JUJUY

Diputados de Gerardo Morales avanzan en desafuero de diputada del FUyO

En una controvertida sesión se avanzó en el intento de modificación del código procesal penal de Jujuy para efectuar el desafuero de Mabel Balconte acusada en las causas contra la Tupac Amaru.

Jueves 10 de marzo de 2016 | Edición del día

La convocatoria a la sesión extraordinaria para tratar el desafuero de la diputada provincial del FUyO Mabel Balconte y derivado de este tema, la modificación del Código Procesal Penal de la provincia fue para las 11:00 del día de ayer.

Debido a la presentación realizada por la defensa de la diputada que aduce serias y marcadas irregularidades en el proceso es que se debió girar dicho proyecto nuevamente a comisión.

El pedido de desafuero recordamos lo hizo el juez Gastón Mercau en el marco de la causa contra dirigentes de la Tupac Amaru por coautoría de delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. Se trata del mismo juez, que mantiene detenida a Milagro Sala desde el 16 de enero sin tener pruebas como denunciaron los abogados y referentes de DDHH que repudiaron el accionar del juez.

De avanzar el desafuero de Balconte se sentaría otro precedente más del accionar ilegal de la juez ex yerno de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara De Langhe de Falcone ex diputada radical que responde a Gerardo Morales, quien designó a Mercau ante la causa de Sala tras la solicitada de feria del Juez Raúl Guitérrez horas después de dictar la detención de la dirigente social.

La propuesta de los diputados de “Cambia Jujuy” (UCR-FPJ) de modificatoria del artículo 34 del Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy, Ley 5.623, de modo que quede redactado de la siguiente manera: "artículo 34: Recursos: contra la solicitud de desafuero, remoción o juicio político no se admitirá recurso alguno".

En la actualidad el art. 34 está redactado de esta manera, “Contra la solicitud de desafuero, remoción o juicio político podrán interponerse los recursos ordinarios y extraordinarios que autoriza la legislación vigente.” Cuestión que habilita al legislador acusado de algún delito a no ser detenido –como sí pretende el juez Mercau- presentando el recurso a defensa que brinda el art. 69 de la Carta Magna que establece que “ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el día de su cese puede ser arrestado, excepto en el caso de ser sorprendido en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.

Ninguno de estos hechos corresponde al caso de la acusación sobre Balconte, como tampoco el juez ha puesto a disposición las pruebas para iniciar el pedido de desafuero. El procedimiento ilegal va en línea con el accionar de persecución por el cual se procesa y detiene a alguien sin tener las pruebas, solo por la sospecha de un juez y fiscales que actúan bajo las órdenes del poder ejecutivo.

El presidente de la comisión de Asuntos Institucionales, Ramiro Tizón (Partido Socialista), explicó en qué situación se encontraba el mismo, “ante la apelación que hizo la diputada, sobre el pedido de desafuero del magistrado, se suspende el tratamiento legislativo, hasta que se encuentre firme el oficio del Juez de control, basada en los artículos 34 y 443 del código procesal penal”.

La modificación del artículo 34 del Código Procesal Penal (Ley Nº 5623) tomó estado parlamentario, para ser tratado en comisión de Asuntos Institucionales.

Cabe mencionar que el bloque de diputados del FPV no se presentó a la sesión aduciendo, a través de su presidente Javier Hinojo, que la citación había sido para las 11:00, pasadas dos horas de ello y no habiendo sido notificados nuevamente es que se retiraban. Aunque ninguno de sus diputados se manifestó acerca de si votarían a favor o en contra del pedido de desafuero de una diputada que es parte del kirchnerismo.

Así mismo el bloque oficialista no contó con el número suficiente de legisladores a la hora de inicio y debió recurrir a intensas y dilatadas negociaciones para que dos diputados del PJ (Rubén González y Carlos Lops) finalmente permitieran que se dé inicio el trámite legislativo.







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