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JUJUY

Imputaron a un juez que no se alineó con el gobernador Morales

El juez Javier Aróstegui fue acusado de ser “benévolo” con integrantes de la organización Tupac Amaru y ahora deberá enfrentar un proceso en su contra.

Eduardo Hernández

Diputado del PTS-FIT en Jujuy | @hehernandez2

Lunes 18 de julio de 2016 | 11:25

Antes de que comience la feria judicial por el receso invernal se conocía la imputación del juez de Instrucción N° 1 de causas residuales, Javier Aróstegui. La misma fue promovida por el flamante Ministerio Público Fiscal de Jujuy y que está a cargo de Sergio Lello Sánchez, autoridad que lo imputó bajo la figura de “prevaricato, denegación de justicia, abuso de autoridad y encubrimiento en concurso real”.

Dicha denuncia contra el juez Aróstegui fue presentada por Lello Sánchez y está a cargo del Juez de Control N° 2, Jorge Zurueta. Según el titular del Ministerio Público Fiscal, Aróstegui fue un juez “benévolo” con la organización Tupac Amaru y con Milagro Sala tras no haber encontrado ningún indicio de que la dirigente haya sido coautora de un homicidio, en el marco de la causa de la balacera en el Barrio Azopardo, impulsada el gobernador radical Gerardo Morales y es una (de las tantas) por las que está presa desde enero pasado.

Recordemos que Lello Sánchez es uno de los funcionarios que promovió el actual gobierno de Morales-Haquim tras modificar en trámite exprés la justicia jujeña, haciendo votar a sus diputados la ampliación del Superior Tribunal de Justicia y creando diferentes juzgados y fiscalías.

El juez Aróstegui también tiene pendiente en el S.T.J. de Jujuy un pedido de jury de enjuiciamiento por parte del actual gobernador Morales, en ese entonces senador nacional por Jujuy, acusándolo de ser “cómplice” de la dirigente Milagro Sala.

Este procedimiento del “apriete” de jueces que no responden a la política del gobierno, ya tuvo su debut, cuando el mismo gobernador presentó una denuncia contra el fiscal Darío Osinaga Gallacher, por haberse negado a ordenar el desalojo del acampe que la organización Tupac Amaru sostenía a fines del año pasado.

De esta manera el gobierno de Morales y su vice, el massista, Carlos Haquim, confirman la persecución integrantes de la privilegiada casta judicial que no le responden directamente, como parte de sostener el régimen policíaco instaurado desde su llegada a la gobernación como denuncian distintas organizaciones políticas, referentes y organizaciones de DDHH.

Por último, recordamos que la imputación sobre Aróstegui vino al cierre de una semana en la cual, detuvieron a Raúl Noro, marido de Milagro Sala, y la policía de infantería provincial reprimió con balas de gomas y gases a los obreros azucareros del Ingenio Ledesma con un saldo de varios heridos.







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