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Estado de coma: tres décadas de desfinanciamiento y mercantilización del sistema de salud argentino

El avance de la pandemia a nivel mundial ha expuesto las falencias de los sistemas de salud de todos los estados. Un derecho considerado universal, transformado en las últimas décadas en un fin de lucro. El siguiente artículo busca explorar el avance progresivo de su desmantelamiento en el caso argentino.

Ezequiel Silva

Historia-UBA

Sábado 25 de abril | 15:55

Introducción

Desde fines de los años 70 hasta nuestros días, se observa un desmejoramiento en la calidad del sistema de salud. Nadie puede afirmar y menos hoy, en medio de la pandemia del COVID-19, que el sector de salud pasa por un buen momento. Esto se debe, en gran medida, a las políticas aplicadas por los diferentes gobiernos intensificadas desde la década del 90 y continuada por los gobiernos posteriores.
Estas medidas no solo afectaron al sistema de salud, tampoco se aplicaron aisladas. Fueron parte del proyecto que llevó adelante la clase dominante para recomponer sus ganancias a partir de la crisis económica de finales de la década de 1960 y comienzos de los 70. Lo que hoy conocemos como neoliberalismo, que abarca el periodo aquí analizado, fue la respuesta exitosa que emergió de la burguesía para concentrar y aumentar su poder. Incapaz de revitalizar la acumulación capitalista y generar riqueza, el proceso fue exitoso en la transferencia de recursos en favor de los sectores más concentrados del capital. El proceso de acumulación de capital, retomando a David Harvey, inauguró una etapa de “acumulación por desposesión” que se puede observar en la ofensiva tanto en salud como en trabajo, educación y vivienda.

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Este análisis pretende hacer un breve recorrido sobre el sistema de salud argentino en las últimas tres décadas con el fin de demostrar que nada ha cambiado progresivamente en los sucesivos gobiernos y que, por el contrario, se ha profundizado con el correr de los años.

Descentralización y desfinanciamiento: dos políticas del menemismo

El comienzo del primer gobierno de signo peronista desde la vuelta a la democracia, se da en un contexto de crisis económico y social. Desde 1983 hasta 1991, Argentina registra un crecimiento casi nulo, un aumento considerable de la pobreza urbana y dos episodios hiperinflacionarios de gran magnitud entre 1989 y 1991. Un intento de salida a esta crisis fue la regimentación de la la Ley de Convertibilidad de 1991 y con la reforma del Estado.

Esta reforma, que se compuso del plan de privatizaciones, siguió las recomendaciones del Consenso de Washington. Este Consenso instaba a una serie de medidas como el control del déficit fiscal, la reorientación del gasto público, modificaciones en el régimen tributario, en las tasas de interés y en el valor del tipo de cambio, la liberación del comercio y la inversión extranjera, la privatización de las empresas públicas, la desregulación del mercado y la seguridad jurídica de la propiedad privada. Esto implicó, entre muchas otras cosas, que en el país se inicie un ciclo de flexibilidad y precariedad laboral que arrasó con muchas décadas de conquistas de los trabajadores. Esto no fue ajeno al sector de la salud.

La injerencia de diferentes organismos de crédito internacionales, como el Banco Mundial (BM), en las políticas de salud en los Estados, se puede observar en estos años con el informe de 1993 “Invertir en salud”(1), con recomendaciones sobre política sanitaria, elaborado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otras instituciones. El Banco Mundial propuso, en el informe arriba mencionado, reorientar el gasto público en función de costos y eficacia, y facilitar la mayor diversidad y competencia en el financiamiento y prestación de los servicios de salud. A su vez alentó la privatización de servicios no incluidos en los esenciales, la competencia en la provisión de servicios clínicos, suministros de insumos y medicamentos, en el marco de una apertura económica internacional, liberada de las trabas nacionales.

Estas políticas internacionales van a signar toda la década y estarán reorientadas a la reforma del Estado. Dicha transformación se concentró en la privatización de los servicios públicos, incluyendo el sector de la salud. En 1997, la Oficina Panamericana de Salud, un departamento continental afiliado a la OMS, publicó un documento de cooperación ante los procesos de reforma, en la misma orientación del BM.
Este documento señala que “el aumento de la eficiencia y la efectividad en la producción de los servicios públicos (entre ellos, los servicios de salud) es una de las razones aducidas para justificar los procesos de reforma. Además de las estrategias de privatización total o parcial de algunos de ellos (por ejemplo, de servicios de suministro de agua potable o de manejo de aguas servidas), se ha intentado mejorar la eficiencia del sector público mediante la incorporación de nuevos esquemas de incentivos para acrecentar la productividad de las instituciones, la capacitación técnica y gerencial del personal y la introducción de nuevas tecnologías y equipos”.(2)

Con el aval de estos organismos, se llevaron adelante tres políticas centrales que permiten explicar los cambios en el sistema de salud: la privatización, la descentralización y la mercantilización. Su fundamentación está en que un sistema de salud centralizado e integrado es imposible e “ineficiente” y que la única salida posible es la fragmentación. Esta división hizo posible la apertura de la salud al mercado.

Las estrategias de descentralización y desregulación se remontan a varias décadas anteriores a la del 90, sin embargo, fue en esta donde alcanzaron una dimensión inédita. Una consecuencia de esta política fue la creación de los Hospitales de Autogestión, cuando en 1995 se creó su Registro Nacional. Esto implicó que cada establecimiento sanitario inscripto se debía autofinanciar, obteniendo recursos de las obras sociales y prepagas, a la vez que le cobraba a toda persona con capacidad de pago.

Hacia finales de la década se aplica el desregulamiento de los subsistemas de salud, lo que permitió la libre elección de la obra social, profundizando las desigualdades que ya existían en el acceso a una atención de calidad. A saber, el sistema de salud se compone por tres subsistemas: el público, el de las obras sociales y el privado. Las dos primeras patas son las que deben satisfacer la demanda de la vasta mayoría, y son a la vez las que acumulan décadas de deterioro. Por lo tanto, la población con mayores ingresos busca acceder a la cobertura de empresas privadas, aprovechando sus aportes y contribuciones, sustituyendo y/o complementando el pago de primas mensuales.

En conclusión, durante el menemismo se produjo una transferencia de responsabilidades desde el Estado nacional tanto hacia las provincias y municipios como al sector privado, lo que implicó una mayor carga presupuestaria para las mismas, pero que no fue acompañada del mismo equivalente en recursos. Este es el panorama sanitario en el cual el país atravesó el cambio de siglo.

El kirchnerismo y la continuidad de las políticas del Banco Mundial

En 2001, la crisis social y económica profundizó el deterioro del sistema de salud. En el año 2002, la pobreza e indigencia generadas por una década de ofensiva neoliberal, sumada a la devaluación monetaria del 300% y las tasas de desempleo del 50%, degradaron las condiciones de salud de la inmensa mayoría de los trabajadores ocupados y desocupados. Los jubilados y los sectores más afectados económicamente, asistieron a un hospital público dominado por el desabastecimiento de insumos y medicamentos.

La reducción del consumo de medicamentos impactó en la industria farmacéutica. El gobierno de Duhalde llevó adelante un plan de salvataje, que consistió en la prescripción por nombre genérico, lo que permitió a los laboratorios vender sus medicamentos como marcas diferentes, a precios más bajos. Esto favoreció la reconstrucción del mercado de medicamentos en los sectores empobrecidos por la crisis, sin dejar de comerciar las primeras marcas, obviamente a mayores precios dirigidos al público de mayores ingresos. El “Plan Remediar”, una canasta compuesta de medicamentos básicos, fue otra política de recomposición del negocio farmacéutico.

A partir de 2003, Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, buscaron la recomposición del Estado y la economía mediante un "capitalismo de amigos" con la subvención de las empresas privatizadas de servicios, de la cual, la industria farmacéutica fue una de las beneficiadas. Sin embargo, se mantuvo el trabajo informal, la tercerización del empleo, la depreciación del salario, la crisis habitacional y la falta de viviendas que se había profundizado en la década anterior.

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Hacía 2004, el actual y por aquel entonces Ministro de Salud, Ginés González García, pone en marcha el Plan Federal de Salud, el cual volvía sobre la misma receta de la década menemista, la descentralización del sistema público, dejando que cada provincia y municipio se hiciera cargo de sus gastos en salud.
A su vez, en 2014, el entonces Ministro de Salud Juan Manzur, volvió a las mismas recomendaciones de los organismos internacionales. Un ejemplo de ello fue la “Cobertura Universal de Salud”, un nuevo plan privatizador de la OMS en el cual solo se destinaban 500 pesos por paciente al año. También implicó que los trabajadores de la salud tuviesen que mantener más de un trabajo y sufrir agotamiento y estrés laboral o lo que se conoce como burn out, que sus condiciones de contratación sea de monotributistas y que sus sueldos estén siempre por debajo de la inflación.
En relación a las privatizadas, entre 2003 y 2015 las empresas de salud aumentaron sus ganancias un 200%. Como podemos ver en el artículo de Pablo Minini: “la década| kirchnerista fue para el sistema sanitario 12 años sin inversión en infraestructura, 12 años de precarización laboral con programas como Médicos Comunitarios, 12 años con sistemas de seguros como el Plan Remediar que sólo beneficiaron a los proveedores privados, 12 años sin inversión en los laboratorios de producción nacional”.

Macrismo y un nuevo capítulo de desfinanciamiento del sistema sanitario

Con el gobierno macrista, se ve un nuevo avance en el desfinanciamiento del sistema de salud, al calor de un nuevo saqueo que hasta el día de hoy sigue en marcha. En septiembre de 2018, el macrismo llevó adelante una reestructuración del Estado que incluyó la eliminación de 10 ministerios entre los que se encontraba el de Salud, que pasó a ser una secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

En la misma sintonía, continuó la tarea del ex Ministro de Salud kirchnerista, Juan Manzur, mediante el decreto 908/16 del recomendado plan de la OMS, “Cobertura Universal de Salud” (CUS), buscando desmantelar y privatizar las áreas rentables de los hospitales públicos y mercantilizar la salud para beneficio del empresariado. El entonces presidente, Mauricio Macri, declaraba: “la Argentina no tiene un problema de carencia de recursos humanos en el sector de la salud y tampoco de equipamiento”. Pero sí habría un severo problema de organización, en un sistema que definió como “fracturado e inequitativo” y que no dialogaba entre los tres sectores principales: sistema público, obras sociales y prepagas.

El presupuesto dedicado a salud el último año de gobierno de Cristina Fernández había sido de un 2,3%. Tres años después la partida dirigida al área de salud pasó a ser de 1,7%, es decir, un 25% menor durante la presidencia de Cambiemos. Si tenemos en cuenta que las vacunas y los medicamentos están dolarizados, con un dólar que pasó de 10 a 64 pesos, se puede establecer que la capacidad de compra se redujo seis veces.

Apenas asumido el gobierno de Macri, trabajadores de la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores denunciaron un desmantelamiento del área, a cargo de planes de prevención y control del dengue, zika, chikungunya, mal de Chagas y leishmaniasis. La decisión impactó a lo largo de 2016 con más de 40 mil casos confirmados y 73 mil sin confirmación, un crecimiento considerable en relación años anteriores. Hoy diferentes regiones del país como el Noreste y Noroeste argentino ademas de la ciudad de Buenos Aires sufren sus consecuencias con la epidemia de dengue. También, disminuyeron la distribución de medicamentos para enfermedades como tuberculosis y muchos pacientes quedaron desprovistos de atención.

A su vez, en tan solo dos años de gobierno macrista se pagó de deuda 128 mil millones de dólares. Con ese mismo monto se podrían haber construido 3.200 hospitales de complejidad media con 300 camas y 21 mil metros cuadrados. Esto sin nombrar la toma de deuda desorbitada.

No solo los fondos de inversión internacionales se beneficiaron de la bicicleta financiera que recreó el gobierno, y que aseguró a los especuladores rendimientos espectaculares a costa de los intereses del pueblo trabajador. También fueron las prestadoras de salud privada. Si tomamos solo el periodo entre 2015 y 2018 acumularon un aumento de su servicios por más de 126%.

La Salud Pública como prioridad

El deterioro progresivo durante décadas ha llevado a que hoy existan hospitales públicos desabastecidos de insumos, aparatología, recurso humano y con graves problemas de infraestructura. Aquello que se profundizó con las políticas neoliberales recomendadas por el Banco Mundial y aplicadas obedientemente por el menemismo en los años 90, fue continuado por la totalidad de los gobiernos que le siguieron a esta parte. Tampoco se asoma un cambio de orientación del nuevo gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos.

Los empresarios, con la complicidad de todos los gobiernos, han hecho de la salud un negocio, privatizando y desmantelando el sistema de salud y reorientando la investigación y el desarrollo de la medicina hacia las áreas que les representan mayor rentabilidad. La salud pública no es su prioridad como tampoco la privada. Las clínicas privadas a las que acceden trabajadores en blanco, poco tienen que ver con los establecimientos donde se atienden las clases altas. Estas son una caja de la que se vienen enriqueciendo además los burócratas sindicales, para quienes también son un negocio.

La salud es un derecho humano básico y no puede tratarse como mercancía. La accesibilidad tanto a los medicamentos como a la atención y prevención deben ser garantizadas por el Estado. El avance de la pandemia deja mucho más en evidencia la necesidad de un Sistema Único de Salud, financiado exclusivamente por el Estado, que pueda garantizar el acceso en forma gratuita e igualitaria a toda la población sin distinción de clases y de forma universal.

Esto se logra con asimilación del sistema privado y la integración de las unidades en un sistema único de hospitales y centros de salud públicos. A su vez, es fundamental la nacionalización sin pago de los laboratorios que lucran con la salud del pueblo. La única forma de solucionar los problemas estructurales del sistema sanitario tiene que ser mediante una concepción integral de la salud y ligado a un plan de obras públicas, vivienda, agua potable, alimentación -cantidad y calidad de nutrientes-, urbanización de asentamientos.

Si se quiere limitar la expansión de la pandemia evitando el contagio de trabajadores se les debe proveer del equipo necesario. A los infectados darles licencias pagas y para evitar el contagio entre trabajadores realizar testeos masivos. Actualmente en Argentina hay trabajadores con jornadas extenuantes, es un punto crítico en los trabajadores de salud, para evitar esto es necesario contratar más trabajadores como estudiantes avanzados de medicina, enfermería, psicología, kinesiología, etc. reduciendo las jornadas laborales. Recursos para llevar adelante estas medidas hay. No pagar la deuda externa y aplicar impuestos progresivos a las grandes fortunas reorientando estos fondos hacia el sistema de salud y las áreas que sean necesarias. Que el Estado centralice todos los recursos de salud tanto privados como públicos bajo el control de sus trabajadores y la comunidad poniendo en pie comités de crisis y emergencias como ya se viene haciendo en diferentes hospitales a lo largo del país, donde la organización de trabajadores mediante asambleas reclama a las direcciones sindicales que tomen en sus manos estas exigencias a las patronales.
Sólo un sistema social que termine con la ganancia capitalista, con el lucro en la salud y disponga de la riqueza, el desarrollo científico y tecnológico para el bienestar común, podrá brindar una salud realmente universal.

Por ello es fundamental la construcción de una herramienta propia de los trabajadores que pelee por una alternativa transformadora de la sociedad como buscamos conformar día a día el PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores.

Notas:
(1) "La cooperación de la Organización Panamericana de la Salud ante los procesos de reforma del sector salud", Oficina Sanitaria de la Organización Panamericana de la Salud, 1997. Ver en https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/6207/La-cooperacion_doc040.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(2) "Informe sobre el desarrollo mundial 1993: Invertir en salud", Banco Mundial. Ver en http://documentos.bancomundial.org/curated/es/282171468174893388/Informe-sobre-el-desarrollo-mundial-1993-investir-en-salud







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