Política

CRIMINALIZACIÓN DE LA JUVENTUD

La Plata: Gobierno y Policía atacan y detienen a once chicos en situación de calle

El pasado lunes policías junto con funcionarios de Niñez de la Provincia, ingresaron a un hogar maternal abandonado y se llevaron detenidos a ocho menores de edad y tres mayores de 18 años.

Jueves 25 de abril | 00:00

Once jóvenes en situación de calle pasaron la noche en un edificio donde funcionaba un hogar materno. En la mañana del lunes, una decena de policías junto a funcionarios del organismo de Niñez de la Provincia ingresaron a este edificio para llevarse detenidos a los jóvenes, entre ellos ocho menores.

La excusa que esgrimieron fue que estos chicos habían robado. Antes de ser detenidos fueron golpeados, esposados y trasladados a la comisaría 9ª de La Plata. Los tres mayores de 18 años, continúan detenidos.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que los jóvenes no tuvieron asistencia legal de la defensoría pública y la fiscalía, y por lo tanto no se garantizó el derecho a la defensa.

Según relata la Agencia Andar, “el hogar materno Arullos, el único dispositivo de Niñez de toda la provincia de Buenos Aires para madres adolescentes en situación de calle, cerró sus puertas hace un año y medio por el grave estado edilicio”. Las obras de refacción que supuestamente se iban a hacer no se hicieron.

Desde entonces siete niños en situación de calles se juntaban cada noche para ingresar juntos al edificio. El domingo último cuatro jóvenes, tres mayores de 18 años, se sumaron al grupo para pasar la noche en el hogar abandonado.

“A la mañana siguiente, diez policías de la comisaría 9ª junto a los funcionarios Pablo Zapata, director de Autonomía joven, y Gladys Pestillo, directora de programas del organismo provincial de Niñez, se presentaron en la puerta del ex hogar Arullos y reclamaron que salieran”, detalla Agencia Andar.

Allí es cuando uno de los niños sale y es atrapado por los efectivos, golpeado, esposado y llevado al patrullero. Mientras los otros diez chicos permanecen escondidos. La policía no tardó en encontrarlos: estaban todos juntos en la misma habitación. Los maltrataron, los golpearon y se los llevaron detenidos. Todo a la vista de los funcionarios encargados de la “protección” de la Niñez.

Los niños junto a los jóvenes fueron trasladados a la comisaría 9ª. Luego de largas horas, los ocho menores fueron liberados y derivados a instituciones de distintos lugares de la provincia. Mientras que "los tres mayores continúan detenidos por robo. Hoy la UFI 15 —a cargo de la doctora Cecilia Corfiel—, antes incluso de tomarles la declaración 308, pidió al Juzgado de Garantías 5 la detención; la titular del juzgado, Marcela Garmendia, confirmó esas detenciones. Desde el momento de los hechos, los jóvenes no tuvieron asistencia legal”, informó Agencia Andar.

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó en la comisaría y se entrevistó con los jóvenes. Además, solicitó a la Defensoría 12 que los jóvenes sean asistidos por la defensa pública y realizó una presentación ante el Juzgado de Garantías que interviene denunciando que no se garantizó el derecho a la defensa y que las detenciones se hicieron convalidando las actuaciones policiales.

Violencia contra la juventud, una cuestión de Estado

El proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil comenzó a tratarse en plenarias en el Congreso de la Nación. Entre los cien artículos que contiene el proyecto se incluye la baja de edad de punibilidad a 15 años y la prisión preventiva hasta dos años. Este proyecto cuenta con un antecedente: en 2009 la Cámara baja aprobó bajar de 16 a 14 años la edad de punibilidad. Perdió estado parlamentario y finalmente no se aprobó.

Este martes Alejandrina Barry, miembro del CeProDH, directora de la Comisión contra la violencia institucional que preside Myriam Bregman, fue una de las oradoras en la plenaria.

Allí mostró los datos sobre la violencia que se ejerce contra los niños y la juventud. Mencionó, además, el artículo 39 de este proyecto que habla sobre la reparación del daño causado por el niño. Y preguntó a los responsables de este proyecto y a quienes lo defienden “¿Qué penas, qué sanciones, qué costos van a tener ustedes por hacerles pasar estos sufrimientos a nuestros pibes y por robarles su futuro?”.

Una pregunta certera cuando hace tan solo un mes atrás se conoció el informe presentado por la Universidad Católica Argentina (UCA) que da cuenta el aumento de la pobreza. Según este informe crece la indigencia y 51,7 % de niños y adolescentes viven en hogares pobres. Se trata de niñas y niños con problemas de educación, salud y vivienda, entre otras necesidades básicas.

Es sobre esa población, como demostró Barry, que el Estado los elige como enemigo interno. El gatillo fácil, la muerte en los lugares de encierro, encuentra como principal víctima a la juventud.

También, frente al ajuste que aplica el Gobierno después de los acuerdos con el FMI, fueron recortados los programas destinados a otorgar una relativa y modesta protección a los jóvenes de los sectores más vulnerables.

Lo ocurrido en el ex hogar Arullos de La Plata, es una trágica muestra de estos recortes a los pocos lugares para albergar a jóvenes en situación de calle. La gobernadora Vidal, y el intendente de La Plata deberían responder a la pregunta que realizó la referente del CeProDH y militante del PTS, Alejandrina Barry. “¿Qué penas, qué sanciones, qué costos van a tener ustedes por hacerles pasar estos sufrimientos a nuestros pibes y por robarles su futuro?”.

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