Política

PERIODISTA INVITADO

La gobernadora y el comisario en la noche de las narices frías

Una nueva medida de la cosmetología de María Eugenia Vidal para Policía bonaerense: un sobreanunciado examen toxicológico que esconde más de lo que examina.

Martes 25 de abril de 2017 | Edición del día

A fines del año pasado se viralizó el video de un policía que jalaba cocaína en un patrullero. Tal imagen habría inspirado con cierto retraso a la gobernadora María Eugenia Vidal en su mise-en scène del 19 de abril, cuando anunció la realización de controles sorpresivos para detectar el consumo de drogas en las filas de La Bonaerense. Tal examen alcanzará al jefe de la fuerza, comisario Pablo Bressi, y a todos los funcionarios del Ministerio de Seguridad, incluido su titular, Cristian Ritondo.

Éste, tieso como una estaca, flanqueaba a la mandataria junto al toxicólogo Carlos Damín, quien preside la fundación encargada de implementar el asunto, mientras ella lo fundamentaba con suma elocuencia: “Sabemos que el policía drogado no puede manejar un patrullero ni usar un arma y tampoco, perseguir al narcotráfico”.

Bressi seguía el desarrollo del evento desde una butaca del auditorio con una expresión ensimismada, casi ausente.

Tal vez cavilara sobre el embarazoso momento de su par en la aún flamante Policía de la Ciudad, comisario José Potocar, muy comprometido – según una revelación del diario Tiempo Argentino– en una causa por coimas y asociación ilícita que podría derivar en su procesamiento y prisión preventiva. ¿Acaso él temía para sí un destino semejante? Motivos no faltaban.

Al respecto, bien vale explorar ciertas pinceladas de su historia.

Canción del elegido

En julio de 2016 el diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, no hizo más que oficializar un secreto a voces: la designación de Bressi en la jefatura de La Bonaerense fue “pedida por la Embajada (norteamericana) y la DEA”. El dato –según sus dichos– le fue confiado en diciembre del año anterior por Ritondo. Pero recién lo ventiló siete meses después, en medio de la explosiva campaña emprendida por Lilita Carrió contra dicho policía.

Claro que semejante criterio selectivo de caciques uniformados forma parte del acervo macrista. Ya en 2010 el entonces alcalde porteño Mauricio Macri no dudó en revelar que su amigo, el comisario Jorge “Fino” Palacios –hoy en banquillo por encubrir el atentado a la AMIA–, había sido puesto al frente de la Metropolitana “por recomendación expresa de la CIA y el Mossad”. Pero eso también sucede por fuera de la órbita del PRO, así como lo demostró en su momento el ex gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, al decir que su jefe de Drogas Peligrosas “contaba con el visto bueno de la DEA”. Se refería al comisario Rafael Sosa, hoy tras las rejas por su complicidad con traficantes locales.

¿Cuántos otros jerarcas policiales habrían sido impulsados en cargos claves por imposiciones de este tipo? La pregunta adquiere relevancia en virtud de la excelente predisposición de las actuales autoridades nacionales y provinciales para ello. De hecho, las preferencias de la CIA, la DEA y el FBI por ciertos comisarios vernáculos no son ajenas a la voluntad de extender en Argentina su estrategia global contra el terrorismo y el narcotráfico. Sólo que aquí tamaño propósito suele chocar con un obstáculo notable: el carácter mafioso de todas las fuerzas de seguridad. Un estigma que –a tal fin– las convierte en una herramienta envenenada. Una especie de presente griego que hoy tiene a La Bonaerense como su ejemplo más ruidoso. Y que ya puso en jaque la gestión misma de la señora Vidal, siendo Bressi en ese sentido un paradigma viviente.

No es ahora una novedad que su entronización haya encrespado a las líneas del comisariato en puja con él por espacios de poder. La gobernadora, en su calidad de responsable política de la cuestión, ya conoce en carne propia los virulentos efectos de tal encono: desde bromas iniciáticas (como brindarle a Ritondo informaciones falsas para que las repita por TV) hasta la puesta en práctica del viejo método de “poner palanca en boludo” –así como en la jerga canera se le dice al trabajo a reglamento–, pasando por una sugestiva sucesión de secuestros (como el del fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, y el dirigente macrista, Osvaldo Mercuri) junto con asaltos no menos significativos (como los perpetrados en los hogares del intendente de La Plata, Julio Garró, y del ministro de Gobierno, Federico Salvai). Pura demostración de fuerza para los ocasionales inquilinos del Poder Ejecutivo provincial.

En el frente interno de La Bonaerense los pases de factura a Bressi han sido elocuentes. Sus hitos más categóricos: una “batida” anónima sobre los hábitos y fechas distributivas de la recaudación ilícita en La Plata desde la jefatura Departamental hacia sus destinatarios, y sin otro propósito que enlodar el buen nombre del comisario Alberto Domsky, ex titular de ese coto y hoy en la plana mayor del jefe máximo; a eso se le suma otra “batida” anónima que propició el escandaloso arresto de tres oficiales muy afines a Bressi por dar protección a narcos en Esteban Echeverría.

El primer caso derivó en un decomiso de poca monta –36 sobres con apenas 153 mil pesos– y su instrucción judicial tuvo un contratiempo que aún flota en el ambiente: el increíble fallecimiento del comisario Federico Jurado –uno de los nueve oficiales procesados– mientras dormía en una celda de la Unidad 9. Una “desgracia” que apunta hacia la cúpula de la fuerza a raíz de la siguiente conjetura: si el soplo de los sobres fue una operación contra Bressi, mantener a los detenidos en silencio era entonces su propio imperativo.

El segundo caso –ocurrido en febrero de 2016– remite a una historia previa que pinta a ese exitoso policía de 49 años por entero. Y con derivaciones que comprometen su presente.

En esa ocasión fue detenido –por cuenta del fiscal Juan Vaello, de la UFI Nº 5 de Lomas de Zamora– el oficial Abraham Jalaf con dos colegas apellidados Ávila y Altamirano. El trío pertenecía a la División de Enlace Aeroportuario de Drogas ilícitas, y justo estaba negociando con un abogado liberar las calles de Esteban Echeverría para vender paco y cocaína. Dicho sea de paso, aquella era la zona controlada por el gerente del narcomenudeo, Claudio Pérez, alias el “Cabezón”, un actor protagónico de esta trama, cuyos pormenores no están de más revisar.

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Club de amigos

En este punto habría que retroceder a mayo de 2013. Corría la noche de un sábado, y el Cabezón aguardaba a una mujer en su Peugeot 308 frente al bingo de Adrogué. Pero una patota operativa de Drogas Ilícitas le malogró la cita. Su única reacción fue una mueca de fastidio.

El tipo tenía pinchado el teléfono. Y en un diálogo con su abogado se le oyó decir: “Avisá en la Base que hay vigis rompiéndome las bolas”. La Base era la DDI de Esteban Echeverría. Por esa frase el juez federal de Lomas de Zamora, Carlos Ferreira Pella, resolvió direccionar la causa en dos legajos: uno sobre Pérez; el otro sobre los uniformados que lo protegían.

La mujer que debía encontrarse con él llegó cuando lo subían al patrullero. Pérez llegó a saludarla con un leve cabeceo. Y en el trayecto sólo preguntó: “¿Quién de ustedes es Montan?”.

Por toda respuesta, sus captores se cruzaron las miradas.

El oficial Pablo Montan era la mano derecha del jefe de la mencionada DDI, y éste no era otro que el comisario Pablo Bressi.

El Cabezón quedó en libertad esa misma noche.

Sin embargo, Bressi quedó muy expuesto por esa gestión; la disponibilidad le soplaba la nuca. Pero el poderosísimo Hugo Matzkin –quien por entonces ocupaba el primer sillón de la fuerza– no dudó en tenderle una mano. Y por una razón comprensible: su protegido acostumbraba a recaudar un millón de pesos por mes entre los narcos de Esteban Echeverría. Era el paso previo a su salto –en marzo de 2014– hacia la jefatura provincial de Drogas Ilícitas.

¿Fue a partir de esa circunstancia cuando la DEA reparó en sus virtudes? La más notoria, su insaciable sed de revancha. Y la expresó con una persecución sistemática y feroz a los jefes y oficiales que propiciaron la breve detención del narco Pérez y que, por añadidura, estuvieron a punto de arruinar su propia carrera. Ahí precisamente tuvo origen la actual resistencia de un vasto sector del comisariato hacia su persona.

En paralelo, con la destreza de un ajedrecista supo alinear a sus adláteres en sitios claves; a saber: al fiel Montan lo colocó a la cabeza de Drogas Ilícitas en Esteban Echeverría y, luego en La Matanza; a Jorge Quintana –el segundo de Bressi cuando éste era jefe en Lomas– le dio la estratégica División de Enlace Aeroportuario; a Daniel Rabey lo puso en San Martín y, después, en Quilmes; Marcelo De Santis fue a Dolores y Ángel Skalla, a Lanús.

Con ellos ideó un modus operandi no exento de dobleces: “arreglar” con los narcos antes de enviarles otra patota a investigarlos para así cobrar un poco más. Los dividendos eran exorbitantes. Sólo al afamado Miguel “Mameluco” Villalba –quien ya manejaba sus negocios en la villa 18 de Septiembre, de San Martín, desde la cárcel– el comisario Rabey le facturaba nada menos que 500 mil pesos mensuales por medio de su “representante”, un principal llamado “Lucas”. De esa suma, la mitad quedaba en la delegación y el resto ascendía a la jefatura. El mismo esquema se aplicaba en las otras jurisdicciones.

Los cinco alfiles del jefe aún hoy continúan en los mismos destinos.

Lo cierto es que se trata de un grupo muy unido. Tanto es así que en los años precedentes todos ellos giraron con Bressi por Quilmes, La Matanza, Lomas de Zamora, San Martín y Esteban Echeverría, junto a sus respectivos laderos.
En el caso de Quintana, su equipo estaba formado por Jalaf, Altamirano y Ávila, tres elementos muy probos en “hacer la vuelta”, tal como le dicen en la fuerza a la recaudación. Por eso fue un gran golpe para Bressi el chivatazo que los llevó tras las rejas.

Hacía apenas dos meses que él comandaba La Bonaerense.

Desde entonces aprovechó las reformas cosméticas impulsadas por la dupla Ritondo-Vidal para armar sin obstáculos su propia cúpula. Y también impuso un sistema tributario idéntico al que hubo en la década del noventa, durante el reinado del legendario Pedro Klodczyk: las “cajas” del área de Seguridad son administradas por el subjefe de la fuerza (Rubén Fabián Perroni) y las del área de Investigaciones, por él en persona. Bressi bien sabe que una policía que se autofinancia es una policía que se autogobierna.

A ese hombre ahora la gobernadora le ordenaba demostrar que no se droga. Y remató su requerimiento con la siguiente frase: “Como no somos parte de la mafia, la podemos combatir”.

Desde su asiento, Bressi sonreía por lo bajo.







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