Política

EDITORIAL

#CuadernoGate: una ofensiva judicial con objetivos políticos

Los métodos del “lava jato” selectivo muestran la hilacha del partido judicial. El increíble cuento de la victimización empresaria. La crítica y la disputa política no pueden avalar el bonapartismo judicial.

Fernando Rosso

@RossoFer

Martes 7 de agosto | 17:32

A medida que se despliega el show mediático-judicial por las revelaciones de (las fotocopias) de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, quedan en evidencia sus claros objetivos políticos.

Lejos de cualquier pretensión de hacer justicia, inaugurar una nueva era de la transparencia o terminar con los negociados de la obra pública, la ofensiva busca condicionar el escenario político, desprestigiar o hasta sacar de la cancha a los adversarios y colocar en pole position a los candidatos preferidos del establishment. De paso, pueden rediseñar el negocio de la obra pública, con la apertura a jugadores nuevos nacionales o internacionales.

Es un patente procedimiento de bonapartismo judicial que -por los bochornosos hechos que ocurrieron en los últimos días- pretende favorecer al Gobierno y a su estrategia electoral, en momentos en que la economía no para de dar malas noticias y las encuestas continúan certificando la caída de todos los referentes del oficialismo.

El último trabajo de la consultora Analogías en la estratégica provincia de Buenos Aires sentenció que la gestión de Mauricio Macri cuenta con un 63 por ciento de desaprobación, mientras que sólo un 26,1 la considera positiva. El Presidente tiene una desaprobación del 60,2 por ciento y una aprobación del 37,7 y también continúa en descenso la imagen de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

El dúo dinámico del juez de la servilleta menemista, Claudio Bonadio, y el fiscal macrista, Carlos Stornelli, en un trabajo de equipo con la prensa oficialista (con La Nación y Clarín a la cabeza) vino al rescate de Cambiemos o, en última instancia, apuesta a fortalecer una alternativa que florezca del brumoso espacio que periodísticamente fue bautizado como del “peronismo racional”.

Nadie puede cuestionar la verosimilitud de muchos de los hechos de corrupción que se ventilaron en los cuadernos literarios del Centeno (en última instancia, la operación se apoya en esa verosimilitud). Fue y es un secreto a voces que la obra pública es un festival de sobornos y coimas desde hace décadas, no sólo en las administraciones kirchneristas, sino también en las gestiones del macrismo (como bien describen Julián Maradeo e Ignacio Damiani en su libro Radiografía de la corrupción PRO: de la ciudad a la presidencia de la Nación).

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En el caso del kirchnerismo, desde el escándalo del caso Skanska, pasando por los generosos subsidios de Ricardo Jaime a las concesionarias de trenes, hasta los bolsos nocturnos de José López, develaron un detestable modus operandi en la gestión de la obra pública.

Pero el “lava jato” quirúrgicamente selectivo de Bonadio y Stornelli no pretende acabar con este entramado, sino intervenir en el escenario político para favorecer a una camarilla. Los acontecimientos de las últimas horas confirman el marcado sesgo de la operación.

Existe un consenso generalizado en torno a la excesivamente sospechosa actitud de Centeno y sus milimétricas notas. Todos coinciden en que escribía a pedido o para alguien. El periodista Diego Cabot (el primero que hizo público los cuadernos) insinuó que probablemente escribía o espiaba para Néstor Kirchner. El único detalle que no cierra es por qué siguió con su diario después de 2010 cuando falleció el expresidente. La sospecha de una operación de inteligencia es cada vez más fuerte alrededor de este hombre con un itinerario demasiado turbio y que fue dado de baja del Ejército cuando le tiró una granada a un camarada porque le hacía bullying.

En lo relacionado a los empresarios, el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, extitular de la constructora Iecsa tuvo una veloz puerta giratoria en Comodoro Py. Se presentó “espontáneamente” ante el juez Bonadio (las malas lenguas aseguran que preparó su presentación con Macri y Stornelli) y contó un cuento de terror o de comedia: confesó que fue “extorsionado” para aportar a la campaña de Daniel Scioli, es decir, para el competidor electoral de su primo. Bonadio le creyó inmediatamente y lo dejó en libertad. En paralelo, la encubridora serial de las mafias de la coalición Cambiemos, Elisa Carrió, tuiteó sobre el “fin de la impunidad” y el “dolor” del Presidente por el primo extorsionado.

Javier Sánchez Caballero, exmano derecha de Calcaterra y el exCeo de Isolux, Juan Carlos de Goycoechea, también confesaron que fueron pobres víctimas comunes de una extorsión que los obligó a poner plata para campañas electorales y los condenó a quedarse con contratos de obra pública y como si fuera poco tanto martirio, los condenaron a enriquecerse. Una triste historia que emociona hasta las lágrimas. La defensa del tridente de Ceos está a cargo del estudio de abogados de Ricardo Rozental, uno de los preferidos de Macri.

Alejandro Ivanissevich, de la empresa Emgasud, y Manuel Santos Uribelarrea de MSU, siguieron con el mismo libreto, declararon y aseguraron el lunes que ellos también hicieron pagos indebidos a funcionarios kirchneristas para financiar campañas electorales. Por la tarde del martes, el exgerente de Techint, Héctor Zabaleta, confesó ante Bonadio y también obtuvo el beneficio de la libertad.

Además, estas declaraciones son logradas por el juez con métodos de amenaza y con la figura de "arrepentido a medida". Son útiles para dos objetivos: disminuir la responsabilidad de los empresarios porque si son aportes de campaña la pena es menor al "cohecho" que correspondería por coimas o sobornos, y volcar toda la responsabilidad sobre los exfuncionarios que es el objetivo de Bonadio.

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Los métodos y la anuencia del juez y el fiscal para con los empresarios presuntamente coimeros desnudan el carácter de la operación de conjunto. La ofensiva tiene similitudes esenciales con lo que sucede en otros países de la región como Brasil (o Ecuador), donde el objetivo de estos “lava jato” a la carta es colocar y fortalecer a los candidatos más predilectos de las clases dominantes y reordenar el sistema político a su imagen y semejanza. En el caso brasileño el “lava jato” llegó hasta el encarcelamiento del expresidente Luíz Inacio “Lula” Da Silva, el candidato que puede ganar cómodamente las elecciones. Además, los jueces avalan un gobierno golpista que lleva adelante un ajuste salvaje.

En Argentina, a modo de ilustración del carácter selectivo del proto “lava jato” está el contraste entre los encarcelamientos y condenas de exfuncionarios de la administración anterior, con la impunidad que gozan los funcionarios actuales. La impunidad que se muestra en los casos de los Panama Papers, el Correo Argentino o los recientes “aportantes truchos” con robo de identidades incluidas.

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La crítica y el enfrentamiento irreconciliable que se debe hacer desde la izquierda con los proyectos políticos que encabezaron los gobiernos llamados “progresistas” (incluyendo, el bochorno de la corrupción), no debe avalar el método y los intereses a los que favorece el partido judicial. Métodos que incluyen desde el abuso de las prisiones preventivas, las detenciones selectivas e irregulares, sin juicio ni condena y el favoritismo para con la camarilla en el poder.

La izquierda tiene el deber de luchar con independencia y con su programa frente a la descomposición que muestra todo un régimen político con relaciones carnales con los empresarios y que salen a la luz pública. Pero a la vez, hay que denunciar los métodos de bonapartismo que inevitablemente fortalecen al aparato judicial y su legislación represiva, acentúan los aspectos más antidemocráticos de los regímenes políticos y -más temprano que tarde- pueden ser utilizados contra los trabajadores, las mayorías populares y hasta contra la propia izquierda.







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