Política

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La marca de la gorra: sigue la crisis que abrió la protesta policial

La Policía Bonaerense exige aumentos de haberes y reivindicaciones de “cuerpo”. Cruces entre el oficialismo y la oposición. Las múltiples consecuencias del empoderamiento de las fuerzas.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Martes 8 de septiembre | 23:48

Los reclamos de la Policía Bonaerense que comenzaron este lunes, y que amenazan continuar hasta el viernes, buscan que el Gobierno de Axel Kicillof les otorgue un aumento de haberes. Estas manifestaciones de los uniformados, que se concentran en varias localidades de la Provincia de Buenos Aires, hay que leerlo en un contexto donde el Gobierno nacional viene cediendo a los reclamos de la derecha.

Del anuncio de expropiación de Vicentin, solo quedaron los hechos: nada. El Frente de Todos se muestra dócil ante los reclamos de los sectores que se referencian en Cambiemos. Ante este escenario, la Bonaerense, una corporación que sabe de extorsiones, olfateó el momento político, y salió con sus reclamos.

Axel Kicillof respondió que está dispuesto a otorgar los aumentos de haberes que exigen los uniformados. En tanto Sergio Berni, que venía recibiendo un amplio repudio por la desaparición de Facundo Castro, este reclamo policial no lo deja muy bien parado. Por ahora hay más especulaciones que certezas sobre cuál será el destino del ministro de Seguridad bonaerense, pero lo cierto es que sus bravuconadas -dirigidas a los sectores más vulnerables-, se desvanecen ante los 100.000 hombres armados.

La Bonaerense le presentó al Gobierno de Axel Kicillof un pliego de reclamos. Entre ellos, además del remunerativo, se encuentra la exigencia de mayor impunidad. El punto 14 dice: Basta de represalias (Sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplinamiento).

Un reclamo que contrasta con lo que está llevando adelante el Gobierno de Alberto Fernández y Axel Kicillof, que viene felicitando a las fuerzas de seguridad desde que comenzó la cuarentena. Incluso, ante el reclamo policial, la gobernación emitió un comunicado oficial donde subrayaba: “durante la pandemia, la Policía de la Provincia de Buenos Aires ha desplegado una invalorable tarea y trabajado incansablemente para cuidar a las y los bonaerenses”. En ese “trabajo incansable” se encuentra la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, y los cerca de 40 jóvenes asesinados por la Bonaerense. En todos estos casos, reinó la impunidad.

No obstante, hay que señalar que este comunicado fue precedido de la firma de Alberto Fernández del Plan de Fortalecimiento de Seguridad. De los 38 mil millones de pesos que el Gobierno destinará al plan, no se encuentra los aumentos de haberes que espera la corporación policial. Fue este fin de semana, luego del anuncio presidencial, que comenzaron a organizar el reclamo, y al que pocas horas después se sumó el Servicio Penitenciario, provincial y federal.

Otro dato importante es que la Provincia de Buenos Aires recibirá 12 mil millones de pesos para incorporar 10.000 nuevos agentes a la Policía Bonaerense, además de la compra de 2.200 patrulleros, entre otros insumos de coerción.

Con la incorporación de 10.000 nuevos agentes, la Policía Bonaerense pasará a tener un ejército de 104.000 hombres. A esto hay que sumar 4.000 agentes de fuerzas federales. Lo que equivale a 1.000 uniformados cada 100.000 habitantes, lo que convierte a la provincia con más proporción de efectivos en las calles del mundo. Muy superior, incluso, de los 300 que recomienda la Oficina de las Naciones Unidas.

Fuego cruzado

Oficialistas y opositores se acusan de ser los responsables de este “alzamiento” policial. Mientras sectores afines al gobierno señalan que detrás de estos reclamos está Cambiemos, estos dicen que es el oficialismo que desatiende a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las razones de este levantamiento se encuentran en la historia de la Bonaerense.

Se trata de una fuerza, heredera de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz, que fue armada a lo largo de los años por el PJ. Desde los 90, impedidos de utilizar a las Fuerzas Armadas para la seguridad interior, le otorgan mayores poderes negociando niveles de autonomía respecto al Estado. No se subordinan al poder político, sino que pactan con ellos a partir del poder territorial, la acumulación de información y el tráfico de influencia. Junto a los intendentes del conurbano ejercen el control policíaco en los barrios de las clases más pauperizadas.

Los gobiernos pasan, la Bonaerense queda: una fuerza irreformable, criminal e impune

Este control está regido por la brutalidad que ejercen contra los jóvenes de los barrios pobres, a quienes detienen, torturan, hasta fusilan con el gatillo fácil, o directamente los hostigan hasta que logran reclutarlos para el mercado del delito, que ellos mismos gestionan.

Por eso hay que dejar en claro, que los anuncios del gobierno de Fernández y kicillof, de poner mayor cantidad de policías en las calles, no va a redundar en otra cosa que no sea un aumento de la inseguridad. Porque es la Policía quien organiza el gran delito como la trata de personas, los desarmaderos de autos, narcotráfico, secuestro extorsivos.

Empoderar a los uniformados, no solo implica mayor delito, sino que fortalecen el poder material y político que esta corporación viene obteniendo desde los años 90. Es darle más poder a una mafia que tiene mucha experiencia en extorsionar al poder de turno.

Entre los debates que se plantearon en el transcurso de este nuevo levantamiento policial, se repite que la sindicalización sería parte de la solución. La propuesta de sindicalización, es cuanto menos ingenua, porque cuando reclaman mejores “condiciones de trabajo” están reclamando una mejor retribución para defender los derechos de las patronales y el gran capital.

Cuando vuelvan a sus tareas, no tendrán ningún problema de alzarse contra las 2.500 familias y sus 3.000 niñes que están reclamando el derecho a la vivienda en Guernica. No son trabajadores, que quede claro.

No existe ninguna reforma, ni mucho menos una salida transicional ante el monopolio estatal de la violencia, que sistemáticamente empoderan a estas bandas de criminales.

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