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Garavano confirmó que el Gobierno planea bajar la edad de imputabilidad

El titular de la cartera de justicia ratificó que se propone bajar a los 14 años la edad para imputar delitos “gravísimos” y “extremos”, en medio de duras y masivas críticas.

Eric Soñis

Abogado - CeProDH

Sábado 4 de marzo de 2017 | 21:10

Germán Garavano anunció que entre mayo y abril el gobierno presentará un proyecto de ley que contemplará dos grandes ejes: la baja de edad de imputabilidad y la reforma del régimen penal juvenil.

El ministro planteó que la edad bajaría a los 14 años para “homicidios, violaciones y robos con armas” delitos que definió como “gravísimos” y “extremos”. Salvo el homicidio simple, estos delitos tienen efectos no solo en la calificación del hecho delictivo, sino también en penas más gravosas.

El gobierno y Garavano disparan argumentos falaces para justificar su vocación por criminalizar a los jóvenes más empobrecidos y con trabajos precarios. Estos sectores de la juventud, brutalmente castigados por las medidas de ajuste de Macri y los gobernadores provinciales, son los principales destinatarios de las leyes penales.

Como ya hemos escrito, “todas las estadísticas dan cuenta del bajo porcentaje de menores que cometen delitos. La opinión de los expertos que predomina es que no hay ninguna vinculación entre la edad de imputabilidad y la cantidad de crímenes que se cometen, lo cual quiere decir que es inútil y demagógico pretender bajar los índices de criminalidad bajando la edad de imputabilidad.”

Garavano adelantó que la suerte de estos proyectos dependerá del “diálogo” de Cambiemos con el FPV y Massa en el Congreso, haciendo alusión no solo a la Alianza de estos sectores en el parlamento para aprobar las principales leyes del ajuste, sino también al consenso que existe entre estos actores a la hora de fortalecer al aparato represivo.

Las voces que se alzaron contra el proyecto de Garavano y el PRO son innumerables: desde los organismos de derechos humanos, referentes del Frente de Izquierda como Myriam Bregman y Nicolás del Caño, hasta UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Defensoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria, entre otros.

Los dueños de la “industria del delito”

Además de generar demagogia sobre el delito y correr el eje de los grandes delitos que cometen el gobierno de los CEO y el alto empresariado, quien se fortalece con este tipo de leyes es el servicio penitenciario, del que Garavano también anuncio reformas mediante la creación de alcaldías, que suponen la inflación de atribuciones y mayor autonomía para quienes dirigen el sistema penitenciario.

La demagogia punitiva de Garavano y Cambiemos es la traducción jurídica y penal sobre cómo dar respuesta al pequeño índice de delitos cometidos por jóvenes en situaciones de pobreza o vulnerabilidad. El gobierno nacional y los sectores de la oposición que defienden a grandes rasgos las reformas, son incapaces de pensar medidas progresivas que saquen a la juventud de la precariedad de sus condiciones vida y de su marginalidad respecto a derechos y servicios públicos esenciales. Al contrario, acuerdan en aumentar los recursos de las mafias estatales que dirigen el régimen penitenciario.

Garavano afirmó que buscarán “evitar situaciones de personas alojadas en comisarias” y adelantó que están llevando adelante “el plan mas ambicioso de construcción de cárceles en la historia”. En medio del escándalo de Pergamino que involucra a policías de la comisaría local por el salvaje asesinato de 7 detenidos sin condena, el gobierno busca fortalecer un sistema carcelario ampliamente denunciado por sus condiciones de vida infrahumanas y de todo tipo de vejámenes y violaciones a los derechos humanos.

El sistema carcelario como supuesta instancia de “reinserción en la sociedad” ha demostrado su completa ineficacia. Ya ni siquiera sus funcionarios y los defensores de la mano dura sostienen que sea un método con algún tipo de efectividad. Aún así, los defensores de la baja de edad de imputabilidad no dudan en avalar a los agentes y funcionarios que, junto a las fuerzas de seguridad, organizan y administran los grandes delitos que luego los jóvenes ejecutan, muchas veces bajo el reclutamiento forzoso de la maldita policía.

Las fuerzas de seguridad son beneficiarias “subsidiarias” de este tipo de reformas. Para ellos, la baja de edad de imputabilidad es la confirmación legal sobre prácticas oficiales que son habituales pero no se encuentran reglamentadas en la ley. Las denuncias que brotan en cientos de barrios militarizados por las fuerzas de seguridad y de quienes en general han sufrido abusos por parte del aparato policial, dan cuenta de cualquier joven menor de 18 años sufre la rutina “oficial” de la policía para las detenciones de jóvenes: golpizas, calabozos, gatillo fácil y hasta desapariciones, como el recordado caso del joven Luciano Arruga.

Criminalización para tiempos de ajuste

El gobierno de los CEO utiliza al Estado como una simple junta donde administra sus negocios, lo que incluye la proliferación de beneficios y prácticas legales e ilegales a favor de los grandes empresarios. Para intentar que los grandes negociados y crímenes sociales transcurran en tranquilidad, las leyes penales se vuelven en la principal herramienta del gobierno para el control social de los más castigados por su plan de ajuste.

La ley penal también le permite al gobierno naturalizar socialmente a nefastas instituciones y agentes estatales como los jueces, los policías o el sistema penitenciario.

Ninguna solución puede lograrse con el fortalecimiento de estas agencias estatales, hoy bajo el mando general de Cambiemos, la banda de empresarios devenida en casta de políticos, beneficiada en ambos casos por la recomposición político-estatal y económica que inició el kirchnerismo en el 2003.







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