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Jujuy: sobre la elección de Junta Calificadora Docente

El próximo 15 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de vocales para la Junta de Calificación Docente y para la Comisión de Seguimiento de Títulos. Reproducimos declaración de la agrupación docente 9 de abril de Jujuy.

Domingo 10 de noviembre de 2019 | 18:32

Frente a las elecciones del próximo 15 de noviembre, lo primero que hay que señalar y denunciar es que las mismas se dan en un marco restrictivo y antidemocrático. Estas restricciones son producto de lo estipulado por el decreto 8340-E-18 y la ley 6118 del presente año, imposiciones del gobierno de Morales y Calsina.

A partir de estas normativas que no tuvieron ni la consulta ni el aval de la docencia y que desde la agrupación 9 de Abril y los diputados del Frente de Izquierda rechazamos desde el primer momento, se impone que tanto la Junta Calificadora así como la Comisión de Seguimiento de Títulos se conforman con mayoría de vocales puesto a dedo por el propio Ministerio de Educación, quedando sólo a elección de los docentes titulares e interinos (sólo una parte del conjunto de la docencia) un solo vocal por cada nivel.

De esta manera, se unifica la Junta Calificadora que pasa a tener cinco salas (inicial, primaria, media, técnico-profesional y superior) y el Ministerio designa al presidente/a de la Junta y a dos vocales por cada sala. Es decir, que los docentes electos por el voto de sus colegas es una minoría frente a los vocales ministeriales. El mismo método se repite para la Comisión de Seguimiento de Títulos ya que de los cinco integrantes, tres son puestos por el Ministerio y solo dos son electos por los docentes.

Además, ni siquiera el propio Ministerio respeta la fecha de elección estipulada en el decreto mencionado, que era para marzo de 2020, convocando las elecciones para el 15 de noviembre.

Como si esto no fuese suficientemente antidemocrático, para poder avanzar con esta nueva conformación de la Junta y la Comisión, se avasalló el Estatuto Docente, derogando por medio de un decreto (del cual nunca el gobierno justificó cuál era la necesidad y la urgencia) capítulos enteros de las leyes en las que se basa el Estatuto Docente. A su vez, se estipulan sanciones a aquellos docentes que no vayan a votar a partir del decreto y la ley ya descriptos. Lo que constituye un avance desde el Estado sobre los derechos adquiridos de los docentes que debería ser denunciado y rechazado de plano por todas las listas que se presentan.

Todo esto se da en el marco de un ajuste sobre la educación pública que viene del gobierno anterior y que éste profundizó, y que aunque Macri se vaya se quedan el FMI y la deuda, por lo que se preparan para seguir descargando el ajuste sobre las espaldas de los trabajadores y la educación pública.

Estas medidas impactan en los docentes más jóvenes que quieren ingresar al sistema educativo. Por un lado, porque directamente están excluidos de poder ser candidatos (se exige diez años de antigüedad), pero también de elegir y votar ya que sólo votan los titulares e interinos y la mayoría de los que recién ingresan solo consiguen suplencias. Por otro lado, porque son a quienes más les cuesta comenzar a acumular puntaje para poder ingresar a trabajar. Lo que se traduce en un conjunto de desventajas y desigualdades que las nuevas normativas incrementan.

En el marco de una avanzada precarización del trabajo en general y del docente en particular, los que más sufren esa precarización son los jóvenes. Ya que según la normativa vigente la forma de sumar puntaje es a través del pago de cursos de capacitación, inaccesible para los recién recibidos. Y los títulos tienen un puntaje mucho más bajo que en otras provincias, aumentando las desigualdades entre los jóvenes y los docentes con mayor antigüedad.

Nuevamente el rol pasivo de las conducciones sindicales permitió que el gobierno avance sobre nuestros derechos también en lo que al trabajo y la carrera docente refiere. Si bien formalmente, al principio, se opusieron al decreto 8340-E-18, en ningún momento tuvieron la intención ni la iniciativa de organizar, poner en pie y encabezar un verdadero plan de lucha para que este nuevo ataque no pase. Más adelante, pasaron a exigir solamente que se convoque a las elecciones para vocales de una Junta completamente amañada por la dedocracia de Morales y Calsina. Como frutilla del postre, en la última semana, la Ministra de Educación se dio el “lujo” de presentar la nueva grilla de calificación (cuyos cambios generó polémica y rechazo en la docencia) con el aval de las conducciones gremiales. Todo nuevamente de espaldas al conjunto de los docentes. Para esas cosas sí que no hay grieta.

Por esto, el primer planteo de cara a las elecciones venideras debe ser claramente el rechazo del decreto 8340-E-18 y la ley 6118 que lo reglamenta porque es un ataque a los derechos de la docencia, por lo que hay que mantener el reclamo de su derogación. Para avanzar en un debate democrático junto a todos los y las compañeros/as docentes y la conformación de un proyecto de ley de Junta de Calificación y una grilla de puntaje que sean construidos desde las bases junto a la comunidad universitaria de la UNJu cuyos egresados son puestos en un lugar de absoluta desigualdad en cuanto al puntaje de sus títulos.

Por otro lado, hay que exigir la formación continua y gratuita a cargo del Estado para que éste sea el garante de la carrera docente a través de la formación gratuita, en servicio y de calidad para los/as profesores/as. Hay que terminar con el negocio y mercantilización de los cursos, que en muchos casos los/as docentes deben pagar para tener puntaje y poder trabajar.

Desde la agrupación docente 9 de abril creemos que los cargos de los vocales electos mediante el voto de los docentes deben estar puestos en función de desarrollar la lucha contra el decreto y ley de unificación de junta y plantear abiertamente la necesidad de su derogación. Si no se estará actuando de una manera legitimadora de lo que se critica.

Llamamos a los/as compañeros/as de la agrupación Marina Vilte a plantear entre los puntos principales de la campaña la derogación del decreto que reforma la Junta de Calificación, así como a impulsar en común exigencias a las conducciones de CEDEMS y ADEP para que convoquen a asambleas y ámbitos de discusión donde se pongan a consideración todos los aspectos que hacen a la Junta y a la grilla de calificación docente, además de la exigencia a un verdadero plan de lucha por la recomposición salarial y por nuestros derechos.







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