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Cuando los silencios hablan en Córdoba

Los gobiernos de Schiaretti y Llaryora caen en las encuestas a pocos meses del inicio de gestión. Intentan mostrarse como estatistas frente a la crisis sanitaria, mientras intentan avanzar en un ataque a la vida de la clase trabajadora y despliegan, para eso, todo el poder represivo de una policía que arrastra un profundo desprestigio. El asesinato de Blas Correas fue la gota que rebalsó el vaso y golpeó sobre un pilar del cordobesismo.

Guillermo Torrent

Asesor legislativo FIT - Córdoba @Guillotadas

Sábado 15 de agosto | 10:38

Foto Gustavo Barrera

El asesinato de Blas Correas, puso en crisis uno de los grandes pilares sobre los que se asienta el modelo “cordobesista” encarnado actualmente por el gobernador de la provincia Juan Schiaretti y el intendente de la capital cordobesa Martín Llaryora. Este pilar es el enorme poder que se le da a la policía de Córdoba como garante de la gobernabilidad en todo el territorio provincial. El momento más brutal de esta posición fue en diciembre de 2013 cuando, luego del narcoescandalo, la policía utilizó un autoacuartelamiento para demostrar “por omisión” su poder de fuego.

Algunos analistas señalan que era cuestión de tiempo para que alguna de las brutalidades que realiza, cotidiana e indiscriminadamente, la policía de Córdoba hiciera explotar el hartazgo social. El intento de sembrar un arma para simular un enfrentamiento aumentó la indignación, esta vez, los policías tuvieron la “mala suerte” de que ninguno de los que viajaba en el auto tenga antecedentes. Decenas de jóvenes fueron ejecutados sumariamente por la policía de Córdoba en las barriadas populares y los homicidas se preocuparon en hacer parecer que habían sido ellos las víctimas y no los victimarios. Es una práctica habitual que, en algunas zonas, los patrulleros lleven una vieja arma en la guantera para poder utilizar en estos casos.

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La marcha del jueves fue multitudinaria, sectores que pocas o directamente nunca se han movilizado salieron a la calle aún en medio de la pandemia. La movilización fue en absoluto silencio, impactó a los presentes cómo se pudo transformar el habitual bullicio del centro de la ciudad mediante una acción colectiva, funcionó como un grito.

Esto preocupa al gobierno provincial, que había logrado tener un respiro al conocerse el acuerdo por la deuda logrado por el gobierno nacional ya que a partir de 2021 empiezan los vencimientos más fuertes para el pago de deuda. Ante el caso de Blas, la actitud del gobierno fue directamente, el silencio, pero lejos de funcionar como un grito o, como una estrategia de comunicación para el control de daños, como pretenden instalar algunos escribas del gobierno, se trata de dar cuenta como vienen fallando sus planes preestablecidos.

Esta semana también se conocieron algunos estudios de imagen de dirigentes provinciales. En el caso del gobernador Schiaretti, si bien mantiene una imagen positiva superior a la negativa (51% al 49%), ha bajado 20 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Pero si se analiza la gestión de Schiaretti, cayó de un 89% positivo al 56%. Quienes realizaron el estudio, ligan esta caída al robo de las jubilaciones provinciales realizado a mediados del mes de mayo, hecha de manera furtiva y consumada en pocas horas en la legislatura provincial.

Los números del intendente Llaryora son directamente para el olvido, la gestión tiene una valoración negativa del 61%, números que lo acercan al liberal Kamerath o al kirchnerista Giacomino, recordados por los cordobeses como los peores intendentes que hemos tenido. Sólo el 6% califica a la gestión como “Muy buena”. El intento de Llaryora de mostrarse fuerte y con decisión intentando poner en caja a los sindicatos de municipales y de choferes fue un fracaso.

A principios de abril, cuando comenzaba la cuarentena,editorializábamos desde La Izquierda Diario, que la crisis que abría el COVID-19 iba a mostrar que lejos de haber un gobierno fuerte, el desarrollo de la película demostraría la fragilidad sobre la que estaba montado el gobernador Schiaretti. La política central al principio de la pandemia pasó por mostrar como acto de gestión contra el virus, la cantidad de detenidos por violar la cuarentena, todas las mañanas los cordobeses nos despertábamos con el reporte diario de los miles de ciudadanos a los que se les abrían causas penales.

Otro de los pilares que aportó a la sostenibilidad del gobierno es la burocracia sindical. En estos meses sucedieron ataques que pudieron pasar sin que los sindicatos siquiera posaran de combatirlos, ante la reforma jubilatoria, la CGT hizo una caravana de apenas cien autos, diez días después y se embarcó en la llamada vía judicial. A los municipales y choferes del transporte urbano, que sufrieron recortes en sus salarios, los dejaron absolutamente solos, apenas algún comunicado formal de solidaridad.

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La situación de los choferes del transporte interurbano es aún peor, cobran de a poco y salteado, de los aguinaldos, con suerte se pagan en cuotas. Los gremios que nuclean a los empleados estatales también acordaron, sin ningún tipo de consulta a la base, suspender las paritarias hasta el mes de octubre. Existen también cientos de docentes suplentes e interinos que no han podido concursar cargos, ni tampoco cobrar el IFE, ya que figuran como empleados estatales. La respuesta del sindicato docente fue, literalmente, cerrarles la puerta del gremio en la cara.

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En las barriadas más pobres, podríamos decir que ha tercerizado el control tipico de los punteros a algunas de las organizaciones otrora combativas de la llamada economía popular. El Movimiento Evita, que posee un legislador que ha votado todas y cada una de las leyes de ajuste de Schiaretti, el sector de Barrios de Pie encabezado por Donda y Nestor Moccia y la CCC de Alderete, brazo piquetero del PCR. A través del Programa Potenciar Trabajo envía fuertes recursos a estas organizaciones, mientras las que se mantienen de manera independiente tienen que hacer malabares para sostener sus comedores con un presupuesto que se mantiene intacto desde el verano pasado. También colaboran con el plan de servidores urbanos del intendente Llaryora, que es utilizado como forma de presión contra los trabajadores de planta permanente del municipio.

Estas organizaciones son conscientes que la forma histórica de armado político de la diputada Vigo, una de las que toma las decisiones en la mesa chica del schiarettismo, es mediante la cooptación llana y directa de organizaciones "ya constituidas".

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Sobre el kirchnerismo cordobés la definición la dio Horacio Verbitsky el 7 de agosto señalando que se encuentran muy callados ya que Llaryora y Schiaretti se encuentran acercándose al gobierno nacional y cuentan con diputados que puedan ser necesarios para sacar algunas leyes claves. Para Verbitsky “no debería ser así”, pero lo concreto es que, desde marzo del año pasado, cuando bajaron su lista para apoyar a la candidatura de Schiaretti, se está dando una gran integración de cuadros y militantes del Frente de Todos a las distintas agencias, ministerios o como asesores de concejales y legisladores del peronismo.

Córdoba ha tenido una gran tradición de lucha antirrepresiva, no sólo en la pelea por el juicio y castigo a los genocidas, sino también, particularmente, contra el hostigamiento y los abusos policiales dados en la etapa democrática de nuestro país. La organización de la marcha de la gorra y la Coordinadora de familiares y amigos de victimas del gatillo fácil son prueba de esto.

Hoy, con el asesinato de Blas Correas, veremos si la Córdoba profunda logra ponerse a tono con los ejemplos que vienen de Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, Inglaterra, Francia o la más cercana Chile, en donde casos de represión y brutalidad policial dieron paso a la expresión del agotamiento de sectores populares y de trabajadores a sus condiciones de vida.







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