Aulas "burbuja"

En la provincia de San Juan volverán a las clases presenciales

Según datos oficiales es la provincia con menos casos de coronavirus y no presenta transmisión comunitaria. La vuelta regirá para los departamentos alejados de la zona metropolitana. Volverán alumnos de los últimos años de los niveles inicial y secundario. Se implementaría el “Protocolo Marco” aprobado a principios de julio.

Lunes 10 de agosto | 12:19

Foto: Reuters/Mariana Greif

Con 22 casos registrados de coronavirus y sin información de transmisión comunitaria, San Juan es la primer provincia donde se volverá a las clases en las escuelas.

Lo dispuso su gobernador Sergio Uñac y regirá para 14 de los 19 municipios, excluyendo a los de mayor población. Serán 288 escuelas y unos 10.470 alumnos del último año de los niveles primario y secundario.

Según informaron las autoridades provinciales, se permitirá un máximo de 15 alumnos por aula, a quienes se les entregarían kits sanitarios. En las escuelas donde su capacidad no lo permitiera, se adoptaría una “bimodalidad”, alternando las clases presenciales con las virtuales. El uso de tapabocas sería obligatorio desde la ida al colegio hasta la vuelta a las casas y se proveería de una máscara de acrílico a las y los docentes.

Hace un mes el gobierno nacional había anunciado la vuelta a clases en nueve de las veinticuatro provincias del país. Pero hasta el momento sólo San Juan y Catamarca confirmaron la vuelta. Ésta última lo haría a partir del lunes 17 de agosto.

El retroceso del plan en las restantes provincias se dio por el aumento de casos registrados en el país y los reclamos de docentes por no tener garantizadas las condiciones de trabajo de forma segura. Santiago del Estero era una de las provincias que volvería el 18, pero la semana pasada dio marcha atrás ante el crecimiento de los contagios locales.

El protocolo que permite a las provincias ir evaluando su regreso a las clases presenciales fue aprobado el pasado 2 de julio. Se trata del “Protocolo Marco y Lineamientos Federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria”, que fue aprobado por el ministro nacional de educación, Nicolás Trotta, junto a los ministros de educación de las 24 provincias y los representantes de los sindicatos docentes.

Este documento aprobado había recibido las críticas de gran parte de la comunidad docente del país, por no haber sido consultados mediante asambleas o reuniones, teniendo en cuenta que son quienes vienen llevando adelante la continuidad pedagógica con recursos propios y la asistencia a las familias con bolsas de alimentos y elementos sanitarios.

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Sobre este protocolo las y los docentes del Suteba La Plata señalaron los puntos críticos que tenía el mismo y la imposibilidad de que este se aplicara a gran escala en el país. Uno de las cuestiones que planteaban era acerca de la garantía de que efectivamente recibieran los elementos de seguridad que se prometen en el protocolo, cuando en lo que fue hasta el momento, los guantes y alcohol en gel fueron provistos por los docentes mismos, cuando iban a los establecimientos a realizar las tareas de distribución de alimentos.

Una cuestión señalada era lo difícil de imaginar el cumplimiento de las condiciones planteadas en el “Protocolo Marco” con el estado actual de las escuelas, con fuerte déficits de infraestructura, hacinamiento y deficiencias estructurales, como edificios sin agua.

Otro punto que cuestionaron en relación a una vuelta a clases en varias provincias, fue que ya antes de la pandemia la cantidad de aulas era insuficiente para la matrícula, incluso con “escuelas pasillo” y “aulas container”. Entonces planteaban cómo sería posible implementar el distanciamiento en esos casos.

Se verá con el correr de estos días si desde el gobierno de San Juan se cumple con el aprovisionamiento de los elementos de seguridad y sanitarios para docentes y alumnos. Lo cual, en lo que va de la pandemia no vino ocurriendo a nivel nacional.

En medio de una crisis como la actual, hoy más que nunca es necesario un aumento de presupuesto educativo para poner en condiciones las escuelas y aumentos salariales para las y los trabajadores de la educación, que desde hace años sufren el desfinanciamiento educativo, gobierno tras gobierno.

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