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El día que Scioli prometió “blindar las fronteras con las Fuerzas Armadas”

Fue en noviembre de 2015, en plena campaña electoral en la que el candidato del FpV se enfrentó y perdió con el presidente Mauricio Macri.

Jueves 26 de julio de 2018 | Edición del día

La resolución presidencial, plasmada en el decreto 683/18, de utilizar a las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad interna fue criticada desde distintos sectores de la oposición política. Desde el Frente de Izquierda, quienes exigen derogar el decreto, hasta algunos sectores del peronismo (que han sido garantes de la gobernabilidad votando las leyes necesarias para el macrismo) como el Frente Renovador (FR), que reclaman que la decisión gubernamental sea llevado al Congreso Nacional y el kirchnerismo.

Para fundamentar su decisión, el presidente anunció que “es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico”.

Además, expresó que fuerzas militares asumirán "la custodia de los objetivos estratégicos", como centrales nucleares o centros petroleros (como Vaca Muerta), en una clara muestra de su decisión de “cuidar” los intereses económicos de las transnacionales.

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La excusa utilizada por el Gobierno nacional es la lucha contra el “terrorismo” y el “narcotráfico” . Revisando archivos, y no hay que retroceder mucho en el tiempo, hace apenas unos casi dos años, el candidato presidencial del peronismo Daniel Scioli, por el Frente para la Victoria (FpV), proponía lo mismo y con similares argumentos.

“Como mi compromiso en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico es una realidad, vamos a implementar un blindaje de nuestros 2.500 kilómetros de fronteras. Lo haremos con efectivos de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas que ya están allí actuando en los escudos Norte y Noroeste”, explicaba Scioli en noviembre del 2015, unos días antes del ballotage del 25.

En dicha campaña electoral, Scioli indicó, que como parte de aplicar su política de “blindaje”, su Gobierno en caso de ganar, implementaría la creación de una Agencia Federal especializada y formar 100 mil nuevos efectivos.

Faltaban apenas unos días para la elección del 25, Sergio Massa (FR) había quedado en el camino, y Sicoli buscaba disputar la base electoral del candidato que había prometido, como lema de campaña, llevar al Ejército, la Fuerza Área y la Marina, a los “barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes”.

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La actitud de Scioli: ¿pura demagogia electoral?

No es aventurado responder que no.

En primer lugar, por su convicción ideológica personal. Al igual que Macri, además de tener un pasado cercano al menemismo, son de público conocimiento declaraciones de ambos a favor de la última dictadura cívico-militar. “Si las Fuerzas Armadas no hubieran actuado no sé en qué hubiera terminado todo aquello. Videla tuvo el coraje de hacer lo que nadie se animó”, afirmaba sin ningún tipo de vergüenza Daniel Scioli en 1987 a la revista Playboy.

En segundo lugar, porque fue el candidato oficial de un ciclo de gestiones de kirchneristas (2003-2015) en las cuales desde el Estado se habían dado pasos en pos de, por un lado de legitimar a las FFAA (muy cuestionadas por el genocidio perpetrado en la dictadura del 76 y por la derrota en la guerra de Malvinas), y por el otro de desplegar fuerzas como Gendarmería y Prefectura para “patrullar” barrios. Un ejemplo fue la implementación de “los Escudos Norte y Noroeste”, que Scioli mencionaba.

El Operativo Norte fue creado en el 2011 e implicaba el despliegue de gendarmes y prefectos en localidades del noroeste y noreste del país con el objetivo de controlar el contrabando de estupefacientes en la frontera. En el año 2013, mediante un decreto firmado por la expresidente Cristina Fernandez de Kirchner y el exministro de Defensa (y hoy diputado) Agustin Rossi, se incorporaron 4500 efectivos de las Fuerzas Armadas a dichos operativo.

Ya desde el año 2007, mediante el Operativo Fortín (I y luego II), el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina cumplían tareas de vigilancia en el Noroeste y Nordeste argentino.

Hoy Rossi es uno de los críticos a la iniciativa oficial de que las FFAA realicen tareas de seguridad interior. “A través de un simple decreto reglamentario (Macri) intenta cambiar las bases sobre las que está estructurado nuestro sistema de Defensa Nacional, construido desde la recuperación democrática” producto de un “amplio consenso político y social en relación al propio concepto de Defensa, a su estricta separación con la seguridad interior, a la plena subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades constitucionales civiles”, dice un escrito en el que su bloque fundamenta su posición de derogar el decreto actual del macrismo.

Pero como vemos, tanto él como su ex candidato, Scioli, no fueron tan detractores hace unos años de la utilización de las FFAA en territorio nacional para cuestiones ligadas a la seguridad interior, ni tampoco de que semejante decisión no fuera producto de un “consenso” con las otras fuerzas políticas en el Congreso Nacional.

Además, vale recordar que durante el 2014, cuando Scioli era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores despedidos de la autopartista norteamericana Lear fueron repremidos en varias oportunidades por la Gendarmería Nacional. Y ni que hablar de que fueron los defensores del ex jefe del Ejército, el genocida César Milani, hoy detenido acusado de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

Sin dudas, mediante estas medidas sentaron las bases para que ahora el macrismo, en sintonía con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, impulse esta política que traerá más represión y amedrentamiento sobre los trabajadores y sectores populares y que constituye un salto en el avasallamiento de las libertades democráticas.

Por el contrario, el Frente de Izquierda plantea no sólo la derogación del decreto que aumenta los poderes de las fuerzas represivas, sino que exige saber el número exacto de militares en actividad en las fuerzas de seguridad desde la dictadura.







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