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Fuertes críticas en el debut del debate de la Reforma Electoral

Se realizó la primer reunión sobre la Reforma Electoral. Cambiemos busca diagramar las elecciones de 2017 bajo sus propias condiciones. Fuerte cuestionamiento de la izquierda.

Viernes 5 de agosto de 2016 | Edición del día

Con la presencia del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, sesionó el plenario de comisiones de Diputados que dio comienzo al debate sobre el proyecto de ley de reforma electoral presentado por el Poder Ejecutivo. Junto a los funcionarios presidieron la reunión Pablo Tonelli (PRO), presidente de Asuntos Constitucionales, Luciano Laspina (PRO), de Presupuesto, y Diego Mestre (UCR) de Justicia.

El ministro del Interior comenzó su defensa del proyecto de reforma electoral explicando que esta “es la primera parte de una reforma política más ambiciosa”, que busca implementar a nivel nacional el uso de la Boleta Única Electrónica (BUE) dejando atrás el modelo de boleta partidaria de papel, y anunciando que se trataría “más adelante” el financiamiento de las campañas electorales y la relación del proceso electoral y el Poder Ejecutivo.

Un consenso ficticio por parte de Cambiemos

La reforma es mostrada por el oficialismo como una modificación que transparentaría y dotaría de modernidad y seguridad al proceso electoral. Plantean que lo “rápido y moderno” debe ser el criterio que regiría el proceso electoral. El Secretario de Asuntos Políticos, Pérez, presentó en términos electorales las “virtudes” que tendría la reforma al decir que “ganamos en exactitud en el resultado, ganamos en igualdad, ganamos en equidad”. No brindó mayores detalles del proceso electoral, más que estas definiciones conceptuales.

Por su parte, el ministro Frigerio apuntó que la reforma “tiene un nivel de consenso bastante importante”, ya que “desde el primer día de la gestión arrancamos con la Secretaría de Asuntos Políticos intentando lograr el mayor consenso político para esta reforma”. A pesar de sus dichos, a excepción de los diputados de Cambiemos, los diputados presentes fueron en sentido contrario. Tanto del Frente de Izquierda, como de FpV y Justicialistas se elevaron críticas al proyecto de ley.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó el carácter general de la reforma al plantear que“para nosotros esta reforma anunciada y basada en el enorme escándalo de elecciones como la de Tucumán termina siendo cosmética y mantiene lo más retrógrado del régimen electoral actual". La diputada de la izquierda marcó que esta reforma empeora el sistema de las PASO y la injerencia del Estado hacia el interior de los partidos políticos respecto a la elección de sus candidatos.

Y explicó que esto es así no solo debido a que “los electores que elijan votar a diputados en una categoría no podrán elegir a otro candidato para presidente que sea de otra lista”, sino también porque “no sólo cercena a los candidatos la posibilidad de ser elegidos sino que cercena el derecho de los electores, al obligarlos a participar en una primaria donde no pueden elegir”.

A su vez Bregman sostuvo que es necesario la clarificación de varias cuestiones “ya que se habló de la licitación del pliego que se está haciendo para la boleta electrónica. ¿Cómo pueden estar hablando del pliego si todavía no está la ley y no está definido cómo va a ser el sistema, si va a ser boleta única o sólo boleta electrónica? Parece que el negocio millonario se hace primero y el debate sobre el sistema democrático se hace después".

Para nosotros esta reforma anunciada y basada en el enorme escándalo de elecciones como la de Tucumán termina siendo cosmética y mantiene lo más retrógrado del régimen electoral actual

Por su parte el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, no pudo asegurar cual es el modelo tecnológico que propone el oficialismo al confesar que “no tenemos hoy definido de qué software se trata, porque necesitamos una ley que nos dé el marco”. En ese sentido iba la crítica de la diputada de la izquierda Myriam Bregman, al marcar la concepción de crear primero el negocio y luego la ley.

También Néstor Pitrola (PO) señaló distintas críticas y cuestionamientos al proyecto oficial, planteando que el proyecto "ataca a las fuerzas emergentes y los derechos de sus electores”.

Respecto a la licitación para los equipos electrónicos brindó información acerca sobre la coordinación entre el Ministro de Modernización y la Oficina Anticorrupción, de la cuestionada ex diputada del PRO, Laura Alonso, para evaluar las licitaciones.

La reunión continuó con la intervención de más de 30 especialistas sobre el tema invitados por los diferentes bloques, como Teresa Ovejero, secretaria del Tribunal Electoral de Salta, el fiscal federal electoral Jorge Di Lello que festejó la “rapidez con que se intenta actualizar el sistema electoral argentino”. También participó Alejandro Tullio, exdirector nacional electoral y el presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Lozano, entre muchos otros.

Invitado por el plenario de Comisiones, se encontró el ex legislador bonaerense y dirigente del PTS/Frente de Izquierda, Christian Castillo que remarcó el carácter antidemocrático de la reforma debido a que no plantea nada sobre los “pisos” proscriptivos ya vigentes en la legislación actual.

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En algunas provincias como Jujuy por ejemplo llega a ser de 3% del padrón, impuestos con el fin de excluir a las fuerzas circunstancialmente minoritarias. “La norma propuesta por Cambiemos no solo no elimina esos pisos proscriptivos, sino que los avala y profundiza el carácter antidemocrático de las PASO”, cuestionó el referente de izquierda.

Finalizó planteando “la necesidad del aumento de diputados en relación a la representación geográfica que hoy se encuentra subvaluada de acuerdo al último censo nacional como marca la Constitución”. Marcó su apoyo “al cupo del 50% femenino” y remarcó “la importancia del derecho a voto de los inmigrantes que viven y trabajan en el país” en alusión al proyecto de ley por el pleno derecho al voto de los y las inmigrantes presentado por Nicolás del Caño y Myriam Bregman.







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