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OPINIÓN

Decreto 3029: decálogo de la precarización docente

Ante el fuerte rechazo al decreto que regula la labor docente, la conducción de Amsafe convocó a una asamblea provincial para este jueves. Sin que haya debate en las escuelas proponen tres documentos sobre el decreto 3029, una guía para intervención en situaciones complejas y un reglamento para la producción y el trabajo.

Miércoles 27 de junio | Edición del día

Foto: Rosario Plus

La marea de reclamos en el sector se refleja en todos los ámbitos y parece haber logrado el acuse de recibo de la conducción provincial. Después del descrédito por aceptar los seis kilos de pan ofrecidos por Miguel Lifschitz, la Celeste presentan estos documentos pero sin que se debatan en las escuelas. Alesso y compañía hicieron la tarea, tarde y sacaron un “insuficiente”, por lo cual hay que mandarlos directo a marzo.

En los documentos La Celeste asegura que "el 3029 es una conquista paritaria" pero, omite que un/a reemplazante debe asistir obligadamente durante 60 días al trabajo, sin posibilidad de tomar licencia por enfermedad. Tampoco pone en discusión el cobro a los 60 días de reemplazo, del proporcional de vacaciones de reemplazantes con retrasos de hasta 6 meses, no gozar de licencias gremiales por parte de docentes reemplazantes, de que los preceptores trabajen seis horas reloj o que quienes se inscriben por artículo 10 aparecen al final del escalafón estando por detrás de habilitantes y supletorios. De esta manera no se respeta a los docentes recién recibidos, desestimando el puntaje obtenido hasta el momento.

Otro reclamo es la llamada “Tablita de Balagué” que significa mayor precariedad e inseguridad laboral. ¿Cuánto tendremos que esperar para que la conducción provincial se haga carne de temas tan sensibles y delicados como la salud laboral?

La cajita feliz viene con sorpresa

Semanas atrás se dio a conocer una denuncia que cuestiona la transparencia en las ponderaciones para escalafonamiento y la vinculación de Universidades privadas que otorgan puntajes "mágicos" en detrimento de la oferta educativa pública.

Frente a esto la propuesta Celeste se limita a bajar de 100 a 30 el puntaje máximo por formación. Nada se manifiesta respecto de la legitimidad y origen de la oferta privada, ni del criterio empleado para validar unos cursos y no otros. Recordemos que la mayoría de la “oferta” provienen de FASTA que es una institución privada con reconocimiento como una Universidad Nacional. Nuestro planteo es que la formación docente debe estar garantizada de manera gratuita, en servicio y de manera irrestricta mediante las instituciones públicas educativas.

Pero no hay posibilidad de una verdadera formación de calidad si nuestro gremio no levanta el planteo de que el salario docente debe ser igualado a la canasta familiar por un cargo. La doble o triple jornada laboral es un atentando contra la calidad educativa y contra nuestra salud. El nuevo acuerdo de vasallaje con el FMI estipula para la educación más recortes al bajo presupuesto existente. La devaluación de los últimos meses es otra forma de ajuste. Por eso la defensa de la calidad educativa empieza por plantear una política que levante las consignas de fuera el FMI y por el no pago de la deuda externa (lo que se destina en ella equivale a 10 presupuestos educativos nacionales).

Protocolo: docentes y niñxs en riesgo

Otro de los documentos cuestiona el protocolo de acción docente en "situaciones complejas" para “defender y garantizar los derechos de lxs alumnxs en el marco de la Ley de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes”, que se inscribe en el decreto 2288/16.

La vigencia de este protocolo viene siendo cuestionada por la comunidad educativa debido a la exposición y consecuente desprotección de los y las trabajadoras de la educación a la hora de realizar denuncias que emergen de contextos innegablemente críticos. El femicidio de la docente Vanesa Castillo, puso blanco sobre negro a una realidad invisibilizada por la dirigencia política y gremial de la provincia.

Dicha revisión se orienta al resguardo de la identidad del trabajador, que ya no deberá efectuar denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación; sino que ésta responsabilidad será deslindada en los Delegados Regionales del Ministerio de Educación. Los petitorios y reclamos del colectivo docente resumen la multiplicidad de voces desoídas hasta el momento, solicitando el amparo y protección que no se les garantizara, desde el año 2016 en que la normativa legal mencionada tuviera vigencia.

Retomemos la lucha para enfrentar el ajuste

La conducción provincial pretende maquillar un decreto que implica un modelo de sobrecarga laboral para un sector e inestabilidad prolongada para otras y otros. Esto está relacionado con que es esta misma dirección sindical que aceptó acuerdo provinciales que van entre el 15 y el 20 por ciento cuando la inflación de este año se calcula en un 30 por ciento.

Los paros aislados y sin continuidad no van a frenar el ajuste y defender nuestros derechos. Desde la agrupación docente Marrón/9 de Abril del PTS en el Frente de Izquierda creemos necesitamos asambleas en las escuelas que mandante a delegadas y delegados para debatir estas problemáticas y para poner en pie un plan de lucha provincial y nacional de la docencia.







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