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REFUGIADOS UE

La Comisión Europea propone una “Policía” de fronteras para frenar a los refugiados

La Comisión Europea (CE) presentó este martes una batería de medidas, que incluye poder decidir el envío de guardias europeos a las fronteras exteriores que considere “mal protegidas”, aunque el país afectado no lo solicite.

Miércoles 16 de diciembre de 2015 | Edición del día

El Ejecutivo comunitario, que presentó sus propuestas ante el pleno del Parlamento Europeo (PE), quiere crear un cuerpo europeo de guardias fronterizos sobre la base de la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex), que esté dotado con una reserva de al menos 1.500 efectivos de los Estados miembros, que deberán estar disponibles para intervenir en un plazo de tres días.

La CE sugiere por otro lado que en 2020 haya hasta 1.000 trabajadores al servicio de esta nueva agencia, más del doble del personal con el que cuenta ahora Frontex, y que su presupuesto se eleve hasta los 322 millones de euros.

Bruselas aboga además porque se cree un “centro de supervisión y análisis de riesgo” que haga una evaluación obligatoria de la situación.

"Donde las deficiencias persistan o donde un Estado miembro esté bajo una presión migratoria significativa que ponga en peligro el área Schengen y la acción nacional sea insuficiente o no se prevea, la CE podrá adoptar una decisión de ejecución", propone la CE.

Esto supone que será Bruselas la que proponga el despliegue, una decisión que saldrá adelante sin necesidad de que la apruebe el Consejo de la UE. Sí tendrá que dar su visto bueno por mayoría cualificada un comité, englobado en el seno de la CE, en el que están representados los Estados miembros. En caso de que este comité no se pronuncie o se oponga, la CE podrá recurrir a un órgano de apelación en el que tendrá que haber una mayoría de países en contra para tumbar su propuesta de intervención.

Dejar la decisión a la CE es una cuestión sensible puesto que el control de las fronteras exteriores ha sido hasta ahora competencia exclusiva de los gobiernos nacionales que, según la legislación actual, son los que deben solicitar ayuda comunitaria. Esta medida implica una mayor cesión de soberanía hacia el ejecutivo de la UE, para centralizar una política contra los refugiados.

El número de personas llegadas a la UE entre enero y noviembre de este año ha alcanzado casi 1,5 millones, según la Comisión.

Ésta quiere también que la nueva agencia europea tenga un papel más fuerte en materia de deportación de inmigrantes irregulares, para lo que propone crear equipos europeos de retorno, así como un documento de viaje para estas personas que unifique los 28 existentes y facilite su admisión por parte de sus países de origen.

La CE asegura que su objetivo no es otro que “proteger el espacio de libre circulación de Schengen”, es decir fortalecer las fronteras de la UE contra “el enemigo exterior”.

La CE ha accedido a poner sobre la mesa una reforma limitada del código de fronteras Schengen, como el que solicitaron algunos países para hacer posible el cotejo sistemático de la identidad de los ciudadanos europeos en los límites exteriores con las bases de datos nacionales y europeas.

Este paso ha estado hasta ahora reservado para los nacionales de terceros países.

Este refuerzo en los controles, que será obligatorio y se aplicará tanto en la entrada como en la salida del espacio Schengen, pretende blindar el área de libre circulación contra la entrada de presuntos yihadistas, y se aplicará a los miles de refugiados que intentan llegar a Europa, escapando de la guerra y las bombas que lanzan esos mismos países europeos.







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