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La Justicia da luz verde para el espionaje

Ya surgen las primeras repercusiones de lo que seguramente será una fuente generadora de escándalos. Mauricio Macri designó a Gustavo Arribas al frente de la Agencia Federal de Inteligencia.

Myriam Bregman

Diputada porteña PTS/FIT | CeProDH | @myriambregman

Matías Aufieri

Abogado | CeProDH

Viernes 8 de enero de 2016 | Edición del día

El escribano y “representante” de futbolistas es uno de los protagonistas del cuestionado pase del delantero de Boca Jonathan Calleri al club Inter de Italia. Se dedica a la triangulación de jugadores mediante los pases puente, por los que clubes de escasos recursos asientan en sus planteles a futbolistas consagrados que compran los intermediarios como Arribas, aunque aquellos jamás juegan en esos clubes pequeños. Una actividad altamente sospechada de encubrir lavado de dinero.

Como en otras áreas del Gabinete nacional, aquí también el zorro se encuentra cuidando el gallinero.

A tono, la Justicia federal, que siempre se esmeró en ser oficialista, ha decidido dar vía libre en forma descarada al espionaje estatal mediante una serie de fallos que se sucedieron en los últimos días. Si las causas con las que se investigaban estos hechos fueron enlentecidas hasta el infinito durante los últimos años, ahora están encontrando pronta resolución.

Y Tortuga un buen día aceleró

Tras ser objeto de una campaña mediática por parte de Jorge Lanata y Clarín, que le achacaban lentitud, el juez federal Sebastián Casanello dispuso, a días de la asunción de Mauricio Macri como presidente, su sobreseimiento en la causa que lo tenía procesado por el espionaje ilegal realizado desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto al considerar, asombrosamente, que no existían pruebas que lo vincularan al espionaje montado por sus exfuncionarios y los policías Jorge“Fino” Palacios y Ciro James, pese a que entre las víctimas de tal accionar se encontraban los propios familiares del ex jefe de Gobierno.

Macri ya había logrado la fragmentación de la causa y, como ocurre en la mayoría de los casos, esa división entre los autores materiales y los responsables políticos o autores intelectuales arroja como resultado la impunidad de estos últimos.

A todas luces, el sobreseimiento del presidente de la nación es un enorme mensaje de impunidad a favor de los sistemas de espionaje actuantes en la Argentina.

Y Arroyo Salgado también

Después de haber instruido durante años un proceso por espionaje y venta de información contra el ex-SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre, otros espías y algunos periodistas, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, hizo lugar repentinamente a un pedido de nulidad de la defensa, dando marcha atrás con su propia y larga instrucción de la causa. En sentido contrario, por la cantidad de pruebas acumuladas, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, había requerido la elevación a juicio de la causa.

Otras causas pendientes

Estas resoluciones constituyen una pésima señal para otras causas en curso que investigan el mismo accionar estatal.

Una de ellas, la más resonante de los últimos años, es la del “Proyecto X”, también a cargo del juez federal Casanello.

Con numerosas medidas de prueba logramos, en tanto abogados querellantes, acreditar el accionar de infiltración e inteligencia ilegal por parte de la Gendarmería Nacional, e incluso la existencia de un sistema informático dispuesto a acumular información de infinidad de luchadores sociales, de derechos humanos, gremiales y políticos. Pero Casanello dictó la falta de mérito a dos oficiales de Gendarmería que se habían infiltrado en las protestas de los trabajadores de Kraft en el año 2009. La Cámara Federal confirmó dicha medida, aunque ordenó al juez la profundización de la investigación, dada la gran cantidad de información hallada en sede de la fuerza de seguridad, e indicó investigar la existencia de responsabilidad institucional.

También a cargo del juez federal Sergio Torres se tramita de modo extremadamente lento la denuncia que en mayo de 2013 realizamos un grupo de querellantes contra el agente infiltrado Américo Alejandro Balbuena, miembro del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal.

Así también, en el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de Arroyo Salgado, se tomó declaración indagatoria a Roberto Galeano, excoronel y hombre de inteligencia del Ejército, infiltrado bajo el mando del ex secretario de Seguridad Sergio Berni en el conflicto de los trabajadores despedidos de Lear durante 2014.

La jueza Arroyo Salgado deberá resolver en breve sobre el pedido de procesamiento que pesa sobre Galeano por parte de la Fiscalía en momentos en que el nuevo Gobierno comienza a embestir contra la movilización popular y el derecho a la protesta mediante la creación de un protocolo contra las manifestaciones y cuando todo indica que será una política creciente ante el ajuste en ciernes.

Sigue vigente más que nunca la pelea por el desmantelamiento de todos los aparatos de inteligencia orientados a la persecución de los movimientos populares y de las organizaciones políticas y gremiales. Se impone también realizar una gran campaña unitaria para enfrentar la criminalización y regulación de la protesta social.







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