Política

PANORAMA

Efemérides que enojan, la verdadera inseguridad y el “fuego amigo” que jode a Bullrich

Los 17 de octubre de Santiago y Luciano. Bullrich tratada de tonta por Carrió y de represora por movimientos sociales. Un testigo clave de un juicio contra policías atacado y amenazado mientras exefectivos de la Federal extorsionan a sus jefes políticos por más privilegios.

Daniel Satur

@saturnetroc

Sábado 20 de octubre de 2018 | Edición del día

Foto Mar Ned

La semana que termina estuvo cruzada por dos aniversarios que no tienen que ver con la “lealtad peronista” aunque compartieron fecha con esa liturgia. El miércoles 17 de octubre los nombres y los rostros de dos jóvenes unieron en una misma simbología de muerte al macrismo y al kirchnerismo.

Un año se cumplió del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado. Estaba flotando en las frías aguas del Río Chubut. Fue tras estar 78 días desaparecido, luego de una salvaje represión de la Gendarmería contra la comunidad mapuche de la Pu Lof de Cushamen. Al mando de esa fuerza, el gobierno nacional de Cambiemos.

Y cuatro años se cumplieron del hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga. Estaba enterrado como “NN” en el cementerio de la Chacarita. Fue tras estar 2.085 días desaparecido, luego de sufrir torturas letales de la Policía Bonaerense por negarse a salir a robar para ella. Al mando de esa fuerza, el gobierno provincial del Frente para la Victoria.

Que en ninguno de los actos peronistas del miércoles se haya hecho siquiera mención a ambos jóvenes, además de algo lógico, es toda una demostración de cuánto valen esas vidas para quienes gobernaron y gobiernan.

Hablando de quienes gobiernan, la ministra defensora de las criminales de uniforme Patricia Bullrich recibió una inesperada cachetada mediática o, mejor dicho, una ráfaga de “fuego amigo”. Elisa Carrió la atendió en medio de una entrevista en el canal LN+, tratándola cuanto menos de ingenua (hay quienes interpretaron que en verdad la trató de estúpida).

- El problema de la droga en Argentina, ¿bajó o sigue aumentando? – preguntó el periodista José del Río.

  •  Bajó un poco porque hay una actitud distinta de la ministro de Seguridad. Pero no decisivamente, porque sectores de la fuerza la están engañando. Es decir, le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue – respondió la diputada.
  •  ¿Quién la engaña?
  •  Sectores de Gendarmería, Prefectura, etcétera.
  •  ¿Por qué?
  •  Y porque ellos siguen haciendo el negocio pero te entregan un pedazo para decir “estamos luchando”

    A confesión de parte, relevo de pruebas. La cofundadora de Cambiemos y “líder moral” de la coalición gobernante dejó en ridículo a quien día a día lanza sus comunicados y videos institucionales anunciando “exitosos operativos” en su “lucha contra el narcotráfico”.

    De todos modos, decir que Bullrich es “engañada” por las fuerzas a su mando está muy lejos de ser un diagnóstico certero de la realidad. Es, más bien, otro de los patéticos chistes de Lilita.

    No hay una sola persona que haya ocupado el cargo de ministro de Seguridad de la Nación o de la Provincia que desconozca la estrecha relación, estructural, que hay entre grandes capitalistas del delito y el crimen organizado y las llamadas “fuerzas de seguridad”, esas que están detrás de las muertes violentísimas de Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y tantos otros hijos del pueblo trabajador. No nos quieran engañar.

    Si al “fuego amigo” lanzado por Carrió se le suma la denuncia ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) presentada por organizaciones sociales contra Patricia Bullrich, la semana de la ministra no fue de las más felices.

    Barrios de Pie, la CTEP y la CCC la denunciaron por estigmatizar con “conceptos xenófobos y políticos” a quienes se organizan en las barriadas populares, “asociándolos en forma lisa y llana como causa y fuente de flagelo del narcotráfico”. Es que Bullrich había dicho que “la relación entre el narco y los punteros políticos de villa es muy estrecha”. Lo que no esperaba era que su amiga Lilita le hiciera puré el argumento.

    Negocios plagados de ilegalidad y violencia ensañada contra la juventud pobre. Dos de los sellos distintivos de todas y cada una de las agencias de “seguridad” federales y provinciales que saturan el país de balas, sirenas y control policial.

    Garantizar las ganancias capitalistas a como dé lugar y al que no le gusta, palo y a la bolsa. Esa ecuación tenebrosa solo es desenmascarada por la lucha consecuente y sin descanso de las víctimas, de sus familiares y del enorme arco de organismos de derechos humanos que supimos conseguir.

    Dos de esas luchas obligaron a que por estos días se siente en el banquillo de los acusados una veintena de policías y funcionarios.

    Tras casi una década de espera, ocho jerarcas de la Policía de Río Negro son juzgados por las muertes de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, asesinados junto a Diego Bonefoi el 17 de junio de 2010 en El Alto, una barriada popular de Bariloche.

    Y por el crimen de Fabián Gorosito, ocurrido también en 2010 pero en una comisaría de Merlo (oeste del Gran Buenos Aires), desde agosto se desarrolla el segundo contra once uniformados bonaerenses. Un primer proceso había sido anulado previamente por haber estado “plagado de irregularidades”, según la propia Cámara de Casación Penal de la Provincia.

    Alrededor de este último juicio, un episodio nefasto se dio durante la madrugada del sábado pasado. Cuatro hombres armados y encapuchados ingresaron al domicilio de Daniel Mancini, a quien golpearon y amenazaron. Se trata nada menos que de uno de los testigos clave de ese juicio, cuyo testimonio compromete a los efectivos que mataron a Gorosito hace ocho años.

    El ingreso de esos encapuchados a la casa de Mancini no es algo extraño. Es una metodología archiconocida en la fuerza que hoy dirige María Eugenia Vidal, que dirigió por más de dos décadas el peronismo pero cuya escuela de formación sigue siendo la de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. Y además se da en medio de un clima donde desde las altas esferas del poder político y judicial se “deja hacer” a esos elementos reaccionarios, tanto estatales como paraestatales.

    Si el Gobierno nacional se negó a explicar de forma rápida y clara quiénes y cómo perpetraron la catarata de amenazas de muerte a Myriam Bregman y Nicolás del Caño, siendo algo sencillo de hacer desde el Estado, ¿por qué extrañarse de que los acusados de matar a Gorosito o algunos de sus cómplices se sientan confiados para lanzarse cual grupo de tareas a amedrentar testigos?

    Mucho menos puede resultar extraño, entonces, que una caterva de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires haya tomado por asalto la Secretaría de Seguridad porteña para apretar a sus jefes políticos y exigirles que los vuelvan a convertir en miembros de la Policía Federal, para recuperar todos sus privilegios (legales e ilegales) resignados luego de la fusión de parte de la Federal y la Metropolitana. Algo que el propio gobierno de Rodríguez Larreta les había prometido pero no les estaría cumpliendo.

    A quienes no extrañó para nada la toma de la cartera de seguridad porteña fue a las grandes empresas periodísticas de la capital del país, que mantuvieron bastante en silencio la noticia para no alterar el “orden” más de lo recomendable. Buena forma de hacerle “la segunda” a los perros guardianes de los que suelen nutrirse esos mismos medios para sus secciones policiales. Al cierre de esta edición no se había informado si los protestantes pasaban la noche en el edificio o bien suspendían la protesta por el fin de semana.

    Mientras todo eso pasó en la semana, dos importantes juicios por crímenes de lesa humanidad siguen llenándose de testimonios. En La Plata el proceso contra una veintena de represores de la Brigada de San Justo sigue nutriéndose de voces que reafirman una y otra vez quiénes, cuándo y cómo perpetraron un verdadero genocidio de clase.

    También en San Martín, donde se investiga el crimen de la militante del PST Ana María Martínez en 1982. Este jueves allí declaró Carlos “Titín” Moreira, uno de los compañeros de lucha y militancia de la joven asesinada sobre el final de la dictadura y actual dirigente del PTS y el Frente de Izquierda.

    Luchas contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy. Luchas que se nutren y retroalimentan.

    La semana terminó con un poco de alivio llegado desde Rosario. El policía Emiliano Gómez recibió una condena a veinte años de prisión efectiva por el asesinato del joven Brandon Cardozo, ocurrido mientras este festejaba el año nuevo en 2016.

    Este sábado el Frente Izquierda y otras organizaciones marcharán a la embajada de Brasil en Buenos Aires para gritar bien fuerte contra Jair Bolsonaro y su proyecto político antiobrero, racista, misógino y homofóbico. Una cita de honor para quienes defienden las libertades democráticas en Argentina, Latinoamérica y el mundo. La lucha continúa.







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