Política

El Gobierno extendió la cuarentena hasta el 7 de junio

El Presidente defendió la política de subsidios que viene beneficiando a grandes empresas como Techint y Clarín. Luego de una semana de cruces entre el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe porteño, regirán nuevos controles para la circulación en la zona metropolitana del AMBA

Sábado 23 de mayo | 21:25

A diferencia de las conferencias anteriores, en este caso la expectativa era mayor, no solo por los 65 días que lleva el aislamiento, sino porque sobre todo en estos últimos 14 días no solo subió el número de contagios, también se agrava la situación angustiante de enormes sectores de la población.

Es notorio cómo viene subiendo la cantidad de suspensiones y despidos, pero también la resistencia de sectores de trabajadores que salen a enfrentar a las diversas patronales que ponen por encima sus ganancias antes que la vida del pueblo trabajador.

En la Ciudad de Buenos Aires, la decisión es dar marcha atrás con la apertura de varios comercios, en algunos barrios puntuales como Liniers, Constitución, Balvanera.

El acuerdo al que llegaron tanto Alberto Fernández con Rodriguez Larreta y Axel Kicillof es volver a realizar mayores controles en el transporte público. Quienes estén comprendidos en trabajos denominados esenciales, tendrán que volver a sacar un permiso y solo serán estos sectores quienes puedan obtenerlo para transitar entre ambas jurisdicciones.

Esta última semana uno de los focos estuvo puesto en la ciudad que gobierna Rodriguez Larreta, del PRO, sobre todo a partir de la muerte de Ramona Medina, militante de la organización barrial La Garganta Poderosa y habitante de la villa 31, días después murió otro activista social, Victor Giracoy.

Ramona venía denunciando las condiciones en las que viven los habitantes de ese barrio popular, donde además del hacinamiento, sufren la falta de agua. Dos factores que hicieron que el virus avance con fuerza. Pero la falta de servicios básicos no es exclusiva de Ciudad de Buenos Aires, en los asentamientos de la Provincia, que gobierna Kicillof, pasa lo mismo.

Fernández se refirió a estos sectores populares planteando que "sabíamos que iban a aumentar la cantidad de casos en esos barrios". Los familiares y vecinos de Ramona, se estarán preguntando porqué no actuaron antes, si sabían.

El dirigente nacional del PTS en el FIT-Unidad, se hacía la misma pregunta.

Larreta también se refirió a esos barrios, diciendo que están haciendo todo lo necesario: un cinismo extremo, porque como dijimos, la misma Ramona venía denunciando la situación de peligro en la que se encontraban en las villas.

No fue escuchada, el resultado: un crimen social.

El presidente anunció además de los testeos en esos barrios, un refuerzo de la presencia de las fuerzas represivas: Policía provincial, Federal y Gendarmería, "para cuidar sus casas". Cuando lo que se necesita es que los habitantes de esas barriadas puedan contar con agua potable, gas y no vivir apiñados.

La respuesta entonces no es un plan de viviendas, por ejemplo, o una política que apunte efectivamente a paliar la situación desesperante de eos sectores populares, sino mayor presencia policial.

También habló de que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lo cobraron 9 millones de personas. Lo que no dijo es que al día de hoy, luego de mas de dos meses que muchas trabajadoras y trabajadores informales no tienen ningún ingreso, todavía son mas de 3 millones que no obtuvieron ni el mínimo subsidio de $10 mil. Al margen de los muchos que quedaron sin poder anotarse.

Al respecto el diputado nacional Nicolás del Caño planteó a través de su cuenta de twitter:

Alberto Fernández reivindicó a su vez que el Estado se hizo cargo de los sueldos de trabajadores de muchas empresas a través del Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producciónb (ATP). Subsidio que resultó una transferencia de ingresos a los sectores más concentrados.

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El tercero en hablar fue Axel Kicillof, que parecía defenderse cuando aclaró que en el mayor distrito del país que él gobierna, hay 1800 asentamientos, contra las 180 villas que hay en la capital federal.

Toda una confesión de que ningún gobierno, incluido este, le dio soluciones a este flagelo habitacional.







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