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Precarización laboral

De material de descarte a ser "esenciales": así tratan Edenor y Edesur a sus trabajadores

La crisis abierta por el coronavirus tiene su correlato en el sector eléctrico, un servicio esencial que llega a esta crisis con empresas privatizadas, un pésimo servicio para todos los usuarios, cortes de luz, tarifazos, mayor persecución y precarización laboral para a sus trabajadores. ¿Cómo se vive en el sector la pandemia?

Sábado 28 de marzo | Edición del día

La empresa Enel llevó adelante una avanzada contra sus trabajadores, aumentó el control para sancionar, fue diezmando la plantilla de personal permanente y calificado en estos últimos años y despidió a trabajadores mediante el famoso “retiro voluntario”. Pero también aumentaron las empresas tercerizadas como Luminitec y Rowing, que prestan servicios a las grandes distribuidoras y precarizan a sus trabajadores, que al afiliarlos directamente a la UOCRA no les permite el encuadre gremial correspondiente para estar bajo convenio de Luz y Fuerza. Tienen la complicidad de las dirigencias de Luz y Fuerza, la UOCRA y por supuesto, de los gobiernos de turno que lo único que hicieron fue beneficiarlos en detrimento del servicio, usuarios y trabajadores.

Ahora, en el marco de la pandemia, considera que los trabajadores son "esenciales” por las tareas que realizan, aunque sigan recibiendo amenazas y el desprecio por sus vidas y el de sus familias.

Los trabajadores del sector exigen que el personal que no está capacitado y que no tiene tareas de emergencia cumpla con las normas sanitarias, queden a resguardo y que los suministros para minimizar los riesgos de contagio sean considerados parte de los elementos de protección personal (EPP) para resguardo de sus familias y los usuarios. Mientras tanto, Enel pretende imponer la multifunción, precarizar aún más el servicio obligando a trabajadores a tomar servicio en áreas que no son comunes a sus tareas.

¡Plan de emergencia ya!

El pase a planta permanente de todos los trabajadores tercerizados del sector es una necesidad esencial de servicio. Esta medida queda corta sin un plan acabado de formación técnica profesional y la reducción de la jornada de siete horas a seis en combinación con los desafíos que imponen las nuevas tecnologías y el desarrollo de energías autosustentables. La flexibilización laboral y la multifunción devenidos del esquema de las privatizaciones demostró su incompetencia para estar a la altura de todas las crisis que se sucedieron.

Hoy vemos que no son esenciales los retiros voluntarios, que el pase a planta permanente es urgente, que hay que completar los planteles, que las escuelas de formación son indispensables. El retiro de medidores prepagos y la reposición del suministro de manera inmediata es vital. La suspensión del cuadro tarifario es indispensable. Tiene que conformarse un cuadro tarifario en función de los costos de mantenimiento. En esta etapa crítica se deben retrotraer las tarifas a valores del 2017. Hay que resolver de fondo y para siempre el más humillante agravio de estas empresas en complicidad de todos los gobiernos. Exigimos gratuidad YA para todos los electro-dependientes.

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Números que asustan al Covid-19

El festival de los subsidios otorgados bajo el kirchnerismo a las empresas administradoras de los servicios fue escandaloso. De 2007 a 2015 inclusive se pagaron 86.000 millones de dólares en subsidios energéticos. Estas mismas empresas durante la última década presentaron una escalada visible en cortes de luz por falta de suministro afectando a millones de familias trabajadoras. El abastecimiento energético del país sigue siendo insuficiente a pesar de los miles de millones de dólares que salieron de los bolsillos de los trabajadores hacia ese sector estratégico.

A partir de los tarifazos macristas, las empresas -que antes dibujaban balances en rojo- pasaron a mostrar ganancias exponenciales. Edenor registró ganancias por $ 691,2 millones. En solo dos años, las subas alcanzaron un 1600%. Un informe del Observatorio Oetec reveló que Nicolás Caputo, accionista de Central Puerto, y Marcelo Mindlin, dueño de Edenor, obtuvieron en 2017 ganancias por $ 9.076 millones.

¿Que pasaría si las empresas de servicios, tal como propone Nicolas del Caño, pasan a ser estatizadas nuevamente? Los usuarios populares tienen que tener el poder de controlar las empresas de servicios y revisar en qué se invierte su dinero, así como la gestión de las empresas debe estar en manos de sus propios trabajadores.







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