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El negocio de la gratuidad

El gobierno entrega una gratuidad que alivia a algunos, por cierto tiempo, pero que deja afuera a cientos de miles y que llena los bolsillos de los empresarios de la educación. La gratuidad debe entenderse como un derecho social para todos, asegurada por el Estado y sin mercado en la educación y no como una beca más.

Dauno Tótoro

Santiago

Martes 9 de febrero de 2016 | 20:28

Hoy en día marcan la agenda los casos de corrupción de empresarios que también involucran a personajes del Gobierno y parlamentarios, tanto de la derecha como de la Nueva Mayoría (BCI, Penta, Caval, etc); los escándalos de colusión empresarial (pollos, fármacos, papel Confort, entre otros) y, junto a esto, el retroceso en las principales reformas del Gobierno, debido a que la Nueva Mayoría mostró su verdadera cara, cediéndole en prácticamente todo a la derecha y a los empresarios.

Un ejemplo gráfico de esto es la reforma educativa donde la propia Bachelet pasó de decir que habría un 100% de gratuidad universal, para decir que el beneficio alcanzaría a un 50% de los estudiantes, rebajando considerablemente los montos a entregar.
Pero esto no se quedó ahí. La derecha, aún estando profundamente cuestionada y deslegitimada, decidió asistir al anti democrático Tribunal Constitucional para evitar que el proyecto propuesto por la Nueva Mayoría respecto a la gratuidad siguiera adelante.

Así, el gobierno sufrió un duro revés. Y para complacer a empresarios de la educación y a los políticos de la derecha, se llegó a un acuerdo entre “Chile Vamos” y la Nueva Mayoría, para despachar en pocos días el proyecto de Ley Corta para la gratuidad.

El Gobierno, luego de los diversos golpes recibidos, tanto por izquierda como por derecha, que tienen a Bachelet con una desaprobación que fluctúa entre el 65 y el 71%, busca afirmarse en su “caballo de Troya”: la gratuidad. Es que sabe que este beneficio, más allá de los debates, afectará positivamente en los bolsillos de varias miles de familias. Además, según la última encuesta CEC-MORI, sólo un 2% está en desacuerdo con la gratuidad en la educación superior.

Apuestan a que, con la implementación de algunas reformas, llegando el efecto de estas a sectores a población, puedan palear la pobre aprobación que tienen sobre sus hombros.

Pero, es difícil que así sea. Es que la gratuidad, en términos cuantitativos, terminó siendo tremendamente reducida. Si a finales de diciembre, el cálculo de la Nueva Mayoría era que alcanzaría para financiar a 178 mil estudiantes, luego esta cifra se redujo a 140 mil. Pero, finalmente. ¿Qué pasó? De los estudiantes que ingresaron a las instituciones que adscriben a la gratuidad del Gobierno, sólo 26.673 estudiantes pueden recibir el beneficio.

A esto se le suma, que hasta el día de hoy, hay 19.532 postulantes a la beca de gratuidad que aún no saben si podrán formar parte de los beneficiados, ya que no todos completaron correctamente el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). La información finalmente la tendrán el 9 de febrero. Antes de ese día, se mantendrán en vela. Algunos de los principales requisitos para postular a este beneficio son provenir de los hogares pertenecientes al 50% más vulnerable del país, matricularse en una de las 30 universidades adscritas al sistema y no tener título profesional previo.

Se revelan una serie de problemáticas que demuestran que el Gobierno no responde a las demandas del movimiento estudiantil, sino que a los intereses de los empresarios.

Primero que todo, la gratuidad para quienes puedan formar parte de los beneficiados, tendrá la duración de años que se prolongue la duración formal de la carrera. Es decir, si un estudiante se atrasa, deberá pagar los años extra a través del CAE. Como vemos, no es concebir a la educación como un derecho social, sino que pensar la gratuidad como una beca, parte de la lógica de un Estado subsidiario y de la focalización del gasto social, pilares del neoliberalismo y de la educación de mercado.

A su vez, las Becas de Mantención no se les otorgará a los alumnos nuevos. Y eso que una de las claves en las falencias del sistema educativo, según el propio Gobierno, estaba en el hecho de que, si bien, se había ampliado la cobertura de la Educación Superior, la permanencia en esta misma estaba lejos de ser asegurada. Los niveles de deserción son altísimos. Y la reducción de las becas y beneficios estudiantiles sólo agrava el problema.

Pero, esta posición no implica estar a favor de las becas como mecanismo único de financiamiento. Sólo da cuenta de una enorme contradicción en el Gobierno: mientras se reduce el fondo para las becas y se redujo en los hechos los beneficiados con la gratuidad, se aumentó el fondo del Crédito con Aval del Estado.

Así, el Gobierno aumentaba el financiamiento, hasta los 0.67 billones de pesos el fondo del CAE, crédito que le había permitido a los bancos llenarse los bolsillos con más de 150 mil millones de pesos entre el 2006 y el 2011.

Por otra parte, la Ley Corta de gratuidad en la educación, mantiene el mercado educativo, y no sólo eso, además potencia el financiamiento a los privados. De las 30 universidades beneficiadas, 14 son universidades privadas, entre las que encontramos a las Universidades Católicas y las Finis Terrae, propiedad de los Legionarios de Cristo, donde impartía clases Cristian Labbé, funcionario de la DINA en Dictadura. Muchas de ellas administradas por verdaderos gerentes (o curas) y ligadas a organizaciones empresariales.

Entonces, recapitulando, el Gobierno con esta Ley Corta, beneficia a un sector menor en relación a la cantidad de estudiantes de la Educación Superior, dejando a un millón de estudiantes fuera de la gratuidad, y obligando a esos beneficiados a no poder atrasarse en sus carreras, fortalece el sistema crediticio, fundamentalmente a través del CAE, profundiza la lógica del subsidio estatal con dineros públicos a los empresarios de la educación con el financiamiento a universidades privadas, y, más de fondo, mantiene el mercado en la educación y la lógica de un Estado subsidiario. Por otra parte, deshecha la gratuidad como un derecho social y la transforma en una beca.

Para hacer frente al mercado en la educación hay que ser claros: ¡Ningún subsidio a los privados por parte del Estado y que ningún estudiante quede fuera! Para esto es necesario fortalecer un sistema de Educación Superior que contemple un financiamiento estatal en un 100% a las Universidades de propiedad del Estado, mediante aportes basales que sean de libre disposición, para que sean los estamentos universitarios los que decidan qué hacer con ese dinero. Es decir, acabar con el financiamiento a la demanda para fortalecer directamente a la Institución.
Para esto, perfectamente puede utilizarse el dinero del regresivo AFI y a su vez el dinero utilizado en beneficio a los bancos a través del CAE, pero también y fundamentalmente, mediante la renacionalización del cobre bajo control de sus propios trabajadores, para destinar el dinero que sea suficiente a la Educación Superior (se calculan que deben ser unos 1.800 millones de dólares).

Pero, a su vez, y para asegurar que sea efectivamente un derecho social, debe generarse una ampliación generalizada de las matrículas y establecerse el acceso irrestricto a estas universidades estatales y totalmente gratuitas, para que no queden más estudiantes obligados a caer en el sistema mercantil de las universidades privadas.

Y en el caso de que estas Universidades de propiedad privada, las que quiebren o se compruebe que lucren, o sus estamentos organizados así lo decidan, deben ser estatizadas e ingresarlas al sistema nacional de gratuidad mediante, nuevamente, aportes basales de libre disposición.

Así y sólo así podremos terminar de una vez por todas con el lucro en la educación, con la situación de cientos de miles de jóvenes que estudian precariamente, y con el subsidio a empresarios por parte del Estado. Esa es la gratuidad que hoy en día se necesita, no una beca, sino que un derecho social que garantice que todo quien quiera estudiar gratuitamente pueda hacerlo, y que ningún estudiante quede afuera.






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