Sociedad

DESALOJO DE LA ASAMBLEA DE VILLA URQUIZA

"El desalojo de la asamblea de Villa Urquiza favorece el negocio inmobiliario"

Termina otro diciembre y una rara sensación recorre mi cuerpo. Apenas pude me acerqué a la asamblea para ver qué había pasado. Operativo represivo desmedido, dos compañeros detenidos, que al día siguiente fueron liberados.

Mariana Elorga

Delegada de la Junta Interna del Indec

Jueves 27 de diciembre de 2018 | 15:28

Al llegar, fue como volver a vivir el 2002, era la misma plaza (que en ese momento era un predio que ocupaba Coto pero que estaba abandonado). Como muchos por aquellos años comencé a organizarme en esas asambleas populares que habían surgido como respuesta al hartazgo popular hacia los de “arriba”.

Muchos trabajadores (como yo que soy trabajadora del INDEC), sin poder contar con nuestras direcciones sindicales que en el 2001 no permitieron que intervengamos como fuerza social organizada, participamos de aquellas asambleas.

Dieciséis años más tarde, me encuentro en el mismo lugar donde nació la Asamblea de Villa Urquiza. Son otras caras, no conozco a nadie, hay mucha participación y muchas ganas de seguir peleando. Vi muchos jóvenes sentados en el piso discutiendo qué medidas tomar.

Por supuesto es otra situación diferente a la del 2001, pero tanto el Gobierno Nacional y el de la Ciudad hace rato que quieren avanzar sobre este predio para realizar grandes negocios inmobiliarios.

No les importa la tarea que realizan estos jóvenes y su relación con la comunidad, con el barrio. No por nada es la única Asamblea que se mantuvo en todo este tiempo con las modificaciones y la impronta que le pusieron estos jóvenes que hoy la llevan adelante.

Hablando con algunas personas me contaron que estaban discutiendo si hacían un acampe o no. Pude conversar con Javier un joven referente de la asamblea que me contó un poco este conflicto, que viene in crescendo desde diciembre del año pasado.

En diciembre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el organismo que administra las tierras del ferrocarril, que son tierras nacionales, les inicia un juicio ilegal ya que no los notificaron. Un juicio de desalojo inconstitucional aplicando la ley 17091 sancionada por Onganía.

En febrero sale la sentencia y no les avisan nada hasta septiembre de este año que se enteran –solo por comentarios- que se podía venir el desalojo en cualquier momento.

Por este motivo comenzaron a quedarse en el local en vigilia para resistir. El dos de octubre hubo un intento de desalojo que pudieron evitar. Allí les ofrecieron una mesa de negociación a cambio de entregar el espacio el 31 de octubre del 2018.

Fueron a la mesa de negociación, pero no hubo tal cosa, les dijeron que tenían que hablar con el Gobierno de Rodriguez Larreta porque la venta de tierras cae en un convenio en el que una parte, el 65 % del negocio inmobiliario, le corresponde al Gobierno de la Ciudad.

Quisieron negociar con el gobierno, pero la AABE y la AdIF dijeron que iban a desalojar igual.

El 26 de diciembre se enteran a las 7 de la mañana que estaban desalojando. No les mostraron ninguna orden judicial ni la cédula de desalojo. Tampoco el inventario de las cosas que se llevaron. Todo por demás irregular.

Después el operativo siguió con la Policía de la Ciudad y la Federal llenando de efectivos los alrededores de la esquina de Av. Triunvirato y Roosevelt. Más tarde tapiarían el lugar.

El saldo de la jornada fue de dos compañeros detenidos (que al día siguiente liberaron por la fuerte presión de vecinos y organismos de derechos humanos que se acercaron, como el CeProDH) y una asamblea que discute cómo seguir.

Podes leer: Dos detenidos en el desalojo de la Asamblea de Villa Urquiza

Alguien propone la idea de un acampe y ahí empieza el debate porque hay que garantizarlo. Hay que poner el cuerpo y pensar cómo se sostienen las clases de apoyo que la Asamblea venía dando a los chicos del barrio, sobre todo a los más carenciados, que encontraban allí un refugio seguro.

Esto es parte de la avanzada del PRO en la ciudad para conseguir terrenos y poder favorecer así a las grandes constructoras que hacen millonarios negocios (y negociados) con el Estado vía el mercado inmobiliario.

Organizarnos contra esta política que cada vez más deja al descubierto las miserias estructurales que hace muchas décadas sufre el pueblo trabajador, es una tarea del momento.







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