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La Justicia intenta desalojar a 106 familias en Parque Patricios

En la ciudad donde crece a diario las personas en situación de calle, la justicia intenta desalojar a 106 familias del emblemático edificio de Santa Cruz 140 del barrio de Parque Patricios. Se organizan para resistirlo y piden solidaridad. El negocio inmobiliario de unos pocos no puede ser más importante que la vivienda para las mayorías.

Leandro Sorribas

@Leo_espartaco

Sábado 14 de septiembre | 17:45

La justicia decidió no dar lugar a la solicitud de suspensión del desalojo del edificio Santa Cruz 140. Los vecinos se preparan, para los días 18, 19 y 20 de septiembre donde la justicia intentará instrumentalizar el desalojo de 106 familias, con adultos mayores, niños y hasta bebes.

Este pasado viernes 13 se realizó una asamblea abierta a organizaciones solidarias, donde se definió resistir el desalojo. Ni una familia más en la calle.

En una de las ciudades más ricas del país, la falta de vivienda es un flagelo para los sectores populares. Desde que el macrismo llegó al gobierno la ciudad se transformó en un distrito digno de la especulación inmobiliaria. Puerto Madero es su expresión máxima, además de cientos de ventas a precios irrisorios de terrenos fiscales, muchos de estas ventas con el aval de la oposición en la legislatura porteña.

No se puede permitir que 106 familias, queden en la calle por el fallo de un juez y con la mirada cómplice del gobierno de la ciudad. Estas familias hace años que vienen buscando la forma de legalizar e incluso de comprar el inmueble para no terminar en la calle.

Santa Cruz 140: Un poco de historia

En la década de los 90, la fabrica textil SELSA quebró e inmediatamente los inmuebles donde funcionaban los talleres fueron vendidos o rematados, mientras el edificio de la calle Santa Cruz 140 donde estaba la sede social quedó vacio y sin uso aparente.

En medio de la crisis social de comienzo de siglo, en el 2002 el edificio fue ocupado por cientos de familias que perdieron sus viviendas y comenzaron a recuperarlo como vivienda.

En el año 2010, el edificio de la sede social fue subastado, y las familias que allí vivían intentaron obtener un crédito para comprarlo, pero no lo lograron.
Con todos sus habitantes dentro, fue finalmente comprado por la irrisoria suma $1.550.000 pesos por Leonardo Ratuschny, quién inmediatamente inició un proceso judicial de desalojo.

Ratuschny es un conocido inversor en hoteles familiares. En una simple búsqueda por internet aparece, además, como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales.

El objetivo de este pedido de desalojo, un nuevo negocio inmobiliario, de un edificio que se encuentra a cuadras del Distrito Tecnológico. Una zona donde el gobierno de la ciudad habilita a empresas con ventajas fiscales y créditos especiales para la instalación de negocios de informática y diseño gráfico.

Las familias ocupantes, intentaron todo estos años legalizar su ocupación como forma de defender su vivienda. Llevaron adelante gestiones con el Instituto de la Vivienda (IVC) para ingresar en las operatorias de la Ley N° 341 y sus créditos, conformandos la Cooperativa Papa Francisco, pero sin respuesta favorable por parte del gobierno.

Llegaron en el 2015 a solicitar una audiencia con la participación de Leonardo Ratuschny y el IVC con la finalidad de llegar a un acuerdo de venta. En la audiencia el edificio se multiplicó por 30 su valor, a pesar que según el tribunal de tasación de la ciudad lo valuaba en 8 millones y varias inmobiliarias de la zona en 15 millones. Una verdadera estafa de parte de Ratuschny.

Sin la ayuda del IVC las familias vieron imposibilitada la legalización de sus viviendas, luego de años de refacciones para hacer del edificio abandonado un edificio de viviendas familiares.

El flagelo de la vivienda es uno de los mas graves de la ciudad, con decenas de miles de personas en situación de calle, con paradores abarrotados y sin presupuestos para su funcionamiento digno, con decenas de villas y asentamientos sin urbanización en vista.

El derecho a un techo no puede ser violado por la especulación inmobiliaria, sino que debe ser conquistado con la movilización, empezando por impedir todo intento de desalojo. Imponiendo un plan de obras publicas en mano de trabajadores que junto a los vecinos puedan urbanizar las villas y asentamientos, fabriquen de viviendas familiares y sean expropiadas todas las viviendas ociosas de la ciudad. La implementación de créditos baratos para la primera casa, lo opuesto a los usurarios créditos UVA.

En definitiva un programa para dar vuelta todo, para que la vivienda familiar y digan valga mas que las ganancias de la especulación inmobiliaria.







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