Internacional

MÁS SANCIONES IMPERIALISTAS

El alcance de las medidas de Trump contra Cuba

Washington viene profundizando las agresiones económicas contra la isla como parte de su ofensiva sobre América latina. Las afectaciones son fuertes pero están lejos de poder arrastrar al país a un nuevo “período especial”. Junto a la agresión imperialista, las conquistas sociales están amenazadas por la política de la burocracia gobernante.

Martes 25 de junio | 00:05

Recientemente entraron en vigor las nuevas sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, entre las que destaca la prohibición de viajes turísticos. Grandes empresas de cruceros como Carnival tuvieron que suspender sus operaciones y se calcula que se perdieron unos 800.000 viajes que estaban previstos a La Habana, aproximadamente un 20% del total anual.

Desde el primer día se sintió la merma de turistas estadounidenses en las zonas de paseo típicas de la capital y hubo protestas de trabajadores cuentapropistas como los choferes de los famosos “almendrones”, dueños de “paladares” o feriantes.
Estos sectores muy heterogéneos que van desde personas que venden artesanías para sobrevivir, pasando por pequeños comerciantes, hasta importantes restaurantes u otros negocios que llegan a emplear decenas de trabajadores, se ven sin dudas afectados. Algunos de esos pequeños empresarios (“emprendedores”, como los llamó Obama cuando visitó el país en 2016) ya avisaron que de mantenerse esta merma de turistas, deberán reducir la plantilla de empleados.

Las nuevas sanciones de Donald Trump son parte de la ofensiva general que vienen desplegando la Casa Blanca y el Departamento de Estado sobre Latinoamérica con eje en la política golpista sobre Venezuela, pero también sobre Brasil, Argentina y otros países del continente de la mano de los gobiernos de derecha y ultraderecha.

Semanas antes, Trump había dado un paso histórico en el intento de profundizar el criminal bloqueo imperialista que aplican contra la Cuba desde 1962, habilitando el capítulo tercero de la ultra reaccionaria ley Helms-Burton que nunca había sido aplicado (ni siquiera por el terrorista Bush!) desde su promulgación en 1996. Diseñado en el marco del bloqueo y de la ley que lo reforzaba y extendía, este apartado permite que los ex dueños de empresas yanquis expropiadas tras la revolución de 1959 traben juicios en tribunales estadounidenses a empresas de terceros países que las estén explotando. Una medida que lleva a límite la pretensión de vulnerar el derecho al “libre comercio”.

Los intereses de inversionistas europeos, que entraron en Cuba con las reformas aperturistas de Fidel Castro en los años 90, hicieron que la Unión Europea presionara a Estados Unidos para que no aplicara este apartado de la ley que tocaba sus negocios. Así fue durante más de 20 años. Por eso la de Trump es una decisión histórica y tiene un fuerte contenido simbólico. Las consecuencias concretas en cuanto a una afectación real sobre la economía cubana están muy lejos de lo que el gobierno estadounidense querría, ya que los juicios podrían demorar años y difícilmente puedan ejecutarse los fallos de cortes que no tienen jurisdicción fuera de Estados Unidos. No obstante, sí es posible que impacte sobre nuevos proyectos de inversión que estuvieran estudiando empresas extranjeras.

Con estas sanciones el gobierno de Trump tiene el objetivo de agravar el difícil momento que atraviesa la economía cubana golpeada por el recorte en un 50% de los envíos de petróleo que le vendía Venezuela a precios subsidiados y la fuerte disminución de ingreso de dólares por servicios profesionales, sobre todo médicos, que trabajaban en Venezuela y Brasil. A esto en el último tiempo se suma la caída de remesas que enviaban familiares en EEUU y el golpe sobre el turismo.

El ingreso de dólares es fundamental para Cuba ya que es muy dependiente del comercio exterior, no solo para abastecerse de productos industrializados sino para sus necesidades básicas de energía y alimento. También hay que agregar factores climáticos adversos que desde hace años vienen agravando el cuadro. Una consecuencia visible es que en los últimos meses el gobierno debió restringir aún más de lo habitual la provisión de ciertos alimentos a la población.

¿Un nuevo Período Especial?

A partir de todo esto, distintos medios y analistas señalan que Cuba está cerca de una situación como la que se vivió durante los años del llamado “Período Especial” de los años 90’. Incluso Raúl Castro, primer secretario del partido comunista, lo mencionó durante su discurso de proclamación de la nueva constitución ante la Asamblea Nacional el pasado mes de abril. Allí dijo que el país no está ante el escenario de un nuevo periodo especial pero que las condiciones económicas son adversas, pueden empeorar y que el pueblo debe estar preparado para “la peor variante”.

El periodo especial fue una política del gobierno dirigido por Fidel frente a la catástrofe económica que provocó la caída del llamado “bloque soviético” del que la economía cubana dependía en más del 90%. Entre 1990 y 1993 el PBI se desplomó 36% y recién comenzó a recuperarse lentamente desde 1995, a partir de combinar un brutal ajuste al pueblo trabajador con las reformas pro mercado y de apertura económica para atraer inversiones extranjeras.

Hoy es muy improbable un escenario de crisis económica similar debido a que en las últimas décadas Cuba diversificó notablemente su economía. Aunque como dijimos, hay una enorme dependencia del comercio exterior, abandonó el mono cultivo de azúcar y tienen distintos sectores que garantizan una mínima entrada de divisas para no caer en la catástrofe de los 90’. El turismo, las remesas de familiares y la venta de servicios profesionales, son los más importantes. El níquel, azúcar y biotecnología son otros de menor relevancia. Además, en la última década, desarrolló una producción propia de petróleo que garantiza al menos una parte de las necesidades.

Aprovechando las disputas geopolíticas, también logró diversificar sus socios comerciales. A las potencias europeas y Canadá que mantienen sus negocios desde los años 90’, se sumaron importantes acuerdos con grandes potencias como China y Rusia que realizan algunas inversiones y ayudan a financiar la economía. El gran socio del período inmediatamente anterior, Venezuela, está en franco retroceso como ya describimos pero sigue siendo uno de los principales.

Según cifras oficiales, luego de un año recesivo en 2016 (-0.9%, por primera vez en casi dos décadas), Cuba se recuperó con un 1,6% en 2017 y 1,2% en 2018. Para este año se anunció una expectativa de crecimiento del 1,5%. Aunque pueda existir una manipulación de datos por parte del gobierno (lo que también sucede en muchas otras latitudes) y los números fuesen un poco menores, lo cierto es que se está muy lejos del escenario del período especial.

¿Golpe final a lo que queda de planificación económica?

A lo que realmente hay que prestar atención es a la advertencia de Castro de que el pueblo debe estar preparado para un empeoramiento de la situación. El objetivo fundamental de su llamado es justificar un avance profundo del proceso de reformas iniciado en 2010.

Hace pocos días el presidente Díaz-Canel anunció el fin de la planificación económica central a partir de 2020 y su reemplazo por la planificación independiente de cada unidad empresaria. No se conocen los detalles de semejante medida y si efectivamente se pondrá en práctica, con qué tiempos y con qué mecanismos. Pero implicaría un avance enorme en desarticular lo que queda de la economía nacionalizada (que aún emplea a más del 70% de las y los trabajadores en actividad), con el consecuente cierre de cientos de empresas deficitarias y decenas de miles de despidos encubiertos. Un golpe muy fuerte a las conquistas sociales que, muy degradadas, aún perduran de la revolución.

Hay una cuestión clave en este punto. La planificación, aunque completamente burocrática, tiene sustento en última instancia en resolver las necesidades básicas de la población más allá que la burocracia las distorsione según sus intereses y privilegios provocando verdaderos desastres. La ruptura del plan central, según el cual las empresas reciben los recursos para funcionar y planifican su producción o servicios, significa que cada unidad productiva deberá “salir al mercado” a intentar vender sus productos, conseguir su propia financiación o negociar por la propia con sus proveedores y clientes.

Muy probablemente esté previsto un “plan de implementación” para que la descentralización no produzca un “shock” que desmadre la situación, como podrían ser créditos del estado (o de capitales extranjeros) u otras herramientas de contención. Pero en el mediano plazo significaría el cierre de la mayor parte de esas empresas o al menos una drástica reducción de las plantillas, ventas de parte de los inventarios, cesiones en usufructo de algunas instalaciones y otras medidas de achique que les permita subsistir.

Un golpe que sufrirán los trabajadores y sus familias y aprovecharán los tan encumbrados “inversores extranjeros” asociados a la burocracia gobernante. Quizás con esto empiecen a salir a la luz el contenido de algunas de las modificaciones clave que se introdujeron en la nueva Constitución, como en los artículos 23 y 24 donde se definen a la “propiedad socialista de todo el pueblo” como “inalienables e inembargables” (incluyendo áreas estratégicas), pero se establece la potestad del Estado de definir el tipo de gestión que tengan y que “pueden trasmitirse en propiedad solo en casos excepcionales”.

En una situación de décadas de penurias causadas por el bloqueo económico imperialista, la planificación burocrática y los privilegios y negocios de la burocracia (en particular de la casta gobernante y la cúpula de las FAR), las masas no ven el peligro que se avecina. Aceptan e incluso apoyan la marcha de las reformas y el “cambio de mentalidad” que viene tratando de imponer la burocracia desde hace lustros para ir a una sociedad donde todos tengan “igualdad de oportunidades pero sin igualitarismos” y donde se eliminen “gratuidades inviables”.

El reaccionario régimen de partido único, que prohíbe las huelgas y movilizaciones, la libertad de prensa (a excepción de la Iglesia Católica) y la constitución de partidos u otras organizaciones que defiendan las conquistas de la revolución, es un pilar central para mantener a las masas fuera de la escena por medio del engaño y la coerción. De la misma forma, el hecho de que las masas trabajadoras estén separadas de la planificación central y el verdadero control de la economía esté en manos de la burocracia, lleva a que la salida hoy sea la eliminación definitiva del plan en lugar de una planificación verdaderamente democrática que pueda dar una salida progresiva.

La única manera de derrotar al bloqueo imperialista y los ataques a las conquistas sociales que significa el proceso de reformas pro mercado, es que el pueblo trabajador con su movilización y organización logre frenar el curso de restauración capitalista, eche a la burocracia del poder, termine con todos sus privilegios, y conquiste un verdadero gobierno de trabajadores que reoriente y planifique la economía a favor de los intereses de las masas laboriosas.







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