Sociedad

TRIBUNA ABIERTA

El Provolo, las pequeñas víctimas, la Iglesia poderosa y el Estado cómplice

El autor, abogado de cinco sobrevivientes de abuso sexual, hoy mayores de edad y querellantes en la causa, analiza los dos años transcurridos desde que se destapó el escándalo en Mendoza.

Oscar Barrera

Abogado

Martes 27 de noviembre | 00:24

“Cuerpos dóciles”, como llama la ciencia forense a los de toda niña, niño o adolescente para ser sometido a abuso sexual.

“Silencio”, no solo por el pacto tácito e involuntario que, por miedo, cierra la víctima de abuso sexual con su victimario, sino por no poder oír (y por ende no poder verbalizar) ni poder acceder a la lengua de señas argentina, que les era expresamente prohibida por la autoridades del Instituto para sordos Antonio Provolo de Luján de Cuyo.

Una institución que se presentaba en sociedad con las virtudes que espejaba el lujo de su edifico y de su predio. Un paraíso para las humildes familias que confiaron a sus hijas e hijos con discapacidad a su cuidado y enseñanza.

Papás e hijos católicos, que confiaron en una obra de su Iglesia.

El “poder” que, por su condición de ministros de culto y amparados en eso, ejercieron los victimarios sobre sus hoy sobrevivientes.

Discriminación, malos tratos, vejaciones, tortura, privación de libertad, abusos sexuales.

Todo un sistema de vulneración de derechos humanos oculto bajo el oscuro manto de miembros de la Iglesia católica y su falso prestigio y doble moral acompañada por algunos sectores de la sociedad mendocina.

Todo ello es “el caso Provolo en Mendoza”.

A dos años de su inicio, tenemos una visión optimista del resultado de la causa. Solo puedo hablar de optimismo, nunca de satisfacción ni alegría, por supuesto. En esta causa no hay nada que festejar, no hay celebración, es todo dolor, que solo se mitiga con el accionar de la justicia y, naturalmente, con la futura condena a prisión a todos los responsables.

Fue a fines de noviembre de 2016 que el silencio que había amparado por años a los abusadores se rompió. Buscando la protección que da lo público, la primera víctima recurrió a las autoridades legislativas de la provincia, que celebraban un acto en su edificio de calle Sarmiento y Patricias Mendocinas, y los anotició de lo vivido en el Provolo por los alumnos sordos.

Una inmediata comunicación con las autoridades del Ministerio Público Fiscal y luego, la primera denuncia que abrió esta megacausa que hoy conmociona al país y al mundo.

Ya en 2006 hubo una intervención de la justicia por una denuncia de abuso a una exalumna del Provolo de Mendoza, la cual culminó con la intervención de la, en aquel entonces, Dinadif (hoy Dinaf), y la atinada intervención de una profesional de esa institución que advirtió la actitud “excluyente de la asistente social y representante legal del Provolo”, aconsejando que la niña abandonara el instituto, lo que así se concretó.

Pero todo marchó por separado: Justicia Penal, Justicia de Familia, autoridad administrativa. Y los hechos concretos en su plenitud no vieron la luz.

En 2008 el reclamo efectuado por padres de dos exalumnos, ante las mismas autoridades del Provolo, Corradi y Pascual, terminó con una maniobra interna en el instituto, sacando como cuidador en el albergue de varones al hoy condenado Jorge Bordón, dándole tareas administrativas. Se inició una causa penal que no prosperó como es debido, y por la que fueron recientemente sancionados los fiscales que la tuvieron a cargo.

Pero no solo la autoridad judicial había tenido intervención. También, y según constancias de la causa, por esos años un joven sordo, exalumno del Provolo de La Plata, fue empleado como cuidador de los niños sordos en el Provolo mendocino, quién al ver las situaciones de maltrato y abuso que estos vivían recurrió a distintas autoridades.

Fue al Arzobispado de Mendoza y al Municipio de Luján de Cuyo, a cargo en ese entonces del actual intendente Omar De Marchi, quién ahora compró el edificio en una dudosa operación, sin otro resultado que el rechazo en ambas ocasiones.

Estos antecedentes ponen de manifiesto que, ante el poder de la Iglesia católica, el Estado se había manejado con doble vara, protegiendo al poderoso e invisibilizando al vulnerable.

Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Mendoza actuales han llevado adelante este expediente sin importar, en apariencia, cuán poderosos sean los acusados o las instituciones a las que pertenecen. Esperamos esta sea su conducta hasta el final de la causa.

Queda aún un arduo camino por recorrer hasta el final del proceso penal, con todos sus responsables condenados a prisión y con la visibilización y denuncia de muchos abusos que aún sus víctimas no han podido manifestar.

La pena impuesta ya al monaguillo Bordón es muy importante y ratifica la veracidad de las denuncias de los sobrevivientes, quienes fueron maltratados, humillados, vejados, torturados, discriminados y sexualmente abusados.

Nuestros chicos, como desde la querella los llamamos y sentimos, van a salir de esto, el horror padecido los acompañará toda su vida como una herida que duele y que solo se verá mitigada por el cumplimiento de la ley sobre sus victimarios, la merecida condena que esperan para ellos imponga la justicia.

Esta causa es muy importante, es emblemática para el colectivo de las personas con discapacidad.

Ya son incontables los casos de abuso sexual eclesiástico a menores en el mundo que han sido y están siendo juzgados. Pero este caso en particular tiene tristemente el condimento de comprender a víctimas menores, sordas e hipoacúsicas.

Por ello la condena de los responsables debe tener un mensaje mucho más amplio para la sociedad.. Por un lado el restablecimiento, en la medida de lo posible, de la paz social. Por otro lado, y en un contenido más ambicioso y profundo, la toma de conciencia de la sociedad de que de modo alguno se debe discriminar a las personas con discapacidad.

La toma de conciencia de la sociedad de que debe destruir todos los obstáculos que pone a las personas con discapacidad para que estas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones con los demás.

La toma de conciencia para la sociedad de que no solo se discrimina abusando o vulnerando derechos intencionalmente, sino también al no tener en cuenta al otro, al pasar por el costado a la problemática.

Y, fundamentalmente, la toma de conciencia de la sociedad de que discriminar es negar en el otro la dignidad humana y de que la diversidad existe y es en ella donde la humanidad de enriquece. Se hace más humana.







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