Sociedad

POLÍTICA SANITARIA

La salud pública como mercancía

Una tendencia progresiva e invariable en la Argentina de los últimos años y que ha sido una constante tanto en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, como en el de Cambiemos.

Horacio Lassalle

Vicepresidente CICOP Ensenada

Martes 17 de diciembre de 2019 | 18:31

En nuestro país tanto con la dictadura genocida como con los gobiernos democráticos de todo signo político (radicales o peronistas) en el área de salud, aunque no solo en ella, las políticas fueron signadas por la visión capitalista del lucro y la mercantilización de todo lo que debiera ser un derecho.

A la salida de la guerra de Malvinas, Inglaterra y EE.UU firman lo que se conoció como el Consenso de Washington del que surge el Programa económico del Banco Mundial (BM) para el tercer mundo en materia sanitaria, un documento denominado “Invertir en Salud”. Allí alertan que en los países en vías de desarrollo la salud es un nicho altamente rentable donde extraer ganancias.

Con pequeñas diferencias de forma y relato, ese documento ha venido aplicándose invariablemente desde la década del 80.

Desde el comienzo del nuevo siglo en la Argentina atravesamos una de las más profundas crisis económicas con caídas de gobiernos, seguida de una devaluación brutal con aumento de la pobreza y caída sideral de salarios, que dio pie a una etapa de crecimiento macroeconómico excepcional (“tasas chinas”) de la década Kirchnerista empujada por el ciclo internacional de alto valor de materias primas como la soja y el petróleo.

Desde el 2015 vivimos una suerte de reedición vetusta del ciclo liberal del menemismo de la mano de Cambiemos.

En todo este período no se puede observar un solo avance en materia de prerrequisitos para poder hablar de salud de acuerdo con la declaración de Alma Ata del año 1978 donde se aspiraba a “Salud para todos en el año 2000”. Según los últimos datos revelados por la UCA, la pobreza superó el 40 % , y la indigencia es del 8,9 %. Además, casi el 60 % de los menores de 17 años habitan en hogares pobres.

Nadie que conozca algo en materia sanitaria puede pensar que con situación se pueda aspirar a una salud de la población más o menos decorosa. Al contrario, se puede agravar aún más el panorama, a partir de aplicar planes sanitarios regidos por la lógica mercantil de la salud como negocio y no como derecho, siguiendo las recetas del FMI y el BM.

El “Invertir en Salud” sigue vigente

Una política que quiera extraer ganancias derivadas del lucro con la salud de una población que no puede pagar por ella solo se puede hacer con los Estados capitalistas como intermediarios del desvío de los recursos desde lo público al privado.

Esa es la política de aseguramiento o seguros públicos de salud que intentaron implementar, y que solo se aplica en la provincia de Mendoza.

El mecanismo básico de este plan consiste en convertir a una población de bajos recursos en compradora de servicios de salud, otorgándole un seguro de salud que como ellos no van a poder pagar, quien lo financia es el Estado a través de toma de deuda del BM. La empresa aseguradora solo se compromete a otorgar prestaciones básicas que surgen de una cartilla, y todo lo que queda por fuera debe pagarlo el paciente o comprar un coseguro.

Así en la Argentina donde aún resiste el hospital público que da una cobertura universal y gratuita a toda la población, a pesar de la desinversión de décadas, la política de los diferentes gobiernos fue la de adherir a los designios del BM con la política de seguros de Salud. El Plan Federal de salud del gobierno de Néstor Kirchner en el 2004, con Ginés González García como Ministro de Salud, mantuvo los lineamientos generales y avanzó con aseguramientos focalizados a determinados grupos poblacionales, financiados por el BID y el BM (Plan sumar-nacer).

En el 2014 el gobierno de Cristina Fernández, a través de su Ministro de Salud Juan Manzur, adhirió sin ningún tipo de objeción a “la iniciativa de la Cobertura Universal de Salud (CUS)” en el 53 Consejo de la OMS-OPS. Lejos del relato “nacional y popular”, quedó intacta la estructura sanitaria impuesta por el BM.

Luego el macrismo profundizando la desinversión, emitió un decreto (908/16) CUS, ya como plan oficial de la Nación, que fue un corto y pego de aquel programa Invertir en Salud de la década del 80. Como además ya no hace falta al Estado más que para garantizar la toma de deuda, rebajó al Ministerio de Salud de la Nación al rango de Secretaría de Estado.

El ataque a la salud, la regla

Desde el 2003 hasta hoy, todos vemos como se ha atacado a la salud pública, vía recorte de presupuestos en porcentaje de PBI.

Incluso durante el ciclo de crecimiento excepcional, de los gobiernos de los Kirchner del 2003 al 2008, con tasas de crecimiento del 7 al 9 %, la salud pública en la Argentina siguió deteriorándose en forma progresiva. El sanitarista Alejandro Dávila, del Instituto Patria, explica con respecto al Plan Federal de Salud que “no surgieron propuestas superadoras o masa crítica que pudiera plantear alternativas al mismo, como tampoco, la decisión política de la conducción del Estado de producir cambios estructurales en los sistemas de salud”. “La ausencia de proyecto alternativo al aseguramiento por parte del campo sanitario nacional y popular, reforzó finalmente la idea de aseguramiento”. Agrega luego: “Venimos de un largo proceso de reforma del sistema de salud, con un avance notorio en el concepto de aseguramiento a la demanda, que nuestro gobierno nacional y popular, en 12 años, no pudo combatir en lo cultural, ni en lo político, ni en lo instrumental; tampoco lo interrumpió, porque no pudo, porque no supo, porque no quiso, o simplemente porque no era prioritario” (1).

Como se suele decir, a confesión de parte, relevo de pruebas.

El gobierno de Cambiemos con María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires le asignó a salud el presupuesto más bajo del siglo con un 5,5 % del PBI, castigando a los trabajadores de la salud con paritarias a la baja (con la valiosa ayuda de la burocracia sindical) y pérdidas del poder adquisitivo del salario promedio del 12 % solo en 2018 y una política de salud centrada en el marketing del SAME y refacción de guardias, pero profundizando la crisis del sistema de salud provincial. La falta de mantenimiento preventivo de los hospitales es noticia frecuente cuando se termina una cirugía con la luz de celulares, cuando se ventila a mano durante horas una neonatología de un hospital interzonal porque no andan los generadores o cuando se caen ascensores.

¿Y la Atención Primarias de la Salud?

Después del 2001 hubo una suerte de auge del concepto de Atención Primaria de la Salud (APS) como pilar de la salud pública. Todos los proyectos y programas de Nación estaban inundados de frases referidas a ella: APS, Sistemas Locales de Salud (SILOS), primer nivel de atención, promoción o prevención.

Al calor de este auge proliferaron las residencias médicas de Medicina General y Familiar y se puso en marcha el plan federal de salud con su programa “Médicos Comunitarios”.

Si bien fue un intento tardío (la conferencia de Alma Ata propuso la APS como estrategia en 1978), podría haber sido el inicio de un camino que pusiera el eje en la medicina preventiva y no en la de mediana/alta complejidad centrada en el tratamiento de las personas cuando ya presentan una enfermedad.

El resultado final, cuando ya han transcurrido las dos primeras décadas del nuevo siglo, es que no existe en nuestro país un plan de salud con objetivos planificados de forma coherente, lo que hay es una convivencia entre tres subsistemas de salud (Público; de las Obras sociales y de la medicina prepaga) que a su vez tienen dentro de ellos una gran fragmentación con compartimientos estancos expresados en programas sectoriales.

Claro está que esto es así porque el eje conductor es la salud como mercancía; por lo tanto, para el mercado de la salud mejor que prevenir es curar, porque sencillamente es más rentable para la industria.

Sin desarrollo de un plan realmente federal de salud planificado desde el nivel Central, la APS quedó en manos de los municipios donde intendentes que ganan sueldos de CEO de grandes empresas, mantienen precarizado al personal por décadas por medio de Becas de Nación o contratos precarios, con sueldos que para el caso de un profesional por 30 horas semanales llegan a $15.000, y aún menos en caso de no profesionales (por debajo de la línea de indigencia).

El acceso a medicación básica del primer nivel de atención (lo que era el plan Remediar, ahora CUS Salud) es prácticamente imposible. Lo que ya era escaso con el gobierno anterior, con el macrismo directamente fue una tarea titánica que realizan los pacientes recorriendo farmacias y Unidades Sanitarias para conseguirlos. Algo que podría haberse resuelto con la producción pública de medicamentos (Argentina cuenta con una capacidad instalada de Unidades productoras de medicamentos que podría abastecer la demanda del primer nivel), no se hizo porque ello implica afectar los intereses de la industria farmacéutica.

Hay que invertir las prioridades

La tarea de hoy es la defensa irrestricta e incondicional y el fortalecimiento del sistema de salud público, gratuito, igualitario y de calidad. Debemos defender cada una de las conquistas logradas por los trabajadores bajo el capitalismo. La Salud Pública es una prioridad.

Contra la provincialización (descentralización), debemos luchar por la renacionalización, para que el Estado Nacional garantice el presupuesto necesario para sostener una salud al servicio de las necesidades populares. Es necesario presupuesto para insumos, infraestructura, aparatología, recurso humano y salario, con el fin de lograr condiciones dignas de trabajo. Pase a planta de todos los precarizados y apoyo a las reivindicaciones de los residentes. Aplicación del desgaste laboral y 82 % móvil para los jubilados. Reestatización de los sectores privatizados.

Debemos dar pelea por la implementación de las Leyes de Salud Mental nacional 26657 y provincial 14580. Por la reconversión de los hospitales psiquiátricos en polivalentes, para defender la atención pública, al mismo tiempo que haya dispositivos intermedios, con diversos niveles de atención, en la que funcionen centros de atención primaria, hospitales de día, casas de medio camino, talleres laborales, entre otros dispositivos, evitarían la cronificación de un importante porcentaje de pacientes, y entre otras cosas, serían menos costosas, como sostiene la OMS desde el 2001. Sin connivencia con el sector privado y jerarquizando la voz de las asambleas de usuarios, familiares y trabajadores de salud mental.

Si entendemos que la salud es un derecho, los el medicamentos tiene que dejar de ser una mercancía para transformarse en un bien social. Por lo tanto, la accesibilidad debe estar garantizada por el Estado mediante la producción pública de medicamentos.

La Salud es un derecho humano básico y no puede tratarse como mercancía, limitando el acceso en función de la capacidad de pago. Necesitamos un Sistema Único de Salud, financiado exclusivamente por el Estado, que garantice el acceso en forma igualitaria a toda la población, sin barreras sociales ni económicas, y de forma universal y gratuita, basado en la prevención, la promoción y la Atención Primaria de la Salud.

Sólo un sistema social que termine con el lucro en la salud, con la ganancia capitalista y disponga de la riqueza, el desarrollo científico y tecnológico para el bienestar común, podrá brindar «Salud para todos».

(1) www.institutopatria.com.ar Cobertura Universal de Salud Alejandro Dávila. Una mirada crítica y autocrítica sobre el proceso de reforma de los sistemas de salud en Argentina. Agosto de 2016.







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