Juventud

OPINIÓN

Derecho UBA: la lucha hacia este 24 de Marzo

El gobierno del ajuste y los despidos y su ataque a la memoria de los 30.000 desaparecidos. Un balance necesario para enfrentar a la teoría de los demonios que intenta imponerse desde el regreso de la democracia.

Adriana Bilbao

Miembro del CeProDH | Estudiante de Derecho UBA

Eric Soñis

Abogado - CeProDH

Jueves 16 de febrero de 2017 | 09:51

Franja Morada: el cinismo de la cantera radical

Reivindicación de los 30.000, repudio a los dichos de Centurión u oposición a la baja de edad de imputabilidad, son algunos de los recientes posicionamientos de la Franja Morada. Luego de que la UCR se fundiera dentro de Cambiemos, su juventud universitaria hace lo posible para lavarle la cara la al partido del que, no casualmente, sigue siendo parte.

La historia política del ya irónico “partido radical” es bien conocida: desde el fusilador de Irigoyen en la Patagonia Rebelde hasta la masacre del ajustador de De la Rúa en las jornadas de diciembre del 2001, pasando por Frondizi e Illia, negociadores con los militares de su época para la transición a una democracia que mantenía los resabios dictatoriales.

Al calor de esta Juventud morada se forjaron el ex SIDE Darío Richarte y el ex dirigente universitario en los ’90 y actual funcionario de la UBA Emiliano Yacobitti, denunciado antes y ahora por casos de corrupción y de violencia.

Si el discurso morado puede retacear en este nefasto historial, lo que se mantiene incólume es la defensa de dos pilares del derrotero radical: Alfonsín y el Juicio a las Juntas.

Del “padre de la democracia” al padre de la teoría de los dos demonios

Electo al calor de la enorme movilización popular contra los ocho años de la más sangrienta dictadura que vivió la Argentina, Alfonsín asumió en un clima convulsionado, marcado por la exigencia del Juicio y Castigo a unas Fuerzas Armadas deslegitimadas hasta la médula.

La apropiación de esta exigencia por parte del gobierno alfonsinista consistió en equiparar el accionar de los militares con el de las organizaciones políticas armadas que se encontraban desarticulas al momento del golpe. El Juicio a las juntas buscó una rápida condena a las cúpulas para salvaguardar a las Fuerzas de conjunto. Las leyes de obediencia debida y punto final sancionadas en acuerdo con el peronismo, fueron la estocada final para intentar hacer del Nunca Más una reconciliación forzosa con los genocidas.

El ataque contra la Memoria de parte de funcionarios macristas encuentra su germen en aquella intentona radical por negar que hubiere un plan sistemático de exterminio. “Se hizo lo que se pudo” suele ser el cínico consuelo de la Franja Morada, en su búsqueda por justificar el la impunidad a miles de genocidas, a los responsables civiles y a los grupos económicos que llevaron adelante la dictadura.

Serán los organismos de DDHH y su accionar constante, que mantuvieron su independencia frente a todos los gobiernos de turno con la misma tenacidad con la que llevaron incólumes las banderas del Juicio y Castigo, los que años más tarde lograrán imponer en sentencias y en la opinión pública aquello que el sello de impunidad radical busco negar: fueron 30.000, fue un genocidio.

De la triple A hasta Milani

Pero el ataque del macrismo a los 30.000 encuentra bases en el otro gran partido cómplice de la impunidad: el Partido Justicialista. Era 1973 cuando el Teniente General que, tras varios años de exilio en la España franquista, regresaba al país sobre el manto de sangre de la Masacre de Ezeiza. Será el bautismo de fuego de la Triple A, creada por el asesor de Perón para perseguir a activistas obreros y militantes de izquierda, incluidos los peronistas.

Ya en dictadura, el Partido Justicialista aportará decenas de intendentes al “gobierno” militar junto a un puñado de sindicalistas que actuaban en los grupos de tareas, como Moyano en la CNU o Gerardo Martínez en el Batallón 601.

Tras el largo lapsus del peronismo neoliberal encabezado por Meném y sus secuases, el retorno del PJ en el 2003 y su mentada transversalidad política significó el retorno de varios de estos personajes implicados en la dictadura. La derogación de las leyes del olvido y el perdón junto con la reapertura de los juicios a los genocidas le permitió al kirchnerismo dialogar con amplios sectores que mantuvieron en alto la lucha contra la impunidad.

Con la desaparición de Jorge Julio López salen a la luz los 9000 efectivos de la policía bonaerense provenientes de la dictadura. El por aquél entonces gobernador de la PBA Daniel Scioli, al igual que la plana mayor del kirchnerismo, no tomó medida alguna por ninguno de estos dos hechos.

Mientras Néstor Kirchner utilizó la simbólica bajada del cuadro de Videla como antesala de estas medidas, fue Cristina quien dejo lo simbólico de lado para proponer el ascenso de Cesar Milani al mando de las Fuerzas Armadas. Su “renuncia por motivos personales” solo fue posible gracias a la fuerte denuncia de aquellos organismos de Derechos Humanos que, como decíamos antes, mantuvieron su independencia política frente al Estado tras una década cargada de símbolos y de pocas medidas reales que atacaran de lleno los largos años de impunidad. Los archivos de la SIDE siempre ocultos negaron una vasta información sobre grupos militares, civiles y económicos que sostuvieron el genocidio y se beneficiaron en democracia.

La universidad como terreno de disputa

Tras varias décadas de impunidad de parte de los gobiernos de turno, en la UBA se está definiendo que balance prevalece sobre la dictadura. El rectorado y la mayoría de los decanatos están compuestos por la UCR en alianza con el PRO. Miles de estudiantes y docentes que salieron a las calles contra el recorte presupuestario a la educación pública en el 2016, hoy dan una fuerte pelea en las aulas contra el intento por imponer la teoría de los dos demonios

Centurion y Loperfido son la demostración del intento de Cambiemos por reinstalar el relato de los dos demonios. En Derecho de la UBA, bastión de la UCR y el PRO, se va a definir qué discurso prevalece: la política de Cambiemos contra las libertades democráticas y el bastardeo a la memoria de los desaparecidos, o la lucha incansable de los organismos de Derechos Humanos por mantener vigente que fueron 30000, fue un genocidio.







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