Política

IMPUNIDAD

Genocida vip en Campo de Mayo

El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza denuncio la decisión ilegal y arbitraria del traslado del Coronel retirado a Campo de Mayo por parte del Servicio Penitenciario Federal.

Luján Echeverría

CeProDH | Zona Norte GBA

Jueves 15 de diciembre de 2016 | 12:51

El Servicio Penitenciario Federal deberá “reintegrar de inmediato” al penal de Marcos Paz al coronel (R) Aníbal Guevara Molina, a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza, quien fue trasladado sin autorización alguna al "penal VIP" de Campo de Mayo. El coronel condenado a cadena perpetua, está afrontando su segundo juicio por delitos de lesa humanidad.

Ubicado en medio del predio del que fuera el mayor centro clandestino de detención del Ejército, el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, no tiene celdas sino habitaciones, cuenta con un campo de deportes donde los detenidos pueden practicar vóley y fútbol, y un quincho donde recibir visitas. Alojó a represores hasta septiembre de 2013, momento en que fue cerrado por el riesgo de evasiones, tras la fuga de dos condenados del Hospital Militar Cosme Argerich.

Los jueces Ruiz López, Diamante y Grosso calificaron en tono de denuncia que este traslado es una “decisión inconsulta, arbitraria e ilegal” del órgano dependiente del Poder Ejecutivo, advirtiendo que se trata de “un acto de suma gravedad institucional” que viola la división de poderes y que los traslados a cargo del SPF tienen “cada día más fallas y de mayor gravedad". El mismo Servicio Penitenciario esta sospechado de fraguar informes sobre la salud de Etchecolatz para beneficiarlo en su pedido de prisión domiciliaria.

Fundada en normas internacionales sobre reclusos de la tercera edad, problemas de salud de los represores y en la necesidad de plazas para implementar la ley de flagrancia, el Director del SPF, Emiliano Blanco, sello su firma en la resolución que habilitó “el alojamiento transitorio de internos condenados o procesados por delitos de lesa humanidad", conjuntamente con la que se dispuso el traslado de Guevara y otros militares a Campo de Mayo. Mientras tanto el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, a quien los magistrados le pidieron que informara las razones de la decisión inconsulta e imprevista, se llamó a silencio. El fiscal Dante Vega, por su parte, pidió que se reintegrara a Guevara a Marcos Paz.

Apenas puesta en marcha la Ley de Flagrancia, y mediante un procedimiento más que informal, la División Judiciales del Servicio Penitenciario, envió un mail al correo de la secretaría de Derechos Humanos del tribunal para informar el traslado. El único motivo invocado: la necesidad de “generar plazas” para la aplicación de aquella ley.

Así es como durante la gestión de gobierno de Cambiemos se han profundizado los beneficios a los genocidas, y no sólo se ha expresado en boca del Presidente sino de altos funcionarios de su gabinete intentando negar a los 30000 desaparecidos, en términos de guerra sucia para calificar el Terrorismo de Estado, así como lo han hecho los militares.

Respecto a beneficios para los genocidas como las prisiones domiciliarias, a la orden del día, en este período ya se han otorgado más de 50 siendo en muchos casos mediante la gestión del propio Ministerio de Justicia, a cargo de Garavano.Por su parte, durante el gobierno kirchnerista alrededor de 400 condenados fueron beneficiados. El plan de reconciliación no solo busca garantizar la impunidad sino también legitimar el accionar de las fuerzas represivas del Estado.

Campo de Mayo fue uno de los centros clandestinos de detención con más desaparecidos en el país, alrededor de 5 mil, en su gran mayoría obreros y estudiantes de la Zona Norte de Buenos Aires; las fábricas Terrabusi, Ford, Mercedes Benz, Lozadur, Mestrina, Astarsa, son sólo algunos ejemplos. Aquellas generaciones que dieron la pelea por transformar la sociedad durante los años 70, se refleja hoy en amplios sectores que dan continuidad a la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.

Tanto en su discurso, como en sus políticas de perdón y reconciliación, el gobierno pretende deslegitimar una verdad histórica, en la que represores, militares y civiles fueron parte de un plan genocida. Frente a ello, sigue en pie la lucha inclaudicable y sin descanso de víctimas, familiares, organismos de DD.HH independientes de los gobiernos, que junto a los trabajadores y la juventud, mantienen los hilos de continuidad de los 30000 y llevan sus banderas en alto en búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.







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