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Con jubilaciones promedio de $ 210.000 funcionarios y jueces quedan excluidos del congelamiento

El proyecto votado por Diputados excluyó de la suspensión de la movilidad a los 4.938 jubilados de la ley N° 24018: expresidentes, vicepresidentes, jueces y fiscales.

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 13:04

Foto: Sitio Andino

La Cámara de Diputados aprobó la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, que congela por seis meses la movilidad jubilatoria.

Será el gobierno nacional quien decida cuánto cobrarán las y los jubilados.

Pero los que compulsivamente fueron obligados a ser solidarios, son los adultos mayores que peor cobran, ya que los ex presidentes y vices, jueces y fiscales quedaron fuera del congelamiento de las jubilaciones.

Son los jubilados del régimen de la Ley N° 24.018, que perciben las jubilaciones más altas del sistema. La ley N° 24018 comprende a las asignaciones mensuales vitalicias para el "Presidente , Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Según el Informe de la ANSES, a mayo pasado el haber medio era de 11,9 veces el haber medio de los jubilados del sistema general. Y de 17 veces el haber mínimo. Los 4.938 jubilados comprendidos en dicha ley perciben un haber promedio de $ 210.000 y un haber máximo que puede duplicar esa cifra.

Son montos que nada tienen que ver con los haberes de quienes han trabajado toda su vida y que en el momento de mayor vulnerabilidad perciben ingresos que no les permiten siquiera cubrir una canasta básica acorde a su edad.

El proyecto impulsado por el gobierno y aprobado en Diputados no toca los intereses de los grandes empresarios, los bancos, las petroleras y las mineras que ganaron en la era Macri, pero congela la movilidad jubilatoria por seis meses.

La extraña "solidaridad" impuesta por el gobierno de les Fernández y los diputados que votaron la media sanción a la ley y cobran más de $ 180.000, nada tiene que ver con dar prioridad a los sectores más castigados por el macrismo.
Hasta el momento los hechos demuestran lo contrario.

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