Política

MAR DEL PLATA

Fideicomisos para profugarse

Miércoles 17 de septiembre de 2014 | Edición del día

El fiscal Pablo Larriera dictaminó en favor de la competencia de la justicia federal de Mar del Plata para investigar las redes económicas que financian a personas imputadas y/o condenadas por crímenes de lesa humanidad, que facilitan tanto a que se profuguen o a sostener económicamente a los que se encuentran prófugas. Además, el fiscal ordenó medidas cautelares para bloquear los flujos de dinero.

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, denunció este entramado ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. Según la denuncia que realizará el titular e de la UIF, se encuentran 51 personas prófugas condenadas o imputadas por delitos de lesa humanidad que son asistidos con ayuda financiera.

Las cuentas de los genocidas

En agosto del 2013, a través de una conferencia de prensa los ministros de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak y su par de Defensa Agustín Rossi, informaron que en la actualidad son 60 los represores que están prófugos de la Justicia. En esa conferencia los ministros tuvieron que dar explicaciones de los sucesivos casos de personas condenadas por genocidas que se habían dado a la fuga. Rossi explicó que su ministerio descubrió que estos represores “constituyeron un fideicomiso sobre el cual liquidaban absolutamente la totalidad de los honorarios percibidos en el ejercicio de esas acciones judiciales”, y agregó que “esta información la elevamos a la AFIP, a la UIF y al Ministerio de Justicia para que se proceda con las acciones correspondientes”.
A su turno Alak dijo que la información “da cuenta de la posibilidad real y concreta de la existencia de un aparato de financiamiento permanente para los prófugos acusados o condenados por delitos de lesa humanidad, que actualmente son más de sesenta”. Y agregó, que “nadie puede pasar más de 48 o 72 horas prófugo de la Justicia si no tiene un sostén logístico detrás”.

Entre el total de los prófugos se encuentra Esteban Sanguinetti, el principal responsable de la desaparición del Alberto Ledo, el conscripto por cuyo caso también está denunciado César Milani, actual Jefe del Ejército.

La actual noticia de que el fiscal, Pablo Larriera, impulsa una investigación sobre la estructuras económicas que sostienen a los genocidas en fuga, no sólo vuelve a sacar a la luz la existencia que los represores y sus amigos armaron un fideicomiso que funcionaría como financiamiento para genocidas, sino que además confirma que desde aquella conferencia de prensa hasta hoy no se avanzado en desmantelar esta red de complicidades. Una red que lleva muchos años en función, así lo expuso el hijo apropiado del represor de la ESMA Jorge Vildoza. Javier Penino Viñas, apropiado por este genocida, contó que “la Armada Argentina les facilitó a mis padres (y a mí) la salida del país en 1984”. El traslado, describe Viñas, “incluía partidas de nacimiento para los tres, partidas de casamiento, pasaportes que parecían ser completamente oficiales, DNI, cédulas de identidad, pasaportes falsos y hasta registro de conducir y calificaciones de ingeniero-técnico electrónico”.

Esta noticia, a horas de que se cumpla un nuevo aniversario de la desaparición de Julio López, quien atestiguó valientemente contra el represor Etchecolatz, muestra que los genocidas supieron construir una red de complicidades, integrada por funcionarios públicos y represores en actividad.







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