Géneros y Sexualidades

ABORTO NO PUNIBLE

La Iglesia criticó la adhesión al protocolo de interrupción legal del embarazo en la Ciudad

En una carta firmada por el arzobispo Mario Poli y los obispos auxiliares de la Ciudad de Buenos Aires, se pronunció nuevamente contra la realización de abortos no punibles según lo permite el Código Penal desde 1921.

Pablo Herón

@PhabloHeron

Viernes 17 de julio | 17:51

Foto: V. Sokolowicz

El día de ayer la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhería al protocolo de interrupción legal del embarazo que regula la aplicación de abortos no punibles a nivel nacional el año pasado. Una nueva conquista del movimiento de mujeres que durante el 2018 se movilizó por cientos de miles por la legalización del aborto.

Ayer finalmente se aprobó la adhesión al protocolo nacional con 49 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Hasta el momento Cambiemos había anulado la actualización en la ciudad, donde tenía vigencia un protocolo aprobado en el 2012 que era sumamente restrictivo.

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La respuesta de la Iglesia Católica no tardó en llegar, en la página del Episcopado publicaron una carta firmada por el Arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, y sus obispos auxiliares. La entidad religiosa volvió a la carga con uno de los argumentos usuales para defender su postura: “comprendemos que está en juego la salud, pero también comprendemos que la salud no se puede alcanzar descartando a otro ser humano”. Un fundamento que solo busca negar el derecho elemental a mujeres y personas con capacidad de gestar a no morir en abortos clandestinos, en este caso en particular para los casos dispuestos desde 1921 por el propio Código Penal.

En la misma línea argumentativa declararon: “nos lastima y duele, que en medio de un letal contagio, donde tantos agentes sanitarios y servidores esenciales exponen y arriesgan su vida para salvar la del semejante, los legisladores vean oportuno avanzar en una ley, que ciertamente no es «honrar la vida»”.

Sus afirmaciones no pueden estar más alejadas de la realidad, los abortos ya se realizan y la criminalización solo aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres. En el marco de la pandemia y la crisis económica, según el Instituto Guttmacher (un centro de estudios especializado en derechos reproductivos) si cae el 10% el uso de anticonceptivos reversible a corto y largo plazo “daría como resultado que 49 millones de mujeres verían insatisfecha su necesidad de anticoncepción moderna en países de ingresos bajos y medios". Esta caída podría resultar en 15 millones de embarazos no deseados adicionales, lo que aumenta la posibilidad de abortos inseguros.

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Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ya se había pronunciado contra el aborto la federación evangélica más grande de Argentina: ACIERA. En una carta al presidente Alberto Fernández, le expresó su preocupación por el hipotético proyecto de ley que presentaría el ejecutivo nacional, que según lo anunciado entraría al Congreso en los primeros diez días de marzo pero aún se desconoce el mismo.

La implementación del protocolo de interrupción legal del embarazo en Capital es una conquista elemental para el contexto que atraviesa el país. La crisis económica, sanitaria y social tiene un aún más impacto en las mujeres, que son gran parte de las “esenciales” y sobre quienes mayoritariamente recaen los trabajos de cuidado. Las coordenadas de la situación más bien apuntan a un solo camino: urge conquistar la legalización legalización del aborto que garantice una práctica libre, segura y gratuita para que no haya más mujeres ni personas con capacidad de gestar presas por abortar o muertas en la clandestinidad.







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