Política

MASACRE DE ESTADO

El crimen de los cuatro pibes: un Monte de mentiras y varios “sálvese quien pueda”

Gran parte del pueblo está convencido de que la culpa de la masacre se la reparten la maldita Bonaerense, la intendencia massista y el gobierno de Vidal. Con Gendarmería a cargo de las pericias, la verdad está amenazada.

Daniel Satur

@saturnetroc

Martes 28 de mayo | 15:20

Foto Javier Gonzalez | Enfoque Rojo

“Nos mintieron desde el primer momento, nos dijeron que había sido un accidente”, repiten desde el fin de semana los altos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aire. La explicación de las huestes de Cristian Ritondo, además de obscenamente naif, es insostenible. Solo buscan despegarse de un caso que, en plena campaña electoral, les estalló en las manos como una bomba (una de verdad, no como las falsas amenazas escolares organizadas desde el 911).

Lo que hace exactamente una semana algunos medios aliados del Gobierno llamaban “trágico accidente” ahora engorda un expediente judicial que tiene, hasta el momento, trece detenidos (doce policías y un funcionario municipal) acusados de “homicidio doblemente calificado” (cuatro de ellos) y “encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público” (los nueve restantes).

Mentira organizada

Las crónicas periodísticas, incluyendo a las de medios que bancan a (y son financiados por) los gobiernos de Macri y Vidal, ya reconocieron que si no hubiera sido por un empleado de la Central de Monitoreo de Monte que, poniendo en riesgo su trabajo y su pellejo, sacó una foto al video en el que se ve a la Hilux de la Policía persiguiendo a los tiros al Fiat 147, hoy el Estado insistiría con la versión del accidente.

Con los cuerpos aún tibios de Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez (y con Rocío Guagliarello luchando por su vida) esa foto empezó a circular por la redes sociales a través de familiares y amigos de los pibes y las pibas. De ahí saltaron a los medios y a las autoridades no les quedó otra que entregar el video al Poder Judicial (guardándose, y quizás destruyendo, varios más).

Después vendría el valiosísimo testimonio del joven Rodrigo Masías, involuntario testigo (caminaba de casualidad por el lugar) que no solo vio la persecución, los disparos de las 9 milímetros, el choque, los cuerpos desparramados en la Ruta 3 y el accionar de policías y bomberos para “limpiar” con rapidez la escena del crimen; sino que se animó a contarlo.

Con el correr de las horas y los días llegarían nuevos testimonios parciales que, ensamblados cual rompecabezas, irían arrojando varias certezas, algunas de las cuales obligaron al Gobierno a dar ciertos inesperados golpes de timón.

Lo que se sabe

Hasta el momento está comprobado que, una vez cometido el crimen, la Policía Comunal de Monte (probablemente asesorada desde La Plata y en comunicación con la Fiscalía local) junto a miembros del cuartel de Bomberos Voluntarios, en pocas horas transformaron por completo la escena.

Entre la 1 de la mañana del lunes 20 (cuando se produjo el choque del Fiat con un acoplado en la ruta) y las 5, los efectivos levantaron los restos del coche, literalmente partido en dos. Es altamente probable que, en la maniobra, hayan hecho desaparecer algunas de sus partes. Lo mismo habría sucedido con varias pertenencias de los chicos, como el celular de Camila. Según denuncia su familia, el equipo siguió activo y desde algún lugar se está haciendo uso de sus redes sociales.

Esas mismas personas cargaron los cuerpos en ambulancias de Bomberos y los llevaron al hospital. Pero el cuerpo de Camila fue trasladado a una morgue de la Policía Bonaerense, donde le hicieron una autopsia con total rapidez y determinaron que la chica había muerto por el “accidente”. Ante el pedido de la familia, este lunes la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmandia autorizó que se exhume el cuerpo y se le realice una nueva autopsia.

Operativo encubrimiento

Una vez que la noticia de la tragedia empezó a circular por todo Monte, desde la intendencia de Sandra Mayol (del massista Frente Renovador) se empezaron a mover con rapidez. En la cuenta de Facebook del Municipio colgaron un crespón negro y enviaron sus “condolencias” a las familias por las pérdidas irreparables, al tiempo que los funcionarios desparramaron al máximo la versión del accidente.

Esa mañana, en el hospital de Monte, el secretario de Seguridad municipal y excomisario Rubén Martínez le negó a Susana Ríos, mamá de Gonzalo, que hubiera existido una persecución con disparos. Y por esas horas la propia intendenta le aseguraba a otros familiares que las cámaras de la Central de Monitoreo no habrían podido captar el hecho porque no tenían tanto “alcance”.

Desde el domingo a la noche, luego de mentir descaradamente, Rubén Martínez forma parte del pelotón de detenidos por el caso, acusado de encubrimiento y falsedad ideológica.

Ni Mayol ni Martínez imaginaban en esas horas calientes que poco después se filtraría una captura de la persecución criminal. Pero una vez descubierta la persecución, lejos de repensar la estrategia la profundizaron. Por eso lo primero que hicieron fue suspender al joven que filtró la foto, acusándolo de haber alterado las normas de funcionamiento interno de la Central de Monitoreo (comandada por el ahora separado comisario Mistretta). Días después el Municipio reincorporaría al joven empleado, intentando aclarar un supuesto “malentendido”.

Mensajes y aprietes

El martes 21, varios directores de escuelas primarias y secundarias de Monte bajaron la línea (sugerida por funcionarios de Inspección provincial) a docentes y preceptores para que en las aulas solo se “escuche” a las y los estudiantes, se los “contenga” sobre lo acontecido pero no se “fijen posturas” ni se “politice el caso”.

Desde el jueves en las cuentas de redes sociales vinculadas a la comunidad montense, varias personas ligadas a la intendencia (desde empleados alcahuetes o familiares de funcionarios) empezaron a agitar una intensa campaña titulada “justicia sin política” al tiempo que se deshacen en elogios y reivindicaciones a Mayol y su cohorte.

Y por si todo eso fuera poco, ya hay varios hechos sufridos por familiares y amigos de las víctimas que configuran una verdadera operación orquestada de amedrentamiento. Desde amenazas en plena calle a aprietes vía mensajes por teléfono y redes sociales.

El más claro lo sufrió Juan Carlos Sansone, padre de Danilo, el martes 21 a la noche, cuando un auto negro se paseó por el frente de su casa y desde adentro alguien le gritó “no sigas pidiendo justicia porque te va a ir mal”.

Despegando a Mariú

¿Qué hizo en todo este tiempo el gobierno de María Eugenia Vidal? En un principio hubo un silencio absoluto, lo que no significa inacción. Tanto el “dejar hacer” a la Policía en las primeras horas de los hechos, como la bajada de línea desde el Ministerio de Educación para las escuelas y el acercamiento de funcionarios de Desarrollo Social para ofrecer “ayuda” material a las familias son hechos que hablan por sí solos.

Pero ante la escalada del escándalo y las marchas que empezaban a llenar las calles de Monte, la Gobernación hizo tres cosas. Por un lado la propia Vidal decidió no hablar del tema en ninguna de sus apariciones públicas (que fueron varias).

Por otro lado el ministro Ritondo procuró dar un golpe de efecto para “separarse” de los criminales. En pocas horas (lo que constituye un récord en la historia de la Policía Bonaerense) decidió separar a 12 miembros de la fuerza (entre comisarios y oficiales). A algunos, incluso, anunció que los exoneraría. Y se encargó que los medios que bancan a Vidal difundan la versión de que está muy enojado porque esos uniformados le “mintieron” para ocultar lo que había pasado.

El procurador

La tercera maniobra de Vidal y Ritondo fue dejar el caso en manos del procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, funcionario de estrechísimos lazos con Cambiemos y quien no se destaca precisamente por llevarse mal con la Bonaerense.

De hecho el jefe de los fiscales de la provincia acaba de decir que hay que pensar en este cuádruple crimen como un “caso aislado. Es absolutamente tremendo lo que ocurrió pero me consta que un porcentaje mayoritario de los integrantes de la fuerza ven esto con muchísima preocupación”.

Tan evidente es la maniobra que casi no hay declaraciones públicas del fiscal de Cañuelas Lisandro Damonte, quien es en definitiva quien tiene a su cargo el caso. No son pocos los vecinos de Monte que aseguran que Damonte tiene una larga y sostenida relación con el comisario inspector y jefe de la Policía Comunal Mario Mistretta y con el subcomisario jefe de Estación de Policía Comunal Julio Micucci (ambos separados de la Policía y el segundo ya detenido).

El rol de Conte Grand será cada vez más importante ya que es quien tiene la responsabilidad de justificar públicamente el accionar de su subordinado Damonte al tiempo que deberá intentar dejar bien parada a la gestión de Vidal frente al caso. Algo sin dudas complicado.

Por lo pronto, a lo que parecen estar decididos desde la Gobernación es a “ir a fondo” contra quien haya que ir de la Intendencia de Monte, aprovechando la filiación de Mayol y los suyos con el partido de Sergio Massa, quien por estas horas se debate si integrarse al proyecto kirchnerista tras la fórmula Fernández-Fernández o jugar con Alternativa Federal junto a Urtubey, Pichetto y Schiaretti.

Bullrich y la Gendarmería

El panorama no estaría completo sin mencionar el rol fundamental que cumple en este caso el Ministerio de Seguridad de la Nación, comandado por la cultora del gatillo fácil y el crimen policial Patricia Bullrich.

Por un lado, mientras las familias de Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal sepultaban a sus seres queridos, la ministra se paseaba por los medios difamando a otras familias de otras víctimas de la violencia del Estado, como Luciano Arruga y Santiago Maldonado.

Pero hay algo peor. En manos de la propia Bullrich, a través de sus subordinados de la Gendarmería Nacional, está la llave que puede o bien descubrir la verdad o bien sepultarla. Esa fuerza federal fue la encargada de realizar las autopsias de Danilo, Gonzalo y Aníbal y de llevar adelante todas las pericias que ordene el Poder Judicial.

Las familias, tal como lo expresaron públicamente en la plaza del pueblo el sábado, desconfían de todo. También de esas autopsias realizadas por la Gendarmería. A su vez les resulta alarmante que aún no se haya localizado el teléfono de Camila y sin embargo sí se hayan “encontrado” otros dos aparatos en el lugar de los hechos, pero sin chips ni baterías.

La desconfianza es totalmente lógica. La Gendarmería no solo es experta en “pericias” sospechadas de parcialidad, como las que realizó sobre el cuerpo del fiscal Alberto Nisman, según las cuáles el caso estaría prácticamente “resuelto” como un homicidio. Esa fuerza también tiene una larga experiencia en matar jóvenes impunemente, en eliminar pruebas reales y en plantar otras falsas y en plantear “pistas” de investigación que solo llevan a la nada. El caso de Santiago Maldonado (que según Bullrich fue un invento) lo demuestra palmariamente.

La lucha recién empieza

Este martes las familias de Danilo Sansone y de Camila López desmintieron estar siendo representadas por el abogado Lucas Richmond, quien desde hace días se pasea por los medios de comunicación hablando en su nombre y criticando a los organismos de derechos humanos. Aclararon que están representadas legalmente por abogados de la Comisión Provincial por la Memoria.

A su vez las familias de las cuatro víctimas fatales y de la joven Rocío se preparan para movilizarse el próximo viernes en La Plata, donde están detenidos los policías y el secretario de Seguridad de Monte y desde donde gobiernan Vidal y Ritondo. De la misma participarán el Colectivo contra el Gatillo Fácil de La Plata y la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada.

Solo la movilización popular, en Monte, en La Plata y en Buenos Aires será la garantía de que este caso no caiga en el derrotero de otros tantos en la provincia que, desde 1983 a la fecha, no deja de batir récords de casos de gatillo fácil y muertes por torturas en comisarías, cárceles y demás dependencias del Estado.

A su vez, frente al accionar descripto de las instituciones estatales tanto locales como bonaerenses y nacionales, es evidente que la posibilidad de saber toda la verdad y alcanzar una verdadera justicia no vendrá del mismo Estado cómplice.

Al igual que frente a tantos otros casos dolorosos de la historia reciente, quizás ya sea hora de plantear la conformación de una comisión investigadora independiente, compuesta por personalidades intachables y organismos de derechos humanos, con pleno acceso a la causa y con capacidad de la más amplia producción de pruebas.







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