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La Justicia refuerza su impunidad en Jujuy

El STJ desestimó una presentación de legisladores del PJ-FPV por abusos de jueces y fiscales. Afirman que es “independiente”, cuando Gerardo Morales armó una Justicia con mayoría propia.

Martes 7 de junio de 2016 | 09:07

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) emitió una acordada (N°101) el pasado jueves (2) por la cual rechazó una presentación de los legisladores provinciales y nacionales del PJ-FpV. En su presentación solicitaban la intervención del STJ ante abusos cometidos por jueces y fiscales en causas contra ex funcionarios del gobierno del ex gobernador Eduardo Fellner.

La denuncia de los legisladores fue a raíz de allanamientos que ordenó la fiscalía N° 5a cargo del fiscal Mario Alejandro Maldonado el 20/5, y los mismos fueron realizados sin contar con un requerimiento de información de oficio, ni una orden del juez. La intervención del fiscal acompañado de efectivos policiales fue en el Municipio de El Carmen, en un local y en estudio contable de esa ciudad.

Estos procedimientos se originan en una denuncia sobre funcionarios del municipio por gastos efectuados por compras en un local comercial propiedad del ex concejal de la UCR, Víctor Hugo González, actual Intendente de los Diques nombrado por Gerardo Morales. Por la denuncia quedaron imputados además del ex concejal, Omar David Fernández, encargado de Compras; Víctor Daniel Cardozo, jefe de Compras y Suministros; Luis Guillermo Orellana, director de Contaduría General; Ramón Hilario Urzagasti, jefe de Gabinete, y la contadora María Isabel Flores, secretaria de Hacienda.

Desde el STJ contestaron que el Poder Judicial es independiente y debe sostener esa independencia como uno de sus primeros deberes conforme al Artículo N°145 de la Constitución de la Provincia, un artículo que explicita esa independencia. O sea, una forma de ampararse en la división de poderes para evitar todo tipo de cuestionamiento y control de su accionar.

El segundo argumento dado para el rechazo del pedido es que al tratarse de legisladores deberían hacer su presentación ante “los órganos y en las formas que corresponde”, dando a entender que la denuncia deberían presentarla en la legislatura provincial o en la Cámara de Senadores o Diputados de la Nación. Pero a pesar que hacen mención al capítulo cuatro de la Constitución Provincial por el cual se procede a determinar los mecanismos para la sanción o remoción del personal del Poder Judicial, al desestimar el pedido, lo pasan por alto, afirmando que sólo el Poder Judicial puede decidir por sí mismo sobre el accionar de sus funcionarios.

Por último, en relación a la denuncia por accionar irregular de los miembros del Ministerio Público de la Acusación, aclaran que el mismo goza de autonomía funcional y administrativa (art 2 de la Ley 5.895). Una extraña autonomía que le permite recibir automóviles por parte del STJ como anuncian en el mismo portal judicial, sin dejar de lado, que este Ministerio fue creado por el mismo Gerardo Morales para darle más poder a los fiscales.

Una semana después de los allanamientos en El Carmen, al fiscal Maldonado le abrieron un sumario administrativo por su actuación en este caso. Pese a esta medida sobre Maldonado que tomó el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, para los miembros del STJ llamativamente no habría nada que objetar a los fiscales y jueces de la provincia.

El brazo armado de la Ley

Desde diciembre cuando el gobernador Gerardo Morales amplió el STJ armando una mayoría propia de jueces que incluyen a los “dipujueces” Beatriz Altamirano, Pablo Baca y Federico Otaola se inició una ofensiva judicial contra la oposición política y en particular sobre las organizaciones sociales y dirigentes sindicales. Milagro Sala sigue detenida desde el 16 de enero por un acampe; tres dirigentes del SEOM-Jujuy fueron detenidos por una protesta y liberados luego de 15 días de arresto; los dirigentes del Sindicato de Aceros Zapla,Víctor Aguirre y los delegados Walter Calapeña y Julio Mamani, enfrentan una causa penal por la huelga de 2014, hay además 8 obreros del Ingenio La Esperanza con denuncias penales, entre ellos Silvio “Choper” Egüez vocal de la Comisión Directiva del sindicato.

En todos estos casos el accionar de jueces y fiscales ha sido completamente arbitrario e irregular, a punto tal que desde columnas de opinión en más de una ocasión favorables al oficialismo, ahora le advierten al gobernador sobre los peligros de una “dictadura de los magistrados” en la provincia.

El fiscal Maldonado responde a las órdenes del juez Gastón Mercau (ex yerno de la presidenta del STJ, Clara de Langhe de Falcone), el mismo que actúa en una de las tantas causas que recaen sobre Milagro Sala. En el caso de los ex detenidos del SEOM, fue el mismo fiscal Gustavo Araya el que dio la orden de allanamiento y arrestos, un fiscal que también actúa en una causa contra Sala, quien acaba de denunciar las pésimas condiciones en que se encuentran las mujeres alojadas en el Penitenciario del barrio Alto Comedero en la capital jujeña.

Las autoridades del STJ parecen no tomar nota de ello y se recuestan en una falsa independencia de poderes. De los 9 nueves, 5 responden a la UCR de Morales y el resto fue puesto por el PJ de Fellner-Jenefes.

Es una institución que se basa en una supuesta legalidad hecha a su imagen y semejanza para evitar ser cuestionada, una institución que decide por sobre 700 mil jujeños que jamás votaron a sus miembros. La Justicia intenta situarse encima de la sociedad, con un puñado de jueces radicales y peronistas que legislan para los grandes empresarios y deciden la judicialización de la protesta social, mientras ajustan cuentas entre los ex funcionarios del régimen de la oligarquía política jujeña en la cual además de los ex hombres de Fellner también caen los radicales como el ex concejal González o funcionarios del intendente radicalde San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge.

Los jueces están llenos de privilegios con dietas de miles de pesos, un cargo vitalicio, eximición del impuesto a la ganancia y que junto a los integrantes de las fuerzas armadas son los únicos que perciben el 82% móvil cuando se jubilan.

Tan fuertes son los lazos de la familia judicial que siquiera los jueces puestos por Fellner apoyaron el pedido de los legisladores del PJ-FPV, sino que incluso acompañaron la acordada de los jueces de Gerardo Morales. Todos ellos son: Clara Aurora De Langhe de Falcone (UCR); Laura Nilda Lamas González (UCR), Sergio Marcelo Jenefes (PJ); Federico Francisco Otaola (UCR); María Silvia Bernal (PJ); Pablo Baca (UCR); José Manuel del Campo (PJ). Por su parte, Sergio Ricardo González (PJ) y Beatriz Elizabeth Altamirano (UCR) no se pronunciaron por encontrarse de licencia.

La Justicia del gobierno del radical Morales y el massista Haquim le da garantía legal al régimen policial instaurado para hacer pasar el ajuste que a nivel nacional comanda el presidente Macri y los gobernadores del FPV como en Tierra del Fuego y Santa Cruz con iguales métodos represivos que la derecha liberal. Es tiempo de pararles la mano.







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