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EE.UU. y la Argentina. Negocios son negocios

El periodista Marcelo Bonelli indica en su columna de hoy en Clarín que Washington tiene información de que el gobierno de Cristina Kirchner profundizará el hostigamiento y las amenazas contra compañías norteamericanas que operan en el país. Según el periodista, para la administración norteamericana se trataría de “una represalia que la Presidenta quiere instrumentar como respuesta al fallo de Thomas Griesa en favor de los fondos buitre”. Pero esta aducida preocupación no se condice con lo que está ocurriendo.

Esteban Mercatante

@EMercatante

Viernes 26 de septiembre de 2014 | 13:15

El día de ayer la firma norteamericana General Motors, definió sin mayores problemas su no participación en Pro.Cre.Auto II. El gobierno había amenazado con cortar cualquier disponibilidad de divisas a las terminales que no participaran de la continuidad del plan. Pero la firma norteamericana saltó las represalias con una excusa de peso: tiene en marcha una fuerte inversión por 740 millones de dólares destinada a la fabricación de un vehículo de plataforma exclusiva para la región en su planta de Santa Fe. Fiat y Honda, las otras firmas que salieron del plan, no la tendrán tan fácil. “Solo habrá dólares para los que hagan bien las cosas”, había anticipado Giorgi esta semana en las audiencias con las automotrices.

La también norteamericana autopartista Lear, proveedora clave de Ford, tampoco padeció ningún “hostigamiento” por parte del gobierno. Todo lo contrario. La “santa alianza” de empresarios, burocracia sindical y estado funcionó como un relojito contra los delegados y el activismo de la fábrica, que desde finales del año pasado la empresa y la conducción del SMATA vienen intentando barrer de la fábrica. En un país donde faltan dólares y se “pisa” toda importación de insumos, a Ford se le permitió importar desde las fábricas de Lear en Centroamérica y Europa los mismos cables de los que suele abastecerla Lear Argentina. El objetivo: que la patronal tuviera la vía libre para frenar la fábrica sin preocupaciones y afirmar, insólitamente, que son los “revoltosos” activistas los que impedían trabajar. Ni que hablar de la gendarmería y la policía boneaerense, dedicadas durante el conflicto a “hostigar”, no a las empresas “buitre”, sino a los despedidos en su acampe frente a la planta.

En el caso de Donnelley, la Presidenta la eligió como “contrincante”, y amenazó con aplicarle a los empresarios la ley antiterrorista, al vincular el accionar desestabilizador de la multinacional yanqui con oscuros fondos buitre que son accionistas minoritarios de la misma. Pero lo hizo luego de que los trabajadores ingresaron a la planta y la pusieron a funcionar, tras la huída de los gerentes. La gráfica estadounidense presentó a comienzos a agosto una quiebra fraudulenta, dejando 400 familias en la calle. En menos de una semana de la amenaza de Cristina, funcionarioo del gobierno aclararon que de ningún modo se iba a aplicar esa reglamentación contra los empresarios. Meses antes, los trabajadores de la empresa habían exigido que el Ministerio de Trabajo no otorgue los RePro a la empresa, ya que estaba subsidiando a una multinacional que no tenía ninguna crisis. Hoy, a pesar de las declaraciones de Cristina Kirchner y otros funcionarios oficiales, los obreros siguen produciendo pero sin poder cobrar los trabajos. Ante la actitud del juez, el síndico y la compleja situación de más de 300 familias, no hay respuestas concretas.Por eso el jueves 25/9 los trabajadores de Donnelley realizaron una movilización al juzgado y al Ministerio de Trabajo. Allí plantearon que si bien en las declaraciones el gobierno denunciaba la quiebra fraudulenta y aseguraba iba a garantizar los puestos de trabajo, nada estaba haciendo al respecto. Finalmente los funcionarios debieron firmar un acta que reconoce la aprobación de la RePro y otorga fecha de pago para el 14 de octubre. Los representantes de los trabajadores, acompañados por sus abogados, además exigieron un pronunciamiento oficial a favor de la cooperativa. Por último, reclamaron que el gobierno envíe productos a imprimir a la planta de Garín, tal como se hacía cuando era gestionada por los empresarios hoy investigados.

Todo muestra que entre los dichos y los hechos, hay mucha diferencia.
Y ni hablar del sector petrolero. El proyecto de ley que va a tratarse en el congreso las próximas semanas debería llamarse la Ley Chevron. Esta empresa recibió con el convenio firmado en julio pasado concesiones extraordinarias de YPF S.A. y de la Provincia de Neuquén. La nueva reglamentación petrolera se propone darles rangos de ley, y facilitar el trámite para extenderlas a nuevos convenios. Durante la última búsqueda del gobierno argentino de atraer capitales a Vaca Muerta siguió a toda máquina, mientras el Ministro de Planificación Julio de Vido intentaba convencer al Secretario de Energía norteamericano de todos los negocios que podrían hacer las petroleras yanquis con los hidrocarburos no convencionales de Argentina si se destraba la cuestión de los buitres en el juzgado de Griesa.
Que el “hostigamiento” no afecte los negocios.







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