Política

CATORCE AÑOS DE IMPUNIDAD

De Julio López a Facundo Castro: la Bonaerense, sus crímenes y el encubrimiento estatal

Julio López y Facundo Castro, tienen en común a sus victimarios -la Policía Bonaerense-, el encubrimiento judicial y político. Otro dato los vincula, fueron víctimas de la desaparición forzada. Algo más, sus nombres se convirtieron en lucha contra la impunidad.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Gloria Pagés

Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Viernes 18 de septiembre | 11:04

Jorge Julio López, dos veces víctima de la Bonaerense. La primera vez, el 27 de octubre de 1976. Secuestrado por las huestes de Camps y Etchecolatz. Cuarenta años más tarde, el día en que sus abogados querellantes alegarían en su nombre, secuestrado y desaparecido por segunda vez por los herederos de aquellos genocidas.

Catorce años de impunidad pasaron desde aquel 16 de septiembre de 2006. La causa está paralizada y no hay nadie preso. Ni siquiera un imputado. Las esperanzas de encontrar a Julio se fueron desvaneciendo. Sin embargo, no ha dejado de ser un emblema de lucha contra el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, que año a año tiene nuevas víctimas, nuevos rostros, pero los mismos métodos y la misma impunidad.

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Este año, el rostro y el nombre de Facundo Astudillo Castro está inevitablemente asociado al de Julio López. La misma Bonaerense, el encubrimiento, la misma (al menos hasta el momento) impunidad. El cuerpo de Facundo “apareció”, el de Julio no. Pero las circunstancias de su aparición son a todas luces, las del último eslabón de la cadena que empieza con su detención, desaparición forzada y su muerte. En todo ese recorrido, está la Bonaerense.

Se ha dicho innumerables veces que la causa por la desaparición de Jorge Julio López es un “monumento a la impunidad”. Esa impunidad fue construida en base al encubrimiento que operó desde el Estado hacía, una vez más, la Bonaerense y todo el entorno de Miguel Osvaldo Etchecolatz, contra quien López declaró tan detalladamente que dejó helados a todos los que pudieron escuchar su testimonio.

La “gobernabilidad de la fuerza” estaba en juego, y el gobierno nacional y provincial, en manos de Néstor Kirchner y Felipe Solá respectivamente, decidieron priorizar. Ir a fondo implicaba una desestabilización política con consecuencias impensadas.

“López desapareció a manos de una patota ligada a la Bonaerense, pero el encubrimiento se armó en un entramado estatal donde todos tienen responsabilidades. Como nos dijeron en aquel momento: eligieron priorizar la gobernabilidad de la Policía. Fuimos conscientes de que no se iba a ir a fondo cuando Aníbal Fernández nos dijo que no descarta ninguna hipótesis, que López podía estar ’en la casa de la tía’. No descartar ninguna hipótesis es no investigar la principal”, asegura Myriam Bregman, una de las abogadas de López, miembro de la querella del colectivo Justicia YA! y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

He ahí el primer acto del pacto de encubrimiento e impunidad. A partir de entonces, el derrotero fueron enjuagues judiciales, pistas falsas, rastrillajes que súbitamente se detienen a pesar de que perros rastreadores reconocen vestigios de Julio, fiscales que no investigas y pedidos de las querellas que se ignoran (¿les suena?).

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Y, gracias a la insistencia de las y los abogados de Julio, se logró hacer público que 9026 agentes de la Bonaerense, en el momento en el que desaparece López, habían estado en actividad durante la dictadura. Vaya dato sobre la continuidad de las fuerzas represivas genocidas en gobiernos constitucionales.

Hoy, la Bonaerense continúa recibiendo apoyo político. Cuenta con el respaldo del Gobierno nacional, del gobernador Axel Kicillof y por supuesto del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Ha sido empoderada y en la última semana premiada con aumentos en sus haberes después de haberse levantado y rodeado la residencia presidencial. Ese envalentonamiento tiene consecuencias gravísimas para la juventud y el pueblo pobre, como el gatillo fácil, el hostigamiento y la represión, el caso de Facundo Astudillo Castro es la coronación que condensa una política consciente de empoderar y encubrir a una fuerzas represiva completamente descompuesta.

Axel Kicillof le dice a Cristina, la mamá de Facundo, “no vamos a encubrir a nadie”, pero desoye el reclamo que pide que Sergio Berni se vaya, y lo deja lanzar una tras otra provocaciones en cadena nacional contra los abogados de la familia y en defensa de sus policías. Tan es así que se lo agradecieron en pleno levantamiento cuando reclamaban aumento e impunidad.

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La Bonaerense, entrenada para matar

Durante los años de la dictadura, en la Provincia de Buenos Aires los militares, junto a otras fuerzas de seguridad, instalaron verdaderos campos de concentración. Allí vejaban a los detenidos-desaparecidos.

Uno de ellos fue conocido como el Circuito Camps, conformado por al menos 29 Centros Clandestinos de Detención (CCD). Funcionó en nueve partidos del conurbano bonaerense y la ciudad de La Plata. Allí estuvieron más de dos mil detenidos-desaparecidos.

El Circuito Camps esta bajo el control de la Policía Bonaerense. Su nombre hace referencia a quién decidía sobre la vida de los detenidos-desaparecidos era el general Ramón Camps. Julio López fue secuestrado desaparecido por esta patota, el 27 de octubre de 1976. Durante sus años de cautiverio identificó a uno de sus torturadores: Miguel Etchecolatz, mano derecha de Camps.

A la salida de la dictadura la Bonaerense continuó teniendo en sus filas a quienes integraban el Circuito Camps, y a todos los que participaron durante el golpe cívico- militar. Los mismos que previo al golpe, fueron junto a las bandas paraestatales, como la Triple A, la CNU y la burocracia sindical, quienes salían a quebrar la alianza de clase entre el movimiento obrero y la juventud.

Desde 1983 hasta hoy, los crímenes que tiene en su haber la Policía Bonaerense, son imposibles de compilar. Incluso, porque muchos de ellos gozan de tanta impunidad que nunca salen a la luz.

No obstante, otras víctimas de la Bonaerense se convirtieron en bandera de lucha de una generación que salió a denunciar el gatillo fácil y la violencia estatal. Este fue el caso de la Masacre de Budge. El 8 de mayo de 1987 César Aredes de 19 años, Agustín Olivera de 26 y Willy Argarañaz de 24 años estaban tomando una cerveza en una esquina del barrio cuando fueron acribillados por tres agentes de la maldita policía. Pronto este caso dio inicio a una gran lucha. Los crímenes de la Bonaerense continuaron. Miguel Bru, un estudiante de periodismo, fue desaparecido el 17 de agosto de 1993 luego de haber sido detenido y torturado en la comisaría 9 de La Plata. Los crímenes tienen múltiples objetivos que van desde el control social, hasta causas políticas, "económicas" como vemos en estas nombres que traemos un día como hoy. El homicidio del reportero gráfico, José Luis Cabezas, cometido el 25 de enero de 1997. En 1999 la masacre de Ramallo. Los crímenes de Kosteki y Santillán, también conocido como Masacre de Avellaneda, asesinados el 26 de junio de 2002 por reclamar aumento de salarios, trabajo para los desocupados, subsidios para los jubilados y solidaridad con los obreros de Zanon.

En octubre de 2004 ocurrirá la Masacre de la comisaría Quinta de Quilmes. Más tarde vendrá el caso Luciano Arruga, que dejó expuesto cómo la Policía obliga a los adolescentes a robar para el botín de la comisaría. Después seguirán otras trágicas masacres cometidas por esta misma fuerza, la de Pergamino, o la de Miguel del Monte, que son las más cercanas en el tiempo.

Facundo Castro, la lucha de su madre junto a miles que reclaman justicia, volvió a exponer a esta fuerza. Todos estos crímenes fueron encubiertos por el poder político y judicial. Desde Eduardo Duhalde, pasando por Carlos Ruckauf, el gobernador que pedía “meta bala al delincuente” y Felipe Solá, responsable político del asesinato de Dario y Maxi, hasta Daniel Scioli y María Eugenia Vidal. Todos ellos le pidieron a la Bonaerense, como lo hace hoy Sergio Berni, que ejerzan el control social y apliquen la mano dura. Lo que termina resultando una incitación a las patotas policiales para lanzarse contra los jóvenes, que terminan torturados, asesinados o desaparecidos.

Continuidades, la utopía de la reforma y la lucha por justicia

A Julio López y a Facundo Castro los separan infinidad de procesos políticos e históricos. Así como hay grandes trazos que los unen.

En estos catorce años el tiempo y la biología han ido “depurando” a la policía de gran parte de esos 9.026 que fueron parte del genocidio. Sin embargo, no hace falta que la continuidad sea física. Es ideológica y material. La incorporación de agentes jóvenes a la Bonaerense no le cambia a ésta su carácter asesino, que ha perdurado reforma tras reforma desde la caída de la dictadura, no le cambia tampoco el hecho de que sean los garantes y regentes de delitos que sin su venia tendrían corta vida, como el narcotráfico, los robos (para los que utilizan a pibes pobres como Luciano Arruga, que se negó y terminó muerto), trata de personas, desarmaderos y una larga lista.

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¿Cuántos años tienen los y las policías que están implicadas en la desaparición y muerte de Facundo Castro? Las medio hermanas “Janita” Curuhinca y Siomara Flores son a simple vista muy jóvenes, por ponerlas como simple ejemplo.

La utopía de que con educación y democratización esto se derriba impide discutir el verdadero carácter de las fuerzas de seguridad: son aquellos a quienes el Estada ha otorgado el monopolio (uso exclusivo) de las armas, es decir, un poder descomunal, para la defensa de los intereses de ese mismo Estado y de aquellos a quienes representa: el gran capital y las patronales.

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Hagamos sino una pregunta hasta ingenua: ¿Por qué son los hijos de la clase trabajadora las víctimas de la policía Bonaerense en este caso? ¿Por qué López, que denunció a unos de los carniceros más repulsivos de la dictadura, terminó víctima de bandas impunes que actúan al amparo de la Bonaerense? ¿Por qué Facundo? ¿Porqué los trabajadores que luchan son víctimas de sus palos, balas y gases?

Con formación o sin ella, las fuerzas policiales seguirán ejerciendo la violencia estatal.

Catorce años sin Julio López, en un marco como el actual, con las fuerzas de seguridad empoderadas por el gobierno de Alberto Fernández y los gobernadores. Con el Ejército en los barrios, con un centenar de casos de gatillo fácil y Facundo desaparecido y asesinado, nos impulsa a luchar más que nunca junto a las familias de las víctimas, a salir como este jueves con los jóvenes, los trabajadores y las familias de Guernica que reclaman un pedazo de tierra para vivir.

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No hay pandemia que nos haga resignar nuestra exigencia de Justicia, de castigo a los responsables y de ponerle fin al encubrimiento estatal a la Bonaerense.

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