Economía

AUDIENCIA PÚBLICA

¿Cuánto cuesta el gas que nos hacen pagar? La pregunta que Aranguren no quiere responder

El costo del gas que nos hacen pagar parece ser inconfesable y el gobierno va hacia la audiencia pública negando a los usuarios esta información elemental.

Lautaro Jimenez

@LautaroJ_PTS

Miércoles 14 de septiembre de 2016 | Edición del día

En abril el gobierno declaraba que el precio del gas que se les paga a las petroleras había subido de 1,29 a 4,72 dólares el millón de BTU, luego del fallo de la corte proponen elevarlo hasta los 3,42 dólares en octubre y actualizarlo semestralmente hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. Para una familia que mantenga el nivel de consumo del año pasado el aumento promedio sería del 203%, por lo que las facturas triplicarían su valor. Pero en este esquema no hay topes; si el consumo aumenta se eleva también el incremento tarifario, lo que podría replicar lo sucedido este año con la diferencia térmica invernal que obligó a millones de familias a calefaccionar su casas con un consumo mayor de gas.

Hasta aquí queda claro que el ejecutivo va a hacernos pagar el gas cada vez más caro. Al aumento que regirá desde el 1 de octubre le seguirán ajustes semestrales con quitas “graduales” de subsidios del estado nacional a las empresas e incrementos en las boletas de los usuarios. De tal forma que en octubre de 2019 la tarifa trepará hasta el 1.200% y el subsidio será 0%. Sin embargo, la pregunta más elemental que resulta de esto es ¿pero cuánto le cuesta el gas realmente al Estado y las empresas distribuidoras que nos lo “revenden” a semejante precio?

En el caso de las tarifas de gas, el 70 % del valor de la tarifa lo determina el denominado "precio del punto de ingreso al sistema de transporte" (PIST). Se identifica popularmente ese precio con el denominado "valor en boca de pozo", pero esto es una realidad distorsionada por el tiempo, ya que hoy en día la falta de inversiones de estas empresas en la Argentina, impuso que una porción importante de gas, aproximadamente un 30 % del total, se importa del exterior y no se produce en los pozos gasíferos argentinos. En un mercado internacional donde el precio de importación del gas ha cambiado abruptamente con el descenso de los precios del petróleo.

Aranguren establecería ahora en 3,5 U$S el millón de BTU como precio de referencia para fijar el PIST de las tarifas de octubre, en lo que se supone sería “valor promedio” entre los de la producción local y los del gas importado, que se incrementaría luego semestralmente para (supuestamente) “reducir” los subsidios (supuestamente) “necesarios” para lograr comprar el gas que tendría un valor (supuestamente) mucho más alto de aquí hasta el 2019, cuando con el “sinceramiento” del 1200% ya no serían necesarios más subsidios. Pero básicamente para saber si esto es cierto al menos hoy, se requiere saber a qué precio le están pagando las distribuidoras y el Estado el gas a estas empresas, y en base a qué ofertas de mercado.

Pero estos promedios de Aranguren resultan por demás llamativos. Cuando se hizo presente en el Plenario de Comisiones del Congreso de la Nación, Aranguren no pudo responderle a Gioja cuando le señaló que “un relevamiento de la Fundación Bariloche, señala que YPF dice en el informe que presenta a la Bolsa de Nueva York que el costo del gas es de 1,9 dólares el millón de BTU" ¿Por qué entonces esa "diferencia de 1,9 a 5,5” como valor fijado para las nuevas tarifas? La respuesta podría ser inconfesable, porque lo que en realidad se está subsidiando es una ganancia descomunal de estas empresas parasitarias.

En el mercado de importaciones el precio del gas varía incluso muchos más. El precio del millón de BTU que se trae por gasoducto desde Bolivia cuesta 3,7 U$S y las importaciones de Chile costaron un valor de 7 U$S el millón de BTU, elegida sin embargo por el discreto ministro y accionista de la mayor empresa beneficiaria por esta transacción (British Gas, adquirida el año pasado por Shell). Los precios también fueron cayendo mucho en el último tiempo. El millón de BTU de GNT (gas natural licuado) de Nigeria y Trinidad-Tobago importado en barcos estaba en el orden de los 15 U$S dólares. Mientras que actualmente el país estaría pagando U$S 6,80 el millón de BTU por el gas que llega al puerto de Escobar y U$S 5,70 por el que ingresa en Bahía Blanca.

El supuesto objetivo del aumento de tarifas, dijo Juan José Aranguren en declaraciones a radio Mitre, es “disminuir subsidios y generar condiciones para que más gente tenga acceso a gas natural” ya que sólo un 60% del país tiene acceso a la red de gas natural. Sin embargo, al igual que ya había manifestado ECOGAS en la audiencia con legisladores provinciales, no será con estos aumentos tarifarios que las empresas realizarán las inversiones. “Los planes de las empresas transportistas y distribuidoras para que más hogares tengan acceso, que haya energía y no se corte el abastecimiento de gas a las industrias en invierno, se conocerán en una segunda audiencia, en la segunda quincena de octubre, con la revisión tarifaria integral”, es decir cuando se anuncien nuevos incrementos de precios y subsidios, esta vez destinados a las arcas de las distribuidoras.

Cuando la diputada del FIT, Myriam Bregman, le preguntó en este Plenario de Comisiones cómo beneficiaría este nuevo régimen tarifario y la continuidad de los subsidios a los amigos del presidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo y el británico John Lewis (dos magnates de la obra pública energética), éste le respondió que “las decisiones del Ministerio de Energía son de carácter general y las consecuencias, para bien o para mal, son de todos los participantes en el sector”, una verdadera ironía.

De esta forma, vemos cómo mientras se derrumba la economía familiar de los trabajadores y los usuarios pierden con los precios de las tarifas y el paupérrimo estado de los servicios.. Los que manejan este millonario negocio siempre ganan. Por esto, desde la izquierda llamamos a movilizarnos este 16 de Septiembre en todo el país contra este nuevo Tarifazo. La única salida de fondo para terminar con esta sangría de recursos, es la estatización sin pago y bajo control de trabajadores y usuarios del sistema energético, para una utilización racional y planificada de la energía.







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