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Cresta Roja: la violencia del gobierno, Berni y Kicillof contra los trabajadores

Luego que los obreros de la avícola de Esteban Echeverría fueran reprimidos por la Bonaerense de Kicillof y de Berni, se los persigue judicialmente con delitos como coacción agravada y usurpación de la propiedad buscando disciplinarlos. Frente a esto, la importancia de rechazar estas imputaciones y pedir la anulación de la causa.

Daiana Zottich

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)

Sábado 7 de marzo | 09:00

Los trabajadores de Cresta Roja hace unos días realizaron una medida de fuerza en la Planta Dos ubicada en la localidad de Esteban Echeverría, para reclamar por la reincorporación a sus puestos. Son 2.000 familias las que se encuentran en la calle. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con la mano dura de Sergio Berni descargó su furia contra los obreros de la avícola, y ahora los persigue judicialmente con delitos graves como coacción agravada y usurpación de la propiedad.

Cresta Roja se encuentra en incumplimiento de lo pactado en la quiebra con continuidad. De 2500 trabajadores que debían ser reincorporados, ingresaron solo 500 en las dos plantas y quedaron 2.000 en calidad de suspendidos que cobrarían un subsidio de 10.000 pesos, solo hasta este mes. A los 200 activistas que se encuentran a la cabeza de la organización, les llegaron los telegramas de despido.

Los grandes medios eligen mantener el silencio sobre los despidos y las protestas, creando un cerco mediático absoluto ante este conflicto que comenzó en marzo del 2014 con un lock out patronal e intento de despedir entre 600 y 1.000 trabajadores.

En Cresta Roja, ante la injusticia reinante y las responsabilidades políticas compartidas entre el macrismo y el peronismo, se cierran filas contra los trabajadores.

Otra vez un gobierno ejerce la violencia defendiendo a una empresa que se encuentra en la ilegalidad nos quiere decir que son los violentos son los trabajadores que resistieron la agresión de la policía, mientras reclamaban por sus puestos de trabajo

Iniciaron causas a tres de los despedidos por usurpación y por coacción agravada ¿Qué significa esto? Acusan de violentos a los violentados, de agresores a los agredidos.

Una operación contra la protesta social

La coacción agravada es un delito establecido en el art. 149 del Código Penal, castiga a quienes utilicen amenazas para obligar a otros a hacer o no hacer algo contra su voluntad; siendo agravado si fuese contra funcionarios públicos.

Este delito no se utiliza contra los empresarios de Cresta Roja, que vaciaron la empresa y son responsables de más de mil despidos, ni contra los empresarios que amenazan con no realizar inversiones o bien van por el desabastecimiento si no aumentan los precios; ni contra quienes dejan familias en la calle cerrando las persianas de un día para el otro.

Históricamente, este tipo penal fue creado para reprimir la protesta social. La intervención del poder judicial mostró siempre una continuidad en la persecución a los manifestantes, sin embargo, no muestran avances las causas donde las propias fuerzas del Estado actúan de forma ilegal donde causan heridas graves o incluso muertes a quienes se manifestaron.

Donde hay un reclamo, donde hay una necesidad, hay represión y mano dura. En esta oportunidad el grupo GAP, la infantería y luego el Grupo Halcón utilizó centenares de balas de goma y gases lacrimógenos para desalojar a los trabajadores de Cresta Roja, al igual que en el 2015 con el macrismo, las balas de goma se dispararon a una distancia corta que puede ser letal. Así, hirieron a decenas de trabajadores a la altura de los ojos, cuando el protocolo prohíbe este accionar.

El gobierno de Axel Kicillof avaló el operativo de Berni. Ahora, utilizan estos tipos penales contra los trabajadores cuando se plantaron contra la injusticia como en el caso de las imputaciones de Maffissa, o en Lear donde el gobierno kirchnerista había actuado de la misma forma reprimiendo a los trabajadores, defendiendo a empresas que se encuentran en la ilegalidad y luego persiguiendo judicialmente a los trabajadores.

El delito de coacción agravada tiene un pena de hasta 2 años de prisión, y es una figura reaccionaria, porque se utiliza siempre contra el derecho a la protesta.

Se ataca directamente el derecho a protestar y reclamar frente a la autoridad. Pero este ni siquiera es el caso, porque los trabajadores protestaron contra la empresa y los tres imputados lo único que hicieron fue correr hacia el tanque de agua de la fábrica, de donde bajaron luego que acordaran con la policía hacerlo y que no iba a haber represarías

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Con esta actuación el gobierno de Kicillof pondera el orden público y la libre circulación como algo superior a la integridad física, el derecho a la expresión, a la reunión, el ejercicio de la libertad de protestar, el derecho a trabajar a recibir un salario acorde, a recibir una indemnización en caso de despidos.

La criminalización de la protesta es el procesamiento de activistas, manifestantes y referentes sociales por su participación en protestas sociales como vemos en el caso de Jujuy donde utilizan el código contravencional para perseguir políticamente a quienes reclaman, en Buenos Aires el gobierno de Kicillof utiliza el código penal con el mismo fin.

Es importante rechazar estas imputaciones y pedir la anulación de la causa, estas figuras penales que se utilizan buscando disciplinar a los trabajadores deben ser derogadas.







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