Mundo Obrero

DESPIDOS EN CUARENTENA

Las ganancias multimillonarias que impiden a YPF justificar recortes

Son 32 mil trabajadores petroleros suspendidos al 50%, miles en las refinerías con rebajas al 25%, despidos encubiertos y aprietes para retiros voluntarios. El Observatorio de Despidos refleja la miseria de la empresa petrolera que factura fortunas.

Juliana Yantorno

Socióloga UNLP

Matías Busi

Estudiante de Sociología de la FAHCE y referente de la Juventud del PTS

Jueves 7 de mayo | 16:44

Foto| Motor Económico

Desde La Izquierda Diario analizamos en detalle los balances contables presentados por YPF. Sólo en 2019 obtuvieron una abultada ganancia de $ 187.000 millones. Esto significa que la empresa ganó $ 512 millones por día durante todo el año pasado. Ahora la patronal se excusa en la crisis del coronavirus para atacar a los trabajadores. Pero, ¿cuántos sueldos podrían pagarse con las extraordinarias ganancias de la empresa durante estos años?

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Al igual que el resto de la economía nacional y mundial, el sector se encuentra atravesado por la crisis del coronavirus y sus implicancias. El derrumbe histórico de los precios internacionales del crudo acentúa los problemas previos de una producción organizada sólo para garantizar la riqueza de unos pocos, y expuesta a “guerras de precios” por mejores cuotas de mercado. Mientras tanto, los trabajadores no ven ni las migajas y están siendo despedidos, suspendidos, o sus salarios están siendo reducidos de forma masiva.

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Sin embargo, en Argentina el sector hidrocarburífero ha sido destinatario de innumerables ayudas económicas por parte del Estado, gobierno tras gobierno, incluyendo un barril criollo durante 2014 con Kicillof como ministro de Economía y desde 2015 a 2017 durante el macrismo. Este consiste en sostener un precio interno por encima del precio internacional, pagado por las mayorías. La regla número uno de los empresarios, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

Fue un sector de los grandes ganadores del macrismo que, de la mano del ex CEO de Shell al frente de la cartera de energía, les concedió tarifazos astronómicos en los servicios energéticos (luz y gas) de hasta 2000% y la dolarización de los precios internos de los combustibles, y la fuga de capitales a través de remesas de las empresas. Con el objetivo puesto en Vaca Muerta y los pozos de YPF que comenzaron a rendir frutos -reduciendo los costos del fracking- impulsaron, con la complicidad del sindicato, un convenio laboral flexibilizador que facilitó despidos.

Mientras tanto, una de las primeras medidas del actual gobierno de Alberto Fernández fue reducir del 12 al 8% los impuestos a las petroleras con la mal llamada “ley de solidaridad”. Además, el Gobierno nacional se reunió en Neuquén con las empresas del sector para discutir cómo “blindar” Vaca Muerta y establecer un esquema de retenciones móviles. Blindar las ganancias de los empresarios, claro. De los derechos laborales ni una palabra.

¿Quién paga los costos de esta crisis?

Desde el Observatorio de Despidos de La Izquierda Diario venimos denunciando cómo se intentan descargar los costos de la crisis sobre los trabajadores. Hasta el lunes 4 de mayo eran 2.5 millones los trabajadores afectadospor despidos, suspensiones y ataques al salario.

En cuanto los ataques al sector, sobre los obreros del petróleo, esta vez el sindicato negoció suspensiones con rebajas del 40%, superior al acuerdo entreguista de la UIA-CGT aprobada la semana pasada que pone como tope la reducción del 25 %. Y no sólo eso, YPF permite despidos encubiertos de 200 trabajadoresde una contratista que los obliga a renunciar, repitiendo las maniobras de Paolo Rocca, el más rico del país, dueño de Techint.

La empresa, que cuenta con trabajadores efectivos y contratados, solo tiene para ofrecer miserias a los trabajadores. Mientras que a los efectivos los suspenden y les ofrecen como alternativa una rebaja salarial, para los trabajadores contratados la opción es el despido. Este ataque no es aislado, ya que pese al DNU 329/2020 promulgado por Alberto Fernández el día 1°de abril que prohíbe los despidos y suspensiones, la cifra de despedidos, suspendidos y recortados llega al terrible número de 2,5 millones de trabajadores. El DNU es papel mojado para el gobierno, que no solo deja pasar los ataques de los empresarios, sino que da el aval activamente como fue con el caso de los despidos en Techint o la reciente aprobación por parte del ejecutivo del acuerdo CGT-UIA.

Además, los trabajadores denuncian la situación en la que se encuentran aquellos que siguen asistiendo a trabajar y se ven obligados a hacerlo sin elementos de protección, ya que no cuentan ni con barbijos ni con mascarillas, tampoco con protocolos de seguridad. Mientras se llenan los bolsillos, dejan a cientos de trabajadores y a sus familias sin ingresos, y a los que siguen trabajando los exponen al contagio. Evidentemente sólo se preocupan por sus ganancias, y ni un poco por la vida de los trabajadores.

¿A dónde fueron a parar los miles de millones que la petrolera ganó en los últimos años?

Aunque en el caso de YPF el acceso a la información contable es pública, para la gran mayoría de las empresas que no cotizan en bolsa, esto no sucede. Es elemental para clase obrera exigir la apertura de los libros contables, para defenderse de los ataques. Dicen que están en crisis y por eso despiden, pero es mentira. Ganan millones. Sino, que abran los libros y demuestren lo contrario. Las multinacionales fugan divisas y cuentan con grandes rescates del Estado, por eso sostenemos que los recursos están. Se trata de afectar las ganancias de los capitalistas, para que paguen ellos a través de un impuesto a las grandes fortunas, a las empresas y la banca privada. Esto podría costear salarios de cuarentena de $30.000 para todo aquel que no disponga de ingresos o esté bajo la línea de la pobreza, la compra de insumos médicos necesarios y la prohibición real de los despidos, suspensiones y rebajas de salario.

Con esta crisis queda a las claras que no pueden convivir las necesidades de las mayorías con la sed de ganancia de los grandes empresarios. Los ataques a los trabajadores aumentan de a oleadas, día a día, y es evidente que su plan es profundizar esta situación. Para poner un freno a las patronales hace falta organizarse.

En la región de La Plata, Berisso y Ensenada, cientos de jóvenes precarizados y despedidos de locales de comida rápida, locales de ropa, repartidores, se están organizando en una red de denuncia y organización. Coordinando y uniendo las fuerzas con todos los sectores que están siendo atacados podemos frenar la avanzada de las patronales. Con el acuerdo de las direcciones sindicales, la UIA y el gobierno, los trabajadores afectados perdieron, en una tarde, aproximadamente todo lo que perdieron durante los cuatro años de macrismo. Evidentemente no podemos depositar ninguna confianza en ellos. Debemos pelear por una salida favorable a las y los trabajadores, para que la crisis la paguen los que se vienen llevando millones a costa de nuestras vidas.

¿A quién le pertenecen los recursos?

La propia YPF no es una empresa estatal sino una Sociedad Anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York, y que de conjunto produce en sociedades con empresas multinacionales que participan de sus ganancias. Su más destacado acuerdo fue con la multinacional estadounidense Chevron, a quién se le otorgó la concesión de Loma Campana para explorar, por medio del método del "fracking", la formación de Vaca Muerta. El acuerdo YPF-Chevron (2013), firmado con cláusulas secretas y bajo una dura represión en las inmediaciones de la Legislatura de Neuquén, establece que en caso de que alguna de las partes considere violado el acuerdo, se resolverá en tribunales internacionales.

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La estatización con pago a manos de Repsol en el 2012 del 51% del capital accionario de YPF, no implicó el control por parte del Estado del negocio petrolero ni de la enorme renta que genera. Esta empresa representa menos del 50% de la producción de petróleo y 40% de la de gas. La mayoría del negocio sigue en manos privadas, especialmente de empresas de capitales imperialistas como la Total Austral, British Petroleum, Chevron, etc. Asimismo, debemos recordar aquí que el Gobierno nacional y los gobiernos de las provincias hidrocarburíferas acordaron una ley de hidrocarburos que entregó totalmente nuestros recursos naturales, promulgada el 30 de octubre de 2014.

Queda demostrado que a los grandes empresarios solo les interesan sus ganancias. Esto atenta contra los puestos de trabajo, los derechos laborales y cualquier tipo de producción social y ecológicamente razonable y eficiente. Al contrario, los tarifazos de la era Macri muestran que lo que para el pueblo trabajador son derechos elementales como el acceso a la luz y el gas, para ellos son negocios. A su vez, no puede ser el mismo Estado que pacta con las multinacionales, entrega nuestros recursos, regala millones a las empresas y pacta junto a la CGT y la UIA el avance de los despidos, suspensiones y rebajas salariales, el que supuestamente organice la producción de energías en función de las necesidades del pueblo trabajador.

Por todo esto, desde las bancas del PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores presentamos un proyecto para la expropiación y nacionalización de de toda la industria hidrocarburífera, bajo el control de los propios trabajadores. Para que sea una única empresa la que esté autorizada al control estratégico de hidrocarburos sobre el territorio nacional, responsable de todos los planes nacionales relacionados a la exploración, extracción, transporte, refinación, de cualquier fuente de hidrocarburos.

Son los trabajadores y los usuarios los que conocen de primera mano cómo hacer funcionar la industria y cuáles son las verdaderas necesidades que urge solucionar. Si todos estos recursos estuvieran verdaderamente en manos del pueblo, no se ahogaría al bolsillo de las mayorías con brutales tarifazos ni se destinarían las ganancias a las arcas de unos pocos, desguazando la inversión. Tampoco se destruirían brutalmente nuestros recursos naturales. En ese contexto la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera bajo control de los trabajadores y el pueblo pobre, se demuestra como un acto de soberanía nacional elemental.







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