los espacios externos parece no ser suficiente. Los institutos de menores se parecen cada vez más a cárceles cerradas. A esto se suma el ingreso de personal penitenciario, aclarando que lo hacen sin armas, de “civil” – nos dejan más tranquilos, claro – para cubrir “transitoriamente” el lugar que ha quedado descubierto por el conflicto con los guardias.

Los abusos policiales y la “militarización” territorial que viven los jóvenes en sus barrios son tomados como modelo para ser replicados en el Complejo Esperanza.
Llenar de cámaras de seguridad, de patrulleros, de policías con mejores armamentos y vehículos y un presupuesto más abultado, en vez de mejorar la educación y la salud, es una clara política represiva del gobierno provincial en consonancia con el gobierno nacional.

Este ataque constante contra la juventud, los inmigrantes y la pobreza, que no sólo la vemos en las víctimas del gatillo fácil, en la expulsión de ciudadanos de países vecinos y en la persecución de la narcopolicía forman parte de una campaña nacional para estigmatizar a los jóvenes y relanzar la discusión sobre la baja de edad de imputabilidad.







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