Política

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

El Gobierno macrista intenta profundizar la impunidad de ayer y de hoy

Durante el primer año del gobierno derechista de Cambiemos en consonancia con lo expresado por altos funcionarios, entre ellos el propio Macri, se han profundizado los beneficios a los genocidas y nuevamente reflota la teoría de los dos demonios.

María Luz Santos Morón

Abogada CeProDH // Integrante de la querella de Justicia Ya!

Sábado 10 de diciembre de 2016 | Edición del día

La familia del presidente ha sido una de las beneficiadas económicamente por la estatización de la deuda durante la última dictadura militar, su padre Franco Macri pasó de tener siete empresas a más de cuarenta en aquellos años oscuros. Durante el primer año de mandato, Mauricio Macri públicamente negó a los 30.000 desaparecidos calificando al terrorismo de Estado- al igual que lo hicieron los militares- como una “guerra sucia”.

Por su parte el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj también intentó minimizar el genocidio y se pronunció a favor del otorgamiento automático de beneficios como la prisión domiciliaria a los represores condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. Esto se dio en el marco de que un genocida emblemático como Miguel Osvaldo Etchecolatz solicitara la concesión de la prisión domiciliaria. La secretaria que interviene como querellante en las causas no presentó ningún tipo de oposición.

Pasaron diez años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave durante el histórico juicio contra Etchecolatz que fuera Director de Inteligencia de la Policía de la Provincia y mano derecha del general Ramón Camps; luego de que fuera juzgado y condenado reiteradas veces a cadena perpetua por haber sido encontrado penalmente responsable por la justicia federal por los delitos de desaparición forzada de personas, torturas, torturas seguidas de muerte, continúa insistiendo ante la justicia que le otorguen la prisión domiciliaria para volver a su chalet de Mar del Plata donde años atrás en un allanamiento se encontraron gran cantidad de armas.

Por eso este año, hemos sido miles quienes junto a organismos de derechos humanos, víctimas y familiares salimos a las calles a repudiar el otorgamiento de cualquier privilegio a Etchecolatz y todos los genocidas, exigiendo cárcel común perpetua y efectiva y reclamando aparición con vida ya de Jorge Julio Lopéz quien continua desaparecido y al día de hoy no hay ni un solo imputado en la causa que investiga su desaparición.

¿Y por qué hablamos de profundización? Porque de acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hasta marzo de este año había 666 condenados (50 fallecidos) y 59 absueltos. Pero según este organismo, hay 2.389 militares y miembros de fuerzas de seguridad acusados: 1.200 de ellos libres, 1.132 detenidos y 49 prófugos, datos que contrastan con lo que fue la magnitud del genocidio en nuestro país donde funcionaron 600 centros clandestinos de detención, y todo esto es producto de que el estado mantuvo la fragmentación de las causas siendo la prueba fundamental la brindada por los sobrevivientes ya que ningún gobierno se dignó a abrir los archivos.

Durante el gobierno kirchnerista la justicia le concedió a más de 400 genocidas el beneficio de la prisión domiciliaria. El intento de otorgar la domiciliaria a Etchecolatz, domiciliaria impedido por la denuncia y la lucha de organismos, familiares y sobrevivientes, se enmarca en la pretensión de aumentar la política de impunidad a los responsables del genocidio, donde en un año ha habido más de 50 genocidas que recibieron este beneficio. Como es el caso de Marcos Levin, el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad actualmente se encuentra en libertad. O recientemente Omar Feito, uno de los condenados por el Circuito represivo Atlético, Banco, Olimpo, quien actualmente vuelve ser juzgado.

El actual ministro de Defensa del gobierno de Mauricio Macri, Julio Martínez, habilitó que los presos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares y recientemente por una modificación de la legislación de flagrancia muchos de los condenados durante los terribles crímenes cometidos durante el genocidio serán trasladados a la cárcel “vip” de Campo de Mayo.

Este intento por parte del gobierno macrista de garantizar la impunidad a los genocidas civiles y militares hablando de reconciliación y negando el genocidio envalentona a sectores de derecha y reaccionarios, pero fundamentalmente busca legitimar el accionar de las fuerzas represivas del Estado y deslegitimar la pelea por transformar la sociedad de raíz que dieron amplios sectores de obreros y estudiantes durante los años ’70. De esta manera poder descargar fuertemente sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo pobre el plan ajuste en curso.

Sin embargo está por verse que puedan ir hasta el final con su plan de reconciliación. Por el momento con la movilización hemos impedido que Etchecolatz quede libre. Es un punto de apoyo para todos los luchadores.







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